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Ayer se reunieron en Leticia los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante el cierre del encuentro preparatorio para la próxima Cumbre Amazónica a realizarse en agosto.
La agenda que los presidentes presentaron ayer, y el recientemente anunciado relanzamiento de Unasur, son los dos ejes de integración suramericana que los gobiernos de la subregión planean impulsar.
Si bien son relevantes los planes anunciados para ambos procesos de integración, preocupa que los ideales, propósitos y oportunidades de la integración suramericana se queden nuevamente en buenas intenciones, o que sigan al vaivén de las dinámicas políticas regionales. ¿Se repetirá la historia?
Como resultado de la reunión que acaba de terminar en Leticia, donde participaron los ministros de medio ambiente de los ocho países amazónicos, las comunidades locales y una serie de actores clave, se hicieron importantes anuncios, incluyendo un cambio de rumbo para la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (Otca) y una agenda de iniciativas orientadas a consolidar una visión común de desarrollo sostenible en la subregión.
Se impulsarán iniciativas para brindar oportunidades a las comunidades y desarrollar una economía local sostenible, generar conocimiento e información basadas en la evidencia para la toma de decisiones, y luchar contra la deforestación. Todo lo anterior incorporando los saberes ancestrales de los pueblos indígenas.
En suma, se trata de conservar la Amazonia, y al mismo tiempo brindar oportunidades sostenibles a su población a partir de una visión común y a través de un mecanismo de integración fuerte, con una agenda pertinente y robusta.
No obstante, debe garantizarse el compromiso y también los recursos para que esta agenda avance, y no se convierta en un conjunto de iniciativas sin mayor impacto y atomizadas, y en una serie de reuniones políticas sin efecto frente a los problemas reales, como ha sucedido en el contexto de la Otca desde su creación en 1995.
En cuanto a Unasur, el 30 de mayo pasado se llevó a cabo en Brasilia la Cumbre de jefes de Estado de Suramérica, con participación de los 12 países de la subregión, y que le dio un nuevo impulso a la integración suramericana, que desde hace varios años ha estado en proceso de debilitamiento y desarticulación.
En 2018, Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Perú y Paraguay se retiraron de Unasur, pues estimaban que venía funcionando de forma sesgada y dominada por los gobiernos de izquierda, y por reparos ante la situación en Venezuela en materia de democracia y derechos humanos, y el respaldo político que este mecanismo brindaba al gobierno de Nicolás Maduro.
Los mismos países conformaron en 2019 un nuevo mecanismo de integración denominado Prosur, al cual se integraron también Guyana y Surinam con el ánimo de consolidarlo como una alternativa y un contrapeso frente a Unasur, que desde entonces comenzó a desintegrarse.
Esta desintegración significó la interrupción de distintos proyectos sectoriales que se venían adelantando en materia social, educativa, de defensa y de investigación, entre otros sectores.
Tuve la oportunidad de conocer de cerca iniciativas en materia de salud, y considero que varias de ellas agregaban valor a los países y, por lo tanto, se interrumpieron acciones valiosas, como aquellas orientadas a garantizar un acceso a equitativo a los medicamentos.
Un símbolo de la desintegración y debilitamiento de Unasur fue el cierre de su sofisticada sede ubicada en la llamada “Mitad del Mundo”, por parte del gobierno de Ecuador, y donde actualmente opera una universidad local.
Por su parte, Prosur, creada por gobiernos de centroderecha y derecha, comenzó a desarrollar una agenda en materia de infraestructura, energía, salud, seguridad, y gestión del riesgo de desastres. Esta nueva agenda significó la dispersión de acciones entre dos procesos paralelos.
Después de cuatro años de creado, hoy Prosur tampoco es un mecanismo sostenible, ya que con la llegada de gobiernos de izquierda en Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, y anteriormente en Perú, ha perdido un importante respaldo político.
De hecho, el mecanismo parece encontrarse en una especie de pausa en sus actividades, a lo cual se suma que en marzo pasado Chile anunció su decisión de retirarse.
Por el contrario, Unasur estaría reviviendo a partir de los resultados de la reciente Cumbre de Brasilia. De hecho, el presidente Gustavo Petro anunció el regreso de Colombia a este mecanismo, tal y como lo anunciaron en meses pasados Argentina y Brasil.
En Brasilia los jefes de Estado acordaron impulsar la cooperación subregional en materia de salud, seguridad alimentaria, sistemas alimentarios basados en agricultura tradicional, medio ambiente, recursos hídricos, desastres naturales, infraestructura y logística, interconexión energética y energías limpias, transformación digital, comercio, y defensa y seguridad.
¿Significa el denominado Consenso de Brasilia que se restablecerá la agenda de Unasur tal y como la conocíamos? ¿Esta vez el proyecto de integración suramericana prosperará? ¿En algún momento lo veremos interrumpirse nuevamente por los movimientos permanentes de los países hacia ambos lados del espectro político?
Dado que esta interrupción ya sucedió años atrás con consecuencias poco favorables para los intereses de la subregión, es necesario que se blinde a cualquiera que sea el mecanismo de integración que se defina de esta dinámica pendular, que es altamente previsible que siga ocurriendo.
De hecho, el presidente Lula mencionó que este blindaje es uno de los objetivos del Consenso de Brasilia. Un mensaje similar dio el presidente Boric al anunciar el retiro de Chile de Prosur, y mencionar que Suramérica debe actuar con una sola voz y unida en torno a intereses comunes.
Al mismo tiempo, Argentina, Ecuador, Uruguay y Paraguay tendrían reparos frente a Unasur, y por ello podrían estar inclinados hacia la creación de un nuevo mecanismo.
Independientemente de que los gobiernos decidan relanzar Unasur o crear un mecanismo alternativo, ¿cómo lograr que esta vez el proceso sea sostenible, considerando las experiencias fallidas de décadas anteriores?
Para lograrlo será necesario definir una agenda realizable y pertinente, y que parta del consenso. Los países de la subregión enfrentan problemas comunes que requieren de respuestas colectivas y efectivas, y la integración es necesaria para alcanzar este propósito.
Asuntos como el cambio climático, la migración, la seguridad alimentaria y la dependencia farmacéutica son desafíos comunes indiscutibles, que deberían integrar una agenda regional con el potencial para tender puentes y generar compromisos sostenibles.
Dicha agenda debería estar soportada por un instrumento jurídico vinculante que garantice que las dinámicas políticas no van a echar los esfuerzos subregionales por la borda; que asegure que gobiernos con distintas orientaciones políticas puedan seguir trabajando en el marco de una institucionalidad suramericana fuerte, que debería ser reconocida como un bien público.
Cuando el próximo movimiento pendular se dé en la configuración política de la subregión, este blindaje legal, junto con una agenda común que logre convocar, podrían garantizar la sostenibilidad del proceso de integración en una subregión con más de 420 millones de habitantes, y con un PIB agregado de cerca de 3.2 billones de dólares.
Los ciudadanos de los países suramericanos deberíamos beneficiarnos de la integración regional, como lo hacen desde hace décadas los ciudadanos de la Unión Europea, que es el mejor ejemplo global de integración.
No se trata de intentar copiar un modelo construido a partir de una trayectoria histórica regional diferente, sino de implementar uno que responda a nuestras propias necesidades y condiciones -aunque de todas formas podrán considerarse elementos exitosos del proceso europeo-.
Para no ir más lejos, vale la pena observar el proceso de integración centroamericano, que a la fecha ha resultado mucho más exitoso que el suramericano. De hecho, a futuro ambos procesos deberían converger en una agenda de integración para toda América Latina y el Caribe, hoy impulsada desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que Colombia presidirá en 2025.
Por supuesto, habrá diferencias y situaciones políticas que supondrán nuevos riesgos para el proceso de integración suramericano, y por ello también deberán establecerse mecanismos de sanción o suspensión temporal a países miembros en los que no se respeten la democracia o los derechos humanos.
El nuevo proyecto de integración suramericano ofrece interesantes perspectivas y, por lo tanto, esperamos que los jefes de Estado estén a la altura y puedan recomponer un proceso sostenible, enfocado en el bien colectivo, y que sirva para avanzar hacia objetivos como el crecimiento económico, la inclusión social y la lucha contra el cambio climático.
Estaremos atentos a las decisiones que tomen los gobiernos en los próximos meses para garantizar que la integración suramericana y amazónica respondan de forma efectiva a nuestros retos comunes, y que se aprovechen realmente las oportunidades que tenemos para consolidar a Suramérica como un importante bloque económico, comercial, político y ambiental en el escenario global.
