Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Después de más de tres décadas de dominio neoliberal y de la mezcla de ideas neoliberales con tesis provenientes del conservatismo y de un liberalismo de centro-derecha, de sostener un orden político basado en la guerra, un Gobierno de izquierda de orientación social democrática ha iniciado un proceso de cambios con el fin de orientar las políticas del Estado hacia el mejoramiento de la situación de los más pobres, la superación de la desigualdad, las inequidades basadas en la discriminación por razones de raza, género, étnicas y culturales, la promoción de un cambio en la orientación ecológica y el uso de los recursos naturales, la búsqueda de la pacificación de la sociedad y la profundización de la democracia.
El cambio propuesto se basa en los valores de la libertad, la igualdad, la justicia, y ofrece una visión que desafía básicamente la concepción de la economía y la sociedad del neoliberalismo, el cual se impuso en Colombia a partir de las reformas introducidas por César Gaviria que se extendieron y profundizaron hasta el Gobierno de Iván Duque. El presidente Gustavo Petro ha optado por una nueva base teórica, modesta pero poderosa para la izquierda que sigue las orientaciones del marxismo y el liberalismo social, y que busca la participación de todos los ciudadanos en los procesos deliberativos de decisión y formación de la voluntad.
En los discursos, escritos y en el programa del Pacto Histórico, que ha ido impulsando con sus ministros, Petro propone articular una idea: la libertad debe estar profundamente relacionada con la igualdad, por un lado, y con la democracia, por otro; esto presupone a la vez la realización de una Paz Total y una resignificación del crecimiento económico.
Estas ideas y visiones han sido construidas por una serie de filósofos, economistas y teóricos políticos que han servido de inspiración e influencia positiva para proponer y generar cambios sociales importantes en muchos lugares del mundo y ahora en Colombia. Las teorías de John Rawls, Amartya Sen, Philip Pettit, Jürgen Habermas, Achille Mbembe, Tim Jackson y Nancy Fraser son herramientas especialmente poderosas y útiles para los propósitos de cambio que se están buscando.
Analizaré este proyecto de la izquierda y cuestionaré el programa neoliberal de la derecha, sin detenerme en los escándalos e inconsistencias que se han dado, ni en las críticas que se han hecho. Me interesa el argumento teórico y la posibilidad de su implementación.
El neoliberalismo considera que cualquier intervención del Estado en el ámbito de la libertad implica una imposición coercitiva. La libertad que el neoliberalismo propone —libertad negativa— es aquella en la que los individuos tienen el derecho de hacer y en la cual la sociedad no tiene el derecho a intervenir. Bajo estos planteamientos se construyó un tipo de organización estatal que desplazó otras visiones más sociales y liberales del Estado, y que hizo posible el predominio cada vez mayor de los intereses económicos, los cuales, en la forma de una multitud de grupos de presión económica, han operado a puerta cerrada entre los bastidores de la política, cerrando así la posible intervención de la ciudadanía en los procesos de formación de la opinión pública y de toma de decisiones. Esta democracia elitista es parte de nuestra historia.
La democracia social y deliberativa, representada por Habermas y Pettit, pone el énfasis en otro lugar. La libertad comprende, al lado de estar libre de limitaciones, un ámbito de oportunidades y de capacidades, que implican un espacio para la acción positiva. El aseguramiento de las libertades individuales de todos los ciudadanos supone ocuparse de las condiciones sociales de la libertad. En esta dirección, Pettit propuso una novedosa comprensión de la libertad que denomina “libertad como no dominación”, que comprende varios elementos: hay un valor político supremo que es la libertad como no dominación y un principio último de gobierno que es igualar y maximizar el disfrute de dicha libertad entre la ciudadanía; el Estado debe estar diseñado de manera que sus miembros o ciudadanos no deban vivir bajo el poder de otro. Esto conecta con la concepción de democracia deliberativa de Habermas, la cual es planteada desde la praxis de los ciudadanos, una praxis de participación, deliberación y confrontación. Su idea fundamental es que la democracia debe hacer posible la participación de todos los ciudadanos en los procesos políticos de construcción de las leyes, no en el sentido de exigir a los ciudadanos que participen en todas las decisiones políticas, sino que tengan posibilidades efectivas y continuas para que puedan darle forma al proceso político. De esto se trata en los diálogos regionales recientemente propuestos. No es democracia plebiscitaria, como temen algunos. Es democracia deliberativa y contestataria: que el pueblo tenga la posibilidad permanente de impugnar lo que el Gobierno decida.
Esbozados los rasgos básicos de estas concepciones, podemos plantear la pregunta: ¿hasta dónde debe llegar el Estado al utilizar los fondos proporcionados por los impuestos para asegurar las condiciones sociales de la libertad y de una vida humana digna a los pobres, desempleados, personas sin educación, sin protección médica, sin pensión? Encontramos que, en esta cuestión, las dos orientaciones van por caminos muy diferentes.
El neoliberalismo, que equipara la libertad con la no interferencia, considera que cualquier intervención del Estado o forma de redistribución de bienes o riquezas implica una imposición coercitiva, una pérdida de libertad. En Colombia, la derecha neoliberal propugnó por una política de impuestos en la que básicamente eximió los ingresos del capital de los impuestos y desconoció las obligaciones del régimen progresivo del impuesto sobre el ingreso.
El sistema pensional es absolutamente deficiente especialmente para los más pobres: el 68% de los colombianos que trabajan no pueden construir una pensión digna para su vejez y el 69% de los adultos mayores no tienen ingresos mínimos para tener en su vejez los medios para vivir dignamente. El neoliberalismo trasladó al ámbito privado muchas de las actividades relacionadas con la salud y liberó al Estado como garante y financiador de la salud de la población.
Se ha ampliado la desigualdad en la propiedad de la tierra: el 70% de las fincas campesinas tiene menos de cinco hectáreas y ocupan en conjunto un 4,8% de la tierra, mientras, en el otro extremo, el 0,4% de los propietarios, con fincas mayores de 500 hectáreas, tienen el 41,1% de la tierra”, escribe Alejandro Reyes.
Para la derecha neoliberal, la desigualdad de condiciones para conseguir el acceso a la propiedad de la tierra no puede ser calificada como injusta si estas propiedades se obtuvieron mediante trabajo e inversiones de los propietarios, sin que hayan limitado los derechos de los otros. La visión social deliberativa plantea el problema de forma muy diferente. La justificación de la propiedad hecha por la derecha no es aceptable si se considera que la apropiación de la tierra fue efectuada de manera totalmente injusta y criminal desde la época de la violencia del siglo pasado hasta la violencia del despojo hecho por los paramilitares, sus aliados civiles y las Farc. Esa injusticia histórica debe ser corregida mediante los instrumentos que la ley tiene previstos.
En el enfoque social deliberativo la provisión de bienestar cuenta como esencial para proteger a las personas contra la pérdida de libertad. Una política de impuestos progresiva, necesaria para asegurar un sistema de seguridad social que beneficie a los más desfavorecidos, no debe ser entendida como una limitación de la libertad de las personas y de sus derechos a la propiedad. Este enfoque niega la tesis según la cual el Estado de bienestar disminuye la libertad de aquellos propietarios cuyos bienes o salarios deben ser redistribuidos mediante impuestos. Un sistema progresivo de impuestos no tiene por qué ser considerado como un grave ataque a la libertad de las personas. “Y nos permite ver la tarea de proporcionar bienestar como una tarea esencial para la libertad de los ciudadanos favorecidos por la redistribución”, escribe Pettit. En suma, para la derecha neoliberal la libertad como no interferencia es convertida en la única preocupación del Gobierno. En el enfoque social deliberativo, el verdadero enemigo de la libertad es el poder que algunos pueden tener sobre otros.
El Gobierno de Petro ha planteado también el asunto de la crisis ecológica y medioambiental, con mucha fuerza ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estas propuestas han sido cuestionadas y en algunos casos ridiculizadas, sin entender el problema que tenemos como seres humanos.
El mundo actual está frente a un profundo dilema: el decrecimiento significa arriesgarse al colapso económico y social; perseguir el crecimiento sin descanso es poner en peligro los ecosistemas, la naturaleza, la vida humana. Quienes defienden la inevitabilidad del crecimiento capitalista afirman que la única forma de conseguir un desarrollo que haga posible mejorar las condiciones para superar la pobreza de millones de personas es adoptando los modos de producción de las sociedades industriales más desarrolladas.
Ahora bien, más que de “decrecimiento”, que es un concepto de difícil comprensión, se debería hablar de “poscrecimiento”, que, según la filósofa norteamericana Nancy Fraser, significa que la sociedad no debe necesariamente decrecer y reducirse. No se trata simplemente de producir menos, en especial si tenemos en cuenta la enorme privación y pobreza que existe en el mundo. Si se trata de la producción de aviones es mejor que estos se sigan fabricando de forma industrial. Frente a otros sistemas de producción, la pregunta no debe ser cuantitativa, sino cualitativa: ¿de qué productos estamos hablando? ¿Cómo se organiza su producción, y quién la organiza?
En la propuesta del Gobierno Petro, social deliberativa y republicana, el Estado debe implementar y fomentar la creación de condiciones sociales y políticas para que todos los miembros de la sociedad puedan desarrollar en forma adecuada sus capacidades, y debe hacer posible que los ciudadanos puedan participar en la configuración política de las propias condiciones de vida.
