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Informe de ONU Mujeres plantea el reto que enfrentan los países de la región: cómo avanzar hacia la equidad de género en el campo laboral ante la actual desaceleración económica.
El informe de ONU Mujeres, “El Progreso de las mujeres en América Latina y el Caribe 2017: transformar las economías para realizar los derechos”, presenta un análisis sobre los avances en materia de equidad de género de las economías de la región. A su vez, advierte sobre un doble desafío que los países enfrentan: “proteger las conquistas en materia de igualdad de género frente a la desaceleración económica y continuar superando los persistentes obstáculos que se interponen al empoderamiento económico de las mujeres”.
A partir de un diagnóstico sobre el escenario vivido durante los últimos 25 años, el informe presenta el panorama de la región en la materia. Pese a los avances en términos de logros educativos de las mujeres (iguales o superiores a los de los hombres), de una mayor participación en el mercado laboral y en puestos directivos, de la reducción de la proporción de mujeres sin ingresos propios y de mejorar su acceso a la seguridad social, la equidad de género es aún un tema pendiente para la región.
El informe de la OIT de 2016, presenta el mismo panorama: los logros educativos de las mujeres no se han traducido en una mejoría del lugar que ocupan en el mercado laboral, están más proclives a encontrarse desempleadas o a verse obligadas a aceptar empleos de peor calidad.
En Colombia la situación no es diferente. Según el DANE, la tasa laboral femenina de las mujeres es 54,4%, mientras que la de los hombres es del 74,6%. Es decir, la diferencia de 26 puntos que se presenta en la región, en Colombia es de 20.2 puntos. A su vez, la tasa de desempleo femenino en 2016 fue del 12,1%, comparada con la del 7,3% para los hombres. Es decir el desempleo entre las mujeres en Colombia es 40% mayor que entre los hombres, mientras que en América Latina es del 50%.
El informe utiliza la tipología de pisos pegajosos (mujeres con baja formación e ingresos, que enfrentan mayores obstáculos para acceder el mercado laboral), escaleras rotas (mujeres con educación secundaria e ingresos intermedios) y techos de cristal (mujeres con educación terciaria e ingresos familiares altos que aún tienen dificultades para ascender y tener las mismas condiciones laborales que los hombres con su misma formación). En Colombia, por ejemplo, una encuesta realizada por Adecco revela que 75% de las mujeres “afirmó que su remuneración económica no está acorde a su experiencia y carga laboral”. El Ministerio de Trabajo reconoce que en 2015 la brecha salarial de género fue de 20.3%. La brecha ha bajado, en 2012 era del 23.2%, pero el avance aún es insuficiente.
De esta forma, las economías de la región y la colombiana, no sólo presentan desigualdades entre mujeres y hombres, sino entre mujeres de distintos grupos socioeconómicos, origen geográfico y grupos étnicos. El informe de ONU Mujeres lo dice de forma clara contundente: “los obstáculos al empoderamiento económico de las mujeres no son solamente injustos, sino también ineficientes”, la pobreza se ha feminizado y las dinámicas familiares, por lo general patriarcales y desbalanceadas frente a las responsabilidades del cuidado del hogar, tienen un impacto económico. Esto para quienes priorizan los argumentos fiscales sobre las razones éticas.
Ante dicha situación, el informe plantea seis estrategias que los tomadores de decisión en Colombia bien deberían tomar en cuenta. No se trata de desconocer los avances realizados hasta el momento, tales como los estímulos para vincular mujeres víctimas de violencia (decreto 2732 de 2012), para contratar mujeres mayores de 40 años (ley 1429 de 2010), las salas amigas de lactancia materna, el sello de equidad laboral Equipares o los esfuerzos por formalizar el servicio doméstico y actividades informales, exigiendo la afiliación a la seguridad social y el pago de primas.
Se trata de saber qué tan exitosas o no han sido las medidas tomadas para avanzar hacia la equidad de género. Y a la vez, priorizar aquellas por enfrentar e implementar. Sorprende que dentro de las buenas prácticas que refiere el informe ninguna se remite al caso colombiano. Tema que con urgencia habrá que revisar.
