Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Tenemos muchos congresistas nocivos para la salud pública en Colombia. Defendiendo los “valores” de su electorado o intereses económicos de grandes empresas, tervigersan la información científica, seleccionan únicamente la que les conviene y en otros casos incluso deciden símplemente negarla. En este país la primera causa de muerte es la indiferencia de la política.
Por más absurdo que parezca, son muchos los políticos que ponen sus intereses electorales y los de las grandes industrias económicas, por encima de la evidencia científica y del bienestar de la sociedad. Un claro ejemplo es el cambio climático. Hoy día existe un importante consenso científico a nivel mundial que reconoce al cambio climático como un fenómeno real, que atenta contra la conservación del planeta y por ende la vida de la raza humana. A pesar del aplastante respaldo científico, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, considera que el calentamiento global es un cuento chino, literalmente.
Hace unas semanas, el equipo de transición de Trump le pidió al Departamento de Energía que respondiera un questionario en donde se pide, entre otras cosas, la información de todos los empleados o contratistas que han participado en conferencias o reuniones relacionadas con el cambio climático, así como toda la información de estos encuentros y los materiales que les entregaron. Este hecho tiene sumamente preocupada a la comunidad científica y pone en riesgo todas las investigaciones y datos necesarios para enfrentar el cambio climático. Antes de esto, en una entrevista que concedió al New York Times a finales de noviembre, Trump señaló que si bien puede existir una relación entre las actividades del hombre y el cambio climático, sus acciones dependerán de cuánto le costará a las empresas estadounidenses ya que le preocupa la competitividad del país a nivel global.
En Colombia parece que también tenemos unos miniTrumps. En 2016, el Congreso de la República rechazó importantes iniciativas a favor de la salud pública e incluso ha promovido decisiones peligrosas para la salud de los colombianos. Muchos legisladores, defendiendo los “valores” de su electorado o los intereses económicos de grandes empresas, tervigersan la información científica, seleccionan únicamente las que les conviene y en otros casos incluso deciden símplemente negarla. Con unos representantes que no creen en la ciencia, sencillamente estamos destinados a fracasar como sociedad.
Tomaré esta oportunidad para describir 9 casos que ilustran cómo la indiferencia y/o ignorancia de muchos políticos se está convirtiendo en un grave problema para la salud y la vida de miles de colombianos. Como me quedó un poco (MUY) largo, lo dividí en títulos para que lean los que más les interese (siga, sin compromiso 
):
1. Bebidas azucaradas
2. Incremento al impuesto a los cigarrillos
3. Vacuna del Virus del Papiloma Humano
?4. Mercurio
5. Asbestos
6. Tejidos fetales
7. Medicamentos genéricos
8. Preservativos
9. Glifosato
Conclusión
1. Bebidas azucaradas
El Congreso de la República decidió darle la espalda al impuesto a las bebidas azucaradas. De nada sirvieron los cientos de artículos científicos publicados en las mejores revistas científicas del mundo, el aprendizaje de experiencias exitosas y fallidas en otros países y hasta una recomendación contundente por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta no es la primera vez que el Congreso de Colombia insiste en negar la ciencia, en ignorar expertos y en general, en tomar la medida más conveniente para un sector industrial y no la más oportuna para la salud de los colombianos.
Iván Duque, senador del Centro Democrático, se convirtió en el gran opositor del impuesto a las bebidas azucaradas propuesto por el ministro Alejandro Gaviria. En uno de sus videos, el senador Duque comparte las razones por las que según él, las bebidas azucaradas no son la causa de la obesidad, valiéndose de verdades a medias y amañadas, pues jamás menciona las fuentes que sustentan sus posiciones. César Rodriguez Garavito, académico, profesor universitario y Director de Dejusticia, en otro video le responde al senador y le demuestra cómo los argumentos de Duque resultaron carentes de toda seriedad y respaldo científico.
Mucho se escribió sobre sobre las mentiras y verdades a medias de los congresistas que se opuesieron al impuesto a bebidas azucaradas, pero nunca fue suficiente a pesar de usar toda la evidencia científica posible. La Directora General de la Organización Mundial de la Salud, Dra. Margaret Chan, afirmó hace unas semanas que el problema de la obesidad en el mundo no radicaba en una falta de voluntad de las personas de no consumir azúcar o grasas, ni de la falta de ejercicio, sino de la falta de voluntad de los políticos de enfrentarse a actores poderosos como la industria de los alimentos y de las gasesosas.
Al final ganó la industria, sin ningún debate sobre el terrible impacto de las bebidas azucaradas en nuestro país. Difícilmente podremos ser el país de la mano firme y el corazón grande si esa mano hay que usarla para las inyecciones de insulina por la diabetes o si el corazón se para por un ataque cardiaco gracias al azúcar desmedido que consumimos en este país. A Duque no le parece grave que una bebida gaseosa de 600ml pueda tener más de 30 gramitos de azúcar (cantidad máxima recomenda para TODO el día), como a Trump tampoco le importa que la Tierra se caliente solo un gradito Celsius o que el mar suba tan solo una pulgada. Eso son bobadas, dirán.
Mientras en Colombia se negó, se aprobó el impuesto en Portugal, Sudáfrica y en las ciudades de Albany (CA), Oakland, San Francisco, Chicago y Filadelfia en los Estados Unidos. En 2017 el debate por este impuesto se viene en España, el Reino Unido, Irlanda, Indonesia, Filipinas, Australia y Nueva Zelanda.
2. Incremento al impuesto a los cigarrillos
Este sí que me parece el colmo. El Centro Democrático, en la ponencia que realizó frente a la reforma tributaria rechazó completamente el aumento al impuesto a los cigarrillos. La principal razón es porque entre más impuesto, más contrabando se genera y porque afectaría a muchos campesinos que cosechan tabaco. ¿Cómo así? ¿La legalidad es la mejor manera de controlar el consumo de un producto que es nocivo para la salud y que es cosechado por comunidades campesinas? Si tan solo, no sé, aplicaran la misma lógica para legalizar las sustancias ilícitas que resultan muchísimo menos nocivas que el tabaco, como la marihuana, por dar un ejemplo cualquiera.
El argumento de oponerse a una mayor regulación por los efectos económicos que puede traer es cuento viejo y ya ha sido descartado en múltiples ocasiones, tal como lo hizo la OMS en su documento de 2012 Interferencia de la Industria Tabacalera y el Banco Mundial en 1999 con Curbing the Epidemic. Governments and the Economics of Tobacco Control. Por el contrario, de acuerdo con un reciente informe de la OMS y el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, el tabaquismo le cuesta al mundo $1 trillón de dólares al año en gastos médicos y en pérdida de la productividad.
Es increíble que estos congresistas se opongan a la idea de aumentar el precio de los cigarrillos a pesar de que después de Paraguay, somos el país con el menor precio en toda las Américas. La OMS señaló en su Informe sobre la epidemia mundial de tabaquismo 2015 que aumentar los impuestos al cigarrillo es la medida más efectiva para reducir su uso.
Señores y señoras congresistas, LOS CIGARRILLOS MATAN 6 MILLONES DE PERSONAS CADA AÑO EN EL MUNDO! Es como si en un solo año desaparecieran todos los habitantes de Antioquia. Hasta los nazis estaban en contra del consumo del cigarrillo. Aunque de forma gradual, afortunadamente pasó el aumento del impuesto, me imagino que por lo obvio que es la necesidad de reducir el consumo. A esta altura de la historia negar el impacto del cigarrillo en la salud es simplemente vergonzoso. ¿Qué sigue, oponerse a las vacunas?
3. La vacuna del Virus del Papiloma Humano
Justo esta semana, el senador del Centro Democrático Fernando Araujó, afirmó que una jóven proveniente del municipio de Cármen de Bolívar, había fallecido porque había recibido la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), eso sí, sin tener una sola prueba al respecto. Las autoridades de salud del Atlántico y el Ministerio de Salud luego afirmaron que la muerte de la jóven se dio por un paro cardio-respiratorio relacionado con la enfermedad de Lupus.
Este tipo de afirmaciones irresponsables, como la que hizo el senador Araujo, tiene consecuencias graves para la salud pública de las mujeres colombianas. De acuerdo con la información más reciente del Instituto Nacional de Cancerología, en 2011 fallecieron en nuestro país 1744 mujeres por tumor maligno del cuello del úterno. La desconfianza, sin ningún tipo de evidencia, termina afectando a todas las niñas que prefieren no recibir la vacuna o que se les niega por decisión de sus padres, quedando en riesgo de un cáncer que puede ser prevenido.
La falsa denuncia del senador Araujo no es gratis. En 2015, los senadores del Centro Democrático presentaron un proyecto de ley que busca implementar un consentimiento informado que será requisito obligatorio para que las niñas reciban la vacuna contra el VPH, documento que deberá ser firmado por ellas “y las personas que ejercen la patria potestad sobre las mismas, de manera libre e informada manifiesten inequívocamente por escrito, de forma voluntaria y reiterada, su consentimiento y aceptación.”
Que exista un consentimiento informado no es problema, todos tenemos derecho a conocer los beneficios y riesgos de cualquier procedimiento médico. El problema radica en que se busca dificultar la aplicación de la vacuna, por ejemplo, exigiendo que firmen los tutotes de las niñas así ellas estén de acuerdo y los padres no. A eso hay que agregar las razones sesgadas y desinformadas que motivan la medida. Los congresistas en su proyecto de ley aseguran que la vacuna es peligrosa, utilizando argumentos acomodados que han sido reiteradamente descartados por las sociedades científicas más importantes del mundo como el Global Advisory Committee on Vaccine Safety, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, la Agencia Europea de Medicamentos y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO). Los informes de las anteriores instituciones por supuesto fueron omitidos por los congresistas. Ups.
Vale la pena agregar que el consenso científico en Colombia no es del 100% y eso está bien. El Dr. Francisco José Yepes, profesor de la Pontificia Universidad Javeriana, señaló a principios de 2016 que es importante ser cautelosos con esta vacuna. Sus apreciaciones, que también fueron recogidas en un artículo de 2012 publicado en la revista Gerencia y Políticas de Salud, son válidas dentro del debate y merecen ser tenidas en cuenta.
A propósito, parece que Donald Trump también desconfía de las vacunas por su supuesto link con el autismo, aún cuando hay evidencia abismal en contra de esta teoría. Otra increíble coincidenca con nuestros miniTrumps.
Nota: Si quieren conocer más sobre la discusión de la vacuna del VPH en Colombia, recomiendo mucho el excelente seguimiento periodísitico que ha realizado Pablo Correa de El Espectador. Pueden leer el más reciente artículo aquí, a propósito de las declaraciones del senador Araujo.
4. Mercurio
Hace ya más de un mes, Pablo Correa describió en El Espectador cómo un estudio de científicos colombianos encabezados por el toxicólogo Jesús Olivero, de la Universidad de Cartagena, encontró que la población que habita a lo largo del río Caquetá está expuesta a concentraciones de mercurio hasta 17 veces superiores a lo recomendado por la OMS. Esto es gravísimo. Para quienes no sepan, el mercurio puede ser tóxico para los sistemas nervioso e inmunitario, el aparato digestivo, la piel y los pulmones riñones y ojos, según la misma OMS.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, Colombia libera 75 toneladas de mercurio al año, liberación que puede darse por el aire, el suelo o el agua. En nuestro país el problema es mayor por la presencia de mercurio en las fuentes hídricas. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el 71% de las emisiones de mercurio en America Latina y el Caribe provienen de la extracción de oro artesanal y pequeña minería. Eso en Colombia termina directamente conectado con la minería ilegal.
Es tan preocupante el asunto a nivel mundial que en 2013 se profirió el Convenio de Minamata, un tratado internacional que busca proteger a las poblaciones de los efectos del mercurio, fortaleciendo su control en todos los países. Para que un tratado entre en rigor en un país, tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Aunque se firmó en 2013 y 35 países ya lo han incorporado, solo hasta el pasado octubre el Gobierno nacional presentó el proyecto de ley para ratificarlo. Desde ahí, absolutamente nada ha pasado en el Congreso. Cero afán. Se le asignó la ponencia en primer debate a los senadores Luis Fernando Velasco y Nidia Marcela Osorio y sabrá Dios cuándo avanzará.
Si el problema del mercurio es tan grave en Caquetá, me da tristeza imaginar cómo estará en el Chocó y su minería ilegal desbordada. Para el que le interese, aquí está un impresionante informe de El Tiempo sobre la minería ilegal. Es devastador, por decir lo menos. ¿Para cuándo la ratificación del Convenio de Minamata?
Nota: Recomiendo leer el informe del PNUMA sobre el Convenio de Minamata, el cual pueden encontrar haciendo clic aquí. Tiene mucha información sobre la importancia de promover una mayor restricción del mercurio en el mundo.
5. Asbestos
El 22 de septiembre de 2015, la senadora Nadia Blel, del partido Conservador, presentó ante el Congreso un proyecto de ley para prohibir la producción, comercialización, exportación, importación y distribución de cualquier variedad de asbesto en Colombia. El tema para muchos es ajeno, pero el asbesto es un mineral sumamente peligroso para la salud humana. De acuerdo con la OMS, todos los tipos de asbesto, también conocido como amianto, causan cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario, y asbestosis (fibrosis de los pulmones) y su exposición se produce a través de la inhalación de fibras que se encuentran en el aire del lugar de trabajo, el aire cercano a puntos de producción, como fábricas que trabajan con este material, o el aire del interior de viviendas y edificios que contiene partículas fraccionadas de asbesto.
Los peligros del asbesto se conocen hace décadas. Islandia fue el primer país en prohibir el asbesto en 1989 y a la fecha hay 58 países que han seguido el mismo ejemplo. Entre estos países se encuentran incluidos todos los de la Unión Europea desde 2005. La Directiva 1999/77/CE de la Comisión de las Comunidades Europeas prohibió el uso del asbesto crisótilo, considerando en su momento que existen sustitutos para los usos de este mineral que no están clasificados como cancerígenos y que su prohibición es un medio eficaz para proteger la salud humana.
¿Y Colombia? Bien, gracias. El proyecto de ley de la senadora Blel fue prontamente archivado en primer debate y por razones francamente absurdas. La senadora Sofia Gaviria del partido Liberal, quien en un principio impulsó la propuesta, a la hora de votar rechazó la iniciativa (ver comunicado de prensa aquí) afirmando que en nuestro país el asunto no da como para prohibirlo porque “la única variedad de asbesto manipulada en Colombia es la del crisotilo, reconocida por ser la menos nociva para la salud. Esta sustancia es extraída y manipulada en grandes cantidades en diversos municipios del país.” Precisamente el crisotilo, el que la Unión Europea prohibió hace 18 años. Muy afanados los europeos entonces. Tan bobos ellos.
Según el comunicado de la senadora Gaviria, se hace necesario “un estudio riguroso sobre el impacto del asbesto en la salud de todos los trabajadores relacionados con el mismo, no sólo para votar sobre datos claros y confiables, con los cuales no contamos, sino para asegurar que la salud de esos trabajadores no esté actualmente en riesgo.” Yo entiendo que la senadora no esté al tanto de la actualidad científica, yo tampoco lo estoy. Lo que me parece vergonzoso es que no encuentre ninguna evidencia en internet. En 2014, investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Medellín publicaron en la revista IATREIA de la Universidad de Antioquia, un artículo muy interesante titulado Asbesto en Colombia: un enemigo silencioso y que en últimas concluye que es el colmo que en tantos países, incluído el nuestro, se siga permitiendo el uso de este mineral mortal a pesar de la basta evidiencia científica.
A este último hay que sumarle el EXTENSO trabajo del Dr. Juan Pablo Ramos, PhD en Salud Pública de nada más que la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins, en los Estados Unidos y profesor de la Universidad de los Andes. El Dr. Ramos ha investigado durante años el peligro de la exposición de asbestos en Colombia, entre ellos una serie de estudios publicados en 2012 y 2015 en importantes revistas científicas internacionales como el Journal Of Exposure Science And Environmental Epidemiology, en los que se analiza la preocupante exposición a altas concentraciones de asbesto por parte de mecánicos automotrices en Colombia. Por supuesto que no va a encontrar un estudio experimental específico sobre el asbesto en Colombia porque por razones obvias no se puede someter a personas al asbesto solo para saber qué pasa. La evidencia también se construye a partir de estudios observacionales y de esos tenemos suficientes para considerar que el asbesto crisotilo sigue siendo peligroso para la salud.
La senadora Gaviria señaló en su momento que “los senadores, en aras de legislar con justicia y sobre bases científicas, acordamos con el Ministerio de Salud adelantar, en el plazo de seis meses, dicha investigación, además de la sistematización de los estudios nacionales pertinentes que existan hasta el momento.” (Negrilla y subrayado fuera del texto). Eso fue en junio del año pasado y ya se cumplieron los 6 meses sin saber nada de la supuesta investigación. Mientras tanto, seguimos permitiendo que Eternit Colombiana S.A., Eternit Pacífico S.A., Eternit Atlántico S.A., Toptec S.A. e Incolbest sigan construyendo y comercializndo techos y frenos en Colombia con un material cancerígeno prohibido en Europa hace 18 años.
Dejo aquí la entrevista que le realizó Julio Sánchez Cristo y su equipo de La W Radio en donde diferentes investigadores debaten la posición de la senadora Gaviria. Juzguen ustedes. Un artículo muy interesante sobre este asbestos en Colombia es el que escribió Lucas Ospina el año pasado en Las Silla Vacía titulado Germán “Asbestos” Lleras. Muy recomendado.
Nota: El pasado 8 de enero de 2017 falleció Ana Cecilia Niño, una de las promotoras de la prohibición del asbesto en Colombia, a causa de un cáncer producto de una exposición a este horrible material. Tenemos el compromiso de continuar su lucha para que no tengamos que perder más vidas inocentes a causa de los intereses económicos y políticos de unos cuantos. Buscar la prohibición del asbesto debe ser y será, el mejor homenaje que podemos hacer en su memoria.
6. Tejidos fetales
Hace unos meses el Congreso de la República aprobó la ley 1805 de 2016, por medio de la cual se estableció una presunción mucho más estricta de la donación de órganos en Colombia. Esta ley, sobre la cual tengo varias reservas, curiosamente incluyó una pequeña disposición que al parecer todos pasaron por alto porquen nunca se mencionó ni se debatió sino en la conciliación del proyecto. La senadora del Centro Democrático Maria del Rosario Guerra, incluyó en el artículo segundo un parágrafo que establece lo siguiente:
“Parágrafo 2. No pueden ser donados ni utilizados órganos o tejidos de los niños no nacidos abortados.”
Aquí hay varios problemas. En primer lugar, no se entiende nada porque la redacción es pésima. En segundo lugar, es símplemente una copia de los conservadores estadounidenses que comen cuento de los mitos absurdos sobre cómo Planned Parenthood, una ONG que provee servicios de salud sexual y reproductiva, “vende partes de bebés” en una especie de mercado negro. Esa fue la única razón que quedó consignada en la Gaceta del Congreso para motivar esa norma. Por supuesto son acusaciones sin ningún fundamento más que una serie de videos orquestados por unas personas extremistas que, como el destituido exprocurador Alejandro Ordóñez, creen que hasta tomar anticonceptivos es lo mismo que abortar.
El debate sobre cuándo inicia la vida es complejo, y no voy a entrar en debatir si la redacción de la senadora Guerra es adecuada o no por incluir ‘niño’ y ‘no nacido’. Lo grave aquí es el asunto de la donación y utilización de fetos. En Colombia, toda terminación del embarazo antes de la semana 22 de gestación se considera como aborto, independiente de si ésta fue inducida o espontánea. La norma entonces no incluye a los fetos que superan la semana 22. Aún así el asunto sigue siendo grave porque hace que en Colombia se prohiba la donación y el uso de los tejidos de los fetos abortados.
Este parágrafo, por una parte, limita el desarrollo científico que puede desarrollarse a través de la investigación de tejidos fetales. De acuerdo con el Servicio de Investigación para el Congreso de los Estados Unidos (algo que a nuestro congreso sí que le hace falta), los tejidos fetales son clave para el estudio de la efectividad de las vacunas (lo que el Centro Democrático reclama para la vacuna del VPH), la toxicidad de medicamentos administrados a mujeres embarazadas (con quienes no se deben hacer estudios clínicos por cuestiones éticas), así como para el estudio del desarrollo humano a partir del análisis de defectos de nacimiento, desarrollo de enfermedades y de otras etapas como el desarrollo de los órganos.
A esto se le puede agregar un artículo de Meredith Wadman, publicado en la prestigiosa revista Nature, sobre el increíble potencial de la investigación con tejidos fetales abortados. Wadman de hecho inicia su reportaje relatando cómo la investigación de Lishan Su, en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, utiliza pedazos de hígado de fetos abortados entre la semana 14 y 19 de gestación para la investigación de la hepatitis B y C. Recomiendo mucho este artículo.
La propuesta desinformada de la senadora Guerra por otro lado limita la docencia médica en el país. ¿A las facultades de medicina del país les va a tocar enseñar embriología apunta de laminitas de las chocolatinas Jet? Es absurdo que se limite el uso de estos tejidos cuando la adecuada docencia es un paso fundamental para el avance de la ciencia médica y por consiguiente en la práctica clínica. ¿Qué sigue? ¿Que solo pueden atender partos los médicos hombres, católicos, casados y de buena familia? Después preguntan por qué tantos científicos salen y luego se quedan fuera del país.
7. Medicamentos genéricos
La iniciativa del representante Hernando José Padauí, del partido Cambio Radical, para que se obligue a las EPS a recetar únicamente medicamentos “de marca” duró poco tiempo. En una entrevista para El Espectador, el congresista que curiosamente también es médico, señaló que los medicamentos “de marca” y los genéricos son de diferente calidad y que por lo tanto tienen diferente efecto. Esta es una afirmación simplista y desinformada. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) se encarga de verificar que TODOS los medicamentos que se comercializan en el país sean seguros y eficaces. La explicación la hace mejor el Invima (clic en la imagen para agrandar):
Afortunadamente, esta absurda propuesta fue retirada por el representante sin que llegara a debatirse en el Congreso. De todas maneras me parece importante resaltarla por lo absurda. Recomiendo leer la entrevista mencionada realizada por Sergio Silva y Pablo Correa. Entre muchas frases incoherentes, mi favorita es la respuesta que da a la pregunta sobre dónde están los estudios que demuestran que un medicamento genérico no tiene el mismo efecto: “En Google. Métete. Casos y controles.”
A todo el que le interese conocer más sobre la diferencia entre los medicamentos genéricos y los mal llamados medicamentos “de marca” (Pfizer y Sanofi también hacen genéricos), les recomiendo leer este artículo escrito por el Dr. Óscar Andia, director del Observatorio del Medicamento de la Federación Médica Colombiana y este otro de los profesores José Julián López y Claudia Vaca, del Departamento de Farmacia de la Universidad Nacional.
8. Preservativos
Esto pasó hace ya un rato pero me parece que es el ejemplo campeón de cómo ciertos políticos resultan nocivos para la salud pública. En una de las sesiones del Concejo de Bogotá, el autodenominado “concejal de la famila” Marco Fidel Ramirez decidió criticar la iniciativa del entonces alcalde, Gustavo Petro, por la que se entregaron preservativos a jóvenes de la capital en 2012. Según el concejal, la entrega de 2 millones de condones por parte del Distrito y la Organización Panamericana de Salud era una triste noticia que “induce a la muchachada a la práctica de la promiscuidad, la inmoralidad y la grosería en su administración de la vida sexual.” Ramirez finalizó su intervención exigiéndole al alcalde “más valores y menos condones.”
Este tipo de posiciones son francamente lamentables. La importancia del uso del condón en la salud de las poblaciones es tan amplia que no hace falta citar estudios. Sin embargo, demuestra una profunda ignorancia por parte de este concejal y muy seguramente de su electorado. La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2015 demuestra una situación preocupante frente a temas como la fecundidad o las enfermedades de transmisión sexual. De acuerdo con la ENDS, el 69.9% de las mujeres adolescentes entre 15 y 19 años no usan métodos anticonceptivos y solo el 27% de los hombres y el 30% de las mujeres tienen un conocimiento comprensivo del VIH/Sida.
Pero justo cuando uno cree que no se puede caer más bajo, el concejal Ramirez vuelve y hace de las suyas. En 2014 la entonces concejal Liliana de Diago presentó un proyecto de acuerdo distrital, hoy Acuerdo 590 de 2015, que buscaba instalar dispensadores de preservativos en lugares de alta influencia de público, con el fin de prevenir infecciones de transmisión sexual y evitar embarazos no deseados. El concejal Ramírez se opuso al proyecto durante su trámite y también lo hizo luego de ser aprobado en el Concejo, según él porque no quedó claro el tema del impacto presupuestal, porque no se le puede imponer a los privados que tengan este tipo de dispensadores, porque el Distrito no puede subsidiar condones ya que los vendería a $200 pesos cuando normalmente valen $500 pesos, porque es competencia desleal con los que venden condones, porque con esos recursos más bien se debería subsidiar pañales para bebés y porque brindar condones es obligación de las EPS y no del Distrito. Sin palabras.
En esta sección, recomiendo MUCHO, el resumen ejecutivo de la ENDS 2015 del Ministerio de Salud y Protección Social y Profamilia. Es un documento verdaderamente interesante y que brinda información sumamente valiosa y reciente sobre salud sexual y reproductiva en nuestro país. Pueden encontrarlo haciendo clic aquí.
9. Glifosato
En septiembre del año pasado, el representante a la Cámara Samuel Hoyos, del Centro Democrático, apoyó la idea del Fiscal General de la Nación de volver a implementar la aspersión aérea de glifosato para controlar el crecimiento de os cultivos ilícitos. En un artículo publicado en El Nuevo Siglo, Hoyos sugiere que la decisión de suspender las aspersiones aéreas fue una decisión absurda que se apoya de un estudio que no brinda evidencia concluyente. Tal como lo describe el representante en su escrito, en mayo de 2015 el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) aprobó la suspensión de aspersiones aéreas con glifosato, motivado en parte por un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) que decidió clasificar el glifosato como una sustancia posiblemente carcinógena para los humanos.
Otro de los motivos por los que se suspendió la aspersión con este agente químico se da por el Auto 073 de 2014, de la Sala Especial de Seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 de la Corte Constitucional. En esta providencia, el Tribunal señala que a pesar de no existir estudios específicos sobre el impacto del glifosato en los territorios colectivos y ancestrales de los pueblos afrodescendientes de Nariño, era necesario dar aplicación inmediata al principio de precaución y ordenar la suspensión de las actividades que pongan en peligro los derechos colectivos de los pueblos étnicos de esa región, como lo es la aspersión con glifosato.
Si bien no es un asunto que haya pasado por el Congreso, la posición de Hoyos y su esceptisismo acomodado busca deslegitimar una decisión favorable para la salud de las personas que habitan las regiones fumigadas. La evidencia al respecto no es tan abrumadora como lo es en el caso del asbesto, pero es suficiente para invocar el principio de precaución, tal como lo quiere hacer la bancada del Centro Democrático en el caso de la vacunación del VPH. No tiene ninguna lógica aplicar este principio para algo que no tiene respaldo científico, e ignorarlo para algo que tiene la potencialidad de generar cáncer.
Algunos investigadores han sugerido que la evidencia sobre el peligro del glifosato no es contundente, como lo hicieron Daniel Rico, Orlando Scoppetta y Juan Pablo Álzate en un documento de noviembre de 2016 titulado Verdades científicas sobre glifosato y salud pública, de la Fundación Ideas para la Paz (FIP). Según los investigadores, “no se ha podido concluir que este herbicida sea un factor de riesgo para la salud humana, mientras se tomen las medidas de precaución recomendadas para el uso de un producto tóxico.” Este documento fue duramente criticado en un artículo publicado en El Espectador por un grupo de expertos pertenencientes al Nodo de Salud Ambiental y Ocupacional. En el texto los académicos señalan cinco puntos por los cuales el estudio de la FIP resulta equivocado, respaldando la conclusión de la IARC y la decisión del CNE de suspender las aspersiones con glifosato.
La preocupación por los efectos cancerígenos del glifosato no es únicamente de científicos colombianos. En febrero de 2016, un grupo de investigadores de Estados Unidos, Canadá y el Reuno Unido publicaron un artículo en la revista Environmental Health titulado Concerns over use of glyphosate-based herbicides and risks associated with exposures: a consensus statement. En este documento, señalan entre otras, que a nivel mundial el glifosato es cancerígeno, contamina fuentes hídricas, lluvias y el aire, puede alcanzar incluso a presentarse en alimentos y que su exposición está en aumento. ¿Qué más se necesita para entender que es un peligro para los habitantes de las zonas rurales que son víctimas de estas aspersiones?
Conclusión (por fin!)
La indiferencia de políticos a nivel nacional, regional y municipal se está convirtiendo en la mayor causa de muerte en este país al ignorar el importante papel que ellos tienen en la construcción de una sociedad que no solo sea más saludable, sino que simplemente no muera por causas totalmente prevenibles.
La inmensa mayoría de políticos creen que una buena salud se cura a punta de llenarnos de medicamentos (además solo “de marca”), llevando un par de brigadas a los sitios abandonados del país o simplemente pasando un par de comerciales educativos. Muchos no comprenden que la salud de la población depende de múltiples factores sociales y económicos como lo son los ambientes laborales, nuestros hábitos alimenticios o el medio ambiente y que en muchas ocasiones desgraciadamente se necesitan acciones que solo pueden pasar por el legislativo.
El cáncer, la diabetes, las enfermedades del corazón, el VIH/Sida, las intoxicaciones por mercurio y asbesto, la hepatitis B y C matan muchos más colombianos de los que deberían y esto pasa únicamente porque a ciertos legisladores les parece que no es tan grave, que son muy poquitos o que creen que la Viruela o la Polio (ya casi) se erradicaron con ave marías. Pareciera que en Colombia la primera causa de muerte es la indiferencia. Más que triste, es injusto.
