Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Debería ser sencillo, al final es solo una cuestión de aritmética. ¿Cómo diseñar un sistema de ahorros pensionales para que todos los asalariados puedan recibir algún ingreso cuando tengan poca capacidad para seguir trabajando?
La Ley 100 de 1993, con la creación e implantación de los fondos privados de pensiones ha sido una respuesta válida y probadamente efectiva. Las AFP tienen 18,3 millones de afiliados, quienes cumpliendo con los requisitos lograrán pensiones, en la práctica, de entre el 30 y 50% del salario devengado durante los últimos años.
Las pensiones que entrega son enteramente producto de los ahorros (obligatorios) de cada afiliado y de sus respectivas rentabilidades. Estos ahorros existen, son tangibles, reales y administrados profesionalmente.
Estas pensiones no tienen ningún subsidio y, con un esquema de solidaridad debidamente financiado, protegen a quienes hayan cotizado sobre menos de 1,5 salarios mínimos. Son el máximo grado de equidad, precisión, transparencia, justicia y, sobre todo, sostenibilidad.
Desafortunadamente, los objetivos de la Ley 100 no se cumplieron a cabalidad. El llamado Régimen de Prima Media (RPM) nunca desapareció, continuó entregando pensiones mucho más altas que las AFP, gracias a gigantescos subsidios del erario público y, peor aún, permitiendo el traslado de los afiliados de las AFP al RPM para aprovecharse descaradamente de estos desproporcionados subsidios.
Como el RPM no tiene ahorros hace décadas y paga las pensiones con las cotizaciones de los empleados actuales (tal y como cualquier esquema piramidal) y como las pensiones que entrega tienen poca relación con el historial de aportes de cada afiliado, es difícil estimar el monto total de “regalo” que cada pensionado recibe.
Sin embargo, es claro que los 10-15 billones de pesos anuales de subsidio que proporciona Colpensiones están dirigidos en un 80% a las 250 mil pensiones más altas, con subsidios per cápita de entre 20 y 180 millones de pesos anuales.
Esta escandalosa injusticia es lo primero que una reforma pensional debe corregir, obligando a todos los trabajadores formales a afiliarse a las AFP sin opción de cambiar al RPM y redirigiendo los subsidios para beneficiar a quienes no tengan acceso a una pensión. Con 15 billones de pesos anuales se puede dar una pensión mensual de 250 mil pesos a 5 millones de personas, más que triplicando de un tajo la cobertura pensional.
Colpensiones se debe concentrar solo en atender el segmento de la población que no tiene acceso a una pensión formal y para cumplir esta labor satisfactoriamente debe mejorar mucho en su eficiencia y capacidad administrativa. Es el segundo elemento para una reforma.
La entidad actualmente tiene 6,8 millones de afiliados y 1,57 millones de pensionados. Con casi 4,5 afiliados por pensionado se podría esperar que Colpensiones estuviese equilibrado en caja (aunque sus pasivos crezcan exponencialmente), entregando en mesadas pensionales un monto total similar al recaudado en cuotas de los afiliados.
Es decir, que sea un “sano” esquema piramidal donde los nuevos inversionistas entregan suficientes recursos frescos para pagar las obligaciones contraídas con los antiguos. Pero no es así.
Sus costos de funcionamiento son tan onerosos que más de la mitad del presupuesto de Colpensiones viene de la nación. La burocracia de la entidad, más que administrarlos, se consume los recursos que deberían ser destinados a pagar pensiones.
El galimatías presentado por el gobierno al Congreso contamina lo que funciona con lo que no funciona. Busca premiar la ineficiencia e ineficacia de Colpensiones entregándole recursos para malgastar, los cuales no se destinarán a incrementar el ahorro pensional.
Busca castigar la buena administración de las AFP y castigar los ahorros de quienes, afiliándose a las AFP ya han aceptado unas pensiones bajas pero sostenibles. Busca obligar a las empresas y afiliados a duplicar sus trámites para el pago de sus contribuciones y la obtención de sus mesadas. En una frase que se ha vuelto de moda durante el gobierno actual: “destruye lo construido sin ofrecer mejora alguna”.
