Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El proyecto de izquierda representado por Gustavo Petro y Francia Márquez ha propuesto una transformación de la democracia, para lo cual busca, de un lado, su radicalización y, de otro lado, un cambio sustancial de las estructuras de nuestro incipiente capitalismo, el cual debe ser sometido a los imperativos de justicia social.
Petro cuestiona y se distancia de un liberalismo económico -neoliberalismo- que se vincula con la democracia representativa, el cual afirma que la economía es el dominio de lo privado, sede de los derechos civiles y que los criterios democráticos no pueden ser aplicados en esta esfera. Se distancia también del tipo de “política revolucionaria” la cual planteó que para llevar adelante una revolución era necesaria la eliminación total de las instituciones democráticas liberales, el Estado y el sistema capitalista.
Las estructuras de poder económico y político dominantes en el país desde hace muchas décadas, por medio de las cuales se ha ampliado la acumulación y concentración de tierras, bienes y riquezas, beneficiando a unas minorías que así se han enriquecido más, se basa en el mantenimiento de formas brutales de la precarización y la destrucción de las bases sociales para la construcción de una sociedad justa.
El crecimiento de la riqueza y el aumento de los niveles de bienestar de las élites dominantes han sido exitosos al costo de la negación de los derechos sociales y las garantías mínimas de vida para los más pobres. Esta situación, sin embargo, no la ven ni consideran los críticos de esta reforma, la cual busca revertir por lo menos un poco este proceso histórico de profundas injusticias.
En el caso del Gobierno Petro es importante destacar que la propuesta tributaria, el acuerdo para comprar tierras, la política ambiental y la Paz Total dependen para su realización de la posibilidad de concretar un proceso redistributivo de bienes y riquezas que debe ser entendido como un proyecto de justicia social.
La reforma tributaria que se discute en el Congreso busca transformar el sistema impositivo imperante en Colombia que se ha caracterizado por concederle exenciones y beneficios a la población de más altos ingresos. La reforma tributaria busca reducir sustancialmente las exenciones que existen en el régimen del impuesto de renta de personas naturales, y que benefician fundamentalmente a los contribuyentes de más altos ingresos, así como impedir la evasión y la elusión tributaria.
Para alcanzar estos objetivos, la reforma persigue recaudar $25 billones (1,72% del PIB) en 2023 y, en promedio, 1,39% del PIB entre 2024 y 2033. Esto redundaría de forma significativa en la redistribución del ingreso a favor de los hogares vulnerables, en la reducción de la pobreza monetaria y extrema, y en una importante disminución de la desigualdad.
Colombia es un país con niveles de pobreza y desigualdad muy altos. En 2021, la pobreza monetaria extrema, que mide el porcentaje de la población que no cuenta con los ingresos suficientes para acceder a un mínimo de alimentación que les permita llevar una vida saludable, era de 6,1 millones de personas. De otro lado, el nivel de pobreza monetaria en 2020, se ubicó en 42,5%. Esto quiere decir que en 2020 había 21 millones de personas pobres, lo cual se traduce en que hoy 4 de cada 10 personas no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta integral de primera necesidad.
Subrayo además que, en Colombia, el coeficiente de Gini se ha ubicado sistemáticamente por encima de 0,50, cifra que ubica al país entre el 10% de países más desiguales del mundo. El fin de la reforma es entonces conseguir los recursos suficientes para financiar el sistema de protección social que comprende: educación, salud, protección del medio ambiente, transición energética, desarrollo productivo y economía popular.
En contraposición a esta visión de justicia social, los críticos y enemigos de la reforma tributaria defienden la política impositiva regresiva, que ha sido mantenida y defendida desde hace mucho tiempo, en la cual los ingresos del capital han sido eximidos del pago de impuestos y se han desconocido las obligaciones del régimen progresivo del impuesto sobre el ingreso.
La gran preocupación de las élites liberales y conservadoras, y de algunos gremios y empresarios frente a la reforma tributaria se centra en los impuestos a las pensiones, los alimentos ultraprocesados, los hidrocarburos, la tributación de las personas naturales, el pago de regalías, el impuesto sobre los productos no exportados para las zonas francas, la eliminación de los privilegios tributarios de las iglesias, entre otros.
Todas estas medidas conducirán, afirman, a que se produzca un desestímulo a la inversión y por ende menos empleos, y esto afectará la viabilidad de las petroleras. Proponen algunos que se reduzca entonces el recaudo a $8 billones, máximo.
Una reforma tributaria para sacarle dinero a la economía es impopular para algunos. ¿Cómo hacerla en este momento de crisis global, guerra, recesión de la economía? Pero podría ser popular para las mayorías en Colombia. La primera ministra británica, Liz Truss, tuvo que dejar el cargo por proponer lo contrario, rebajar los impuestos a los más ricos.
La defensa de esta reforma tributaria supone presentar, para finalizar, una idea más compleja de la justicia social, la cual defiende el aseguramiento para todos de los derechos sociales. Así, si las libertades deben ser distribuidas igualmente porque las personas deben ser consideradas como iguales, entonces deben ser garantizadas no solo las mismas libertades para todos por igual, sino también aseguradas las condiciones materiales en forma de derechos sociales, entendidos como los sustratos materiales para el aseguramiento de un valor equitativo de la libertad, como afirmó John Rawls en “Teoría de la justicia“.
Esta libertad real y los derechos sociales no están a disposición para todos los ciudadanos en la misma medida, sino que deben ser proporcionados por medio de la actividad estatal. Esto supone el proceso de obtener esos recursos mediante un sistema de impuestos justo y de distribuirlos mediante políticas de asignación y distribución a aquellas personas y grupos más vulnerables. El fundamento de esta idea es que cuando algunos, ciertamente, tienen una igual libertad formal, pero por ignorancia, pobreza o falta de medios materiales, están imposibilitados para ejercer sus derechos y obtener beneficios de ellos, entonces la libertad que les ha sido atribuida no tiene el mismo valor que tiene para los otros hombres. “La libertad formal o jurídica, es decir, la autorización jurídica para hacer algo o dejar de hacerlo, sería completamente sin valor, sin la libertad real, a saber, sin la posibilidad real para elegir entre lo permitido”, escribe Stefan Gosepath.
En “El costo de los derechos”, afirman Holmes y Sunstein que todos los derechos cuestan dinero y que tanto los derechos negativos como los derechos sociales son costosos porque su realización presupone una organización institucional, que debe ser sostenida por los contribuyentes mediante el pago de los impuestos.
Esto es algo que no quieren entender los representantes de los gremios, las empresas y los más ricos, acérrimos defensores de las estructuras de poder político y económico, en las que se asienta el actual sistema de desigualdad y extrema pobreza que tenemos en el país.
Poder sacar a Colombia mediante esta reforma de su ubicación como uno de los países con más altos niveles de desigualdad, pobreza e inequidad es el gran reto del Gobierno de Petro. De concretarse se tendría la garantía material para realizar los otros importantes proyectos políticos y sociales anteriormente nombrados.
