Las barreras que persisten para el aborto seguro en Colombia

Esta columna fue escrita en coautoría con Marisol Quiceno, politóloga, responsable de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras en Colombia.

Ha pasado un poco más de un mes desde que la Corte Constitucional despenalizó la interrupción del embarazo hasta la semana 24, una decisión trascendental para la salud de millones de mujeres colombianas que se enfrentan a diario a serias consecuencias por abortos inseguros. En 2020, 4.268 niñas entre 10 y 14 años fueron madres en Colombia. El motivo de mortalidad materna para ellas fue de 47 por cada 100.000 nacidos vivos, duplicando el número de niñas que mueren debido al embarazo (incluyendo abortos inseguros y otras) respecto al año anterior, según el Dane.

Pese a que este fallo representa un avance en comparación con la legislación anterior, pues buscaría reducir las barreras sociales — de estigma, geográficas, económicas — y del sector salud — desinformación, objeción de conciencia, falta de confidencialidad — vale la pena señalar algunos puntos que pueden generar más obstáculos para el acceso a estos procedimientos.

En primer lugar, es preocupante que los profesionales de salud no estén bien cualificados, tanto en aspectos técnicos como de sensibilización, para garantizar el acceso a la interrupción del embarazo. A manera de ejemplo, en Médicos Sin Fronteras (MSF) se evidenció en años pasados que tanto en zonas rurales como urbanas de Buenaventura y Tumaco, algunos centros de salud tergiversaban la legislación anterior y las causales para no otorgar el derecho para acceder al procedimiento. Ahora puede pasar algo similar con la temporalidad de las 24 semanas.

Sin embargo, cuando se habla de salud, como lo dice la OMS, debe reconocerse el bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades. De esta forma, la causal de salud para interrumpir el embarazo abarca cualquier afectación a la salud física, mental o social de la mujer, de manera que una solicitud de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por situación social y económica debía ser respetada desde la sentencia C-355 del 2006.

Lo que nos han dicho en terreno

Por otro lado, también ha sido frecuente encontrar que los trabajadores sanitarios o las instituciones médicas desconozcan la legislación o aleguen objeción por motivos de conciencia para practicar un aborto. De hecho, como comentó una médica de MSF con experiencia en atención a mujeres gestantes, “cuando una mujer manifiesta su deseo de no continuar con el embarazo, hay médicos que intentan disuadirlas, las envían directamente a controles prenatales sin preguntarles si esto es lo que desean”.

La misma médica contaba que atendió en Buenaventura a una niña de 14 años víctima de su padrastro. “La trajeron al hospital donde se hizo la atención en violencia sexual y se dieron cuenta de que estaba embarazada de ocho semanas. Se comunicaron con nosotros para que le hiciéramos la IVE, siendo este un hospital de tercer nivel, con profesionales y medicamentos disponibles. En el hospital no le hicieron seguimiento y algunas dosis se las dieron fuera de horario. Los médicos generales no la valoraron, porque esto era una función del ginecólogo de turno, quien finalmente nunca la valoró”.

Otro obstáculo que puede surgir tiene que ver con que el aborto sigue siendo punible después de la semana 24 de gestación, fuera de las tres causales. Así las cosas, se puede sostener un ciclo de estigma e ilegalidad que al final puede terminar opacando el fallo de la Corte Constitucional. En la práctica esto implicaría que tanto a nivel institucional como en la sociedad se desconozca la ruta de atención para acceder a la interrupción del embarazo. En esta misma línea, es preocupante que la información sobre el fallo no llegue a zonas rurales o apartadas, lo que termina desencadenando en lo que MSF ya ha testificado: mujeres o niñas practicándose abortos inseguros y poniendo en riesgo su vida.

La decisión de la Corte Constitucional debe aterrizarse hasta los servicios médicos de las zonas más apartadas y la información debe llegar hasta los médicos que tienen la intrepidez de trabajar en zonas afectadas por el conflicto. La institucionalidad de salud en Colombia tiene el reto de hacer pedagogía para que las mujeres que deseen acceder a una IVE entiendan que no están cometiendo un delito, y lo mismo el personal de la salud que las atiende. Al final, la salud de la mujer debe estar en el centro.