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Si los españoles en el extranjero y los extranjeros que deciden hacer su vida en España pudieran votar con mayor facilidad, la participación podría subir algunos puntos porcentuales, lo que no es menor.
He votado por primera vez en España. No deja nunca de ser emocionante participar de la fiesta democrática que representan las elecciones.
He tenido la fortuna de vivir siempre en un Estado donde la gente puede votar, y, con sus más y sus menos, existe la división de poderes, se respeta la libertad de prensa y se cuenta con instituciones que velan por el respeto de los derechos humanos.
Es un verdadero privilegio que tenemos sólo algunos.
Más allá de las imperfectas instituciones, de la captura de la política por parte de unos pocos grupos de interés y élites, de las injustificables desigualdades, de la corrupción y otros males, la democracia es uno de los pocos sistemas políticos que le permite a la ciudadanía sentirse dueño de un pedacito de poder, y eso tiene un valor muy grande.
De hecho, la prosperidad europea de la posguerra se sustenta, en buena parte, en la instauración de sistemas democráticos sobre los que se construyó el estado bienestar.
Estas han sido las elecciones con mayor participación de los últimos 15 años. Constituyen las catorceavas elecciones libres, desde que se terminó la dictadura franquista en 1977.
Cuando se compara con el resto del mundo, se encuentra que no son tantos los Estados que disfrutan de verdaderas democracias.
De acuerdo con el “Índice de la Democracia”, que produce la revista The Economist, sólo 20 países son considerados regímenes democráticos plenos, mientras 55 son considerados democracias defectuosas, 39 regímenes híbridos y 53 autoritarios.
España hace parte del primer grupo, por los avances logrados en los últimos 40 años.
Sin embargo, con todo y gozar de elecciones libres, subsisten enormes retos en cuanto a la participación electoral.
Existen dos grupos de población que han estado particularmente sub-representados en las votaciones, a pesar de integrar colectivos de la ciudadanía muy significativos, que además tienden a crecer.
Tanto los españoles que viven en el extranjero, como los extranjeros nacionalizados españoles, con derecho a voto, tuvieron una participación muy baja, comparados con la media de participación general. Así, en relación con los primeros, de los más de 2 millones de españoles en el extranjero, sólo 182 mil (un 8,7%) han solicitado votar, a través de un engorroso sistema conocido como “voto rogado”.
Por su parte, en relación con los más de millones de extranjeros, aunque no existen estadísticas oficiales y hay diversidad de casos, se identifican tres categorías principales: las personas nacidas en el exterior, que ya obtuvieron la nacionalidad española, los cuales tienen los mismos derechos que un ciudadano nacido en España (más de 2 millones de personas); los que vienen de otros estados de la UE, que pueden votar en las municipales y europeas (407 mil personas); y los no comunitarios, quienes solo pueden ejercer este derecho, si existe un acuerdo entre su país de origen y España, lo cual ocurre solo con 12 nacionalidades (280 mil personas).
Estas limitaciones al voto revelan la dificultad de la sociedad española para proyectarse a nivel internacional y hacen parte de los asuntos que deberán cambiar en materia de política exterior.
No se puede seguir desconociendo, en un país con la historia y la demografía que tiene España, las cifras antes señaladas. Es urgente reconocer que las personas se mueven por el mundo, y que la única manera de integrarlas productivamente y darles adecuada acogida es con políticas migratorias que garanticen sus derechos y ofrezcan oportunidades.
Las elecciones del pasado 28 de abril se presentaban como cruciales en definir el rumbo del país. Luego de la crisis independentista catalana que se agravó desde octubre de 2017; del cambio de gobierno, motivado por una moción de censura contra Mariano Rajoy; y del surgimiento de Vox, como quinta fuerza política alternativa, representativa de las visiones de la ultraderecha, en muchos casos fundadas sobre la xenofobia y el racismo; era mucho lo que se jugaba.
Lo resultados electorales legitiman a Pedro Sánchez, líder del PSOE, la izquierda más tradicional, para avanzar en la negociación de alianzas con otros partidos políticos, que le permitan conformar un gobierno capaz de enfrentar con contundencia la crisis social de la que España aún no se recupera, a pesar de haber pasado más de una década.
Es lo que esperan los más de 10 millones de personas con una renta por debajo del umbral de la pobreza que viven en el país; las 617.000 familias que no tuvieron ingreso el año anterior; los miles de personas que a pesar de tener un trabajo viven bajo la pobreza, muchos de ellos jóvenes y mujeres que no consigue un empleo digno, y los millones de personas extranjeras residentes en España, que se ven amenazadas por el crecimiento de discursos leyes anti-inmigratorias que le quieren poner un cerrojo a Europa.
La altísima participación en las elecciones es una muestra de lo mucho que le importa la política a la gente en este país.
Pocos países logran niveles de participación electoral por encima del 70 por ciento, sobre todo si se tiene en cuenta que el voto no es obligatorio.
Si los españoles en el extranjero y los extranjeros que deciden hacer su vida en España pudieran votar con mayor facilidad, la participación podría subir algunos puntos porcentuales, lo que no es menor.
Con el nuevo gobierno que se conforme, se presenta, también, el momento oportuno para resituar a España en Europa y el mundo, adoptando una política exterior más ambiciosa y recuperando la cooperación internacional, en un contexto donde la crisis del Brexit y el escepticismo de muchos gobiernos demandan relevos que defiendan y lideren el proyecto europeo. Y donde Iberoamérica y África requieren un nuevo empuje, dado el cambio de ciclo económico, la amenaza del cambio climático y el creciente cierre de espacios democráticos que enfrenta la región.
Es fundamental que los partidos políticos que conformen el nuevo gobierno interpreten esta alta votación como un mandato de la ciudadanía para que avancen en el cumplimiento riguroso de sus programas de gobierno. Se espera un cambio, por eso la gente ha votado, y el nuevo gobierno debe actuar con contundencia.
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*Foto de portada tomada de laprovincia.es
