Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Desde hace mucho tiempo se ha pensado que, frente al autoritarismo, la dictadura, el populismo, el comunismo o el anarquismo, la democracia es el mejor modelo para organizar la vida política de una sociedad.
Es preferible a estos modelos porque crea las condiciones para que las partes compitan en función de hacer buenas leyes, en lugar de buscar la aniquilación del adversario. Así, la democracia se caracteriza por una lucha constante en la que el uso de la violencia es reducido a un mínimo.
En este sentido se puede afirmar, como dice Bobbio, que la democracia es un sistema político en el cual el cambio no es violento, y que su verdadera esencia debe buscarse en la voluntad para aceptar las reglas compartidas y para adherirse a un pacto implícito de no agresión (1987).
Otra característica básica de la democracia es que los gobernantes son designados a través de elecciones en las que el pueblo decide quienes deben gobernar y qué programas deben implementarse.
El resultado de los votos del pueblo ratifica a un gobernante, y a un programa de gobierno, o indica que un gobierno debe cambiar, como sucedió en las actuales elecciones. “Las elecciones son la sirena de la democracia”, escribe Adam Przeworski, y cualquiera que sea su resultado, por muy disgustada o hastiada que esté la gente de la política, invariablemente renueva la esperanza (2010).
Otro elemento fundamental de la democracia es la representación. En la democracia de los antiguos (la ateniense) la colectividad política era muy pequeña, y era muy fácil desenvolver las actividades dirigidas a crear las leyes y organizar “el demos”.
En el sistema representativo, que se inició en la modernidad, la democracia no es directa, sino parlamentaria, “en la cual la voluntad colectiva que prevalece es la determinada por la mayoría de aquellos que han sido elegidos por la mayoría de los ciudadanos” (Kelsen).
La representación supone que el pueblo no actúa por sí mismo, sino que exterioriza su voluntad a través de los miembros del Congreso, “quienes no tienen que recibir de sus electores mandatos imperativos” (Kelsen).
Sin hacer referencia a otros aspectos de la democracia, como el respeto por las reglas institucionales, el pluralismo, los derechos de las minorías y el respeto por los derechos humanos, es importante decir que esta es de naturaleza histórica, lo que significa que su consolidación ha sido el resultado de luchas políticas que se han dado durante más de tres siglos en la mayoría de los países del mundo. En unos con éxito, en otros sin el.
En este proceso se han ido consolidando, de forma diferenciada y en las democracias más afianzadas, los derechos fundamentales. Primero los derechos civiles en el siglo XVIII, luego los derechos políticos en el siglo XIX y, finalmente, los derechos sociales en el siglo XX, como lo planteó Thomas Marshall.
La naturaleza histórica de la democracia permite hacer comparaciones entre países para determinar sus niveles democráticos, y también evaluar cómo ha sido el proceso de consolidación de esos derechos en un determinado país.
En el caso de Colombia hay razones para afirmar que no tenemos una democracia consolidada, la persistencia de la violencia y la incapacidad para resolver la cuestión social son algunas de ellas.
Aunque está asegurado en este gobierno que el cambio político en las elecciones no es violento, que son el instrumento de los electores para valorar el desempeño de quienes fueron elegidos para ocupar cargos, que los derechos de las minorías son respetados y que el sufragio es universal, esos dos elementos, la violencia y el fracaso de la cuestión social, determinan el bajo lugar de nuestro país en el ranking democrático.
Es innegable que el Pacto Histórico y el presidente Petro sufrieron una aplastante derrota en las últimas elecciones, lo que indica que hay un rechazo por parte de un grupo importante de la población a la forma en que se está gobernando.
Su marcado estilo populista, los escándalos provocados por miembros de su familia, su tono de confrontación, el uso de Twitter como forma predominante de comunicación y las dificultades para poner en marcha la maquinaria del Estado han producido un rechazo por parte de una buena parte del electorado.
Después de todo, la población ha votado en la mayoría de las gobernaciones y alcaldías del país por representantes de la derecha, la centroderecha y por personas relacionadas con el clientelismo y la corrupción. Es importante tener en cuenta también el masivo voto en blanco, que se expresó en contra de Petro y rechazó el clientelismo y la corrupción.
Es claro, entonces, que la derecha con sello uribista (Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón, que fue convocado a audiencia de imputación por corrupción), y la centroderecha (Carlos Fernando Galán y Alejandro Éder), respaldadas por lo más granado de los clanes clientelistas y corruptos de Barranquilla (los Char), Cesar (los Gnecco), Valle del Cauca (Dilian Francisca Toro), Córdoba (los Besaile), Boyacá y Tolima, se preparan para dar un golpe contundente a la izquierda en las presidenciales del 2026.
Y es claro también que, si lo logran, se detendrá la consolidación del proceso de paz de Santos, la “paz total” y el programa social y de reforma agraria del gobierno Petro.
Sin embargo, si Petro y la izquierda comprenden que las elecciones son una alerta, una “sirena de la democracia”, se esperaría una corrección en el rumbo que impida que lleguemos a algo como el desastre argentino representado por Javier Milei.
Los anteriores gobiernos de derecha (el de Uribe y el de Duque) utilizaron a las fuerzas armadas para matar deliberadamente a civiles indefensos, entre ellos los falsos positivos y las 80 víctimas del paro de 2021, en el contexto de conflictos políticos. Por eso sus gobiernos no pueden ser considerados democráticos, y sus líderes deben ser caracterizados como antidemocráticos.
Las reformas sociales que ha propuesto el gobierno de Petro se enmarcan en la idea de que un sistema democrático necesita garantizar los derechos económicos y sociales, porque los ciudadanos privados de ellos son incapaces de participar en la vida política.
Este es el reto de su gobierno, pero debe recomponer el curso de acción, consolidar plenamente la democracia es un proceso progresivo, resultado de luchas políticas de larga duración.
La democracia es el mejor modelo político disponible, comprende los derechos civiles, los derechos sociales y los derechos políticos de participación, pero hay que diferenciarla del nuevo modelo de democracia que representa Bukele, por el que suspiran hoy muchos colombianos que ven en el presidente del El Salvador al Uribe de sus sueños y quebrantos.
Es bueno recordar que el general Augusto Pinochet, que derribó con un golpe de Estado la democracia social de Salvador Allende y asesinó y desapareció a miles de ciudadanos, decía que su gobierno era “cuasi-democrático”, como una “dictablanda”, que preservaba los derechos civiles y el derecho de propiedad. Ahí está la diferencia, o democracia social, o la dictablanda.
