Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Con más de una década de retraso desde el término del Plan Nacional de Cultura 2001-2010, el Ministerio de Cultura adoptó el 21 de julio pasado un nuevo plan a diez años denominado “Cultura para la protección de la diversidad de la vida y el territorio”.
Sobre el texto aprobado hay luces y sombras que es necesario destacar, pero antes de llegar allá, y a pesar del tenue ejercicio de comunicación institucional o del cubrimiento impalpable por parte de los medios, esas páginas son el norte para diseñar, gestionar, implementar y hacer seguimiento a todas y cada una de las políticas, planes y proyectos de orden nacional y local del sector cultural.
Más allá del desatino de forzar su aprobación para incluir la firma de los funcionarios en tránsito del Gobierno saliente, restándole fuerza a trazar rutas compartidas, horizontes comunes y futuros coherentes, es claro que el país requería una actualización de la hoja de ruta en la medida que las realidades nacionales son otras a las que encubaron el primer plan de 2001.
En general no solo ha crecido la población, sino que muchos sectores han reivindicado su pertenencia a la nación. Existe un acuerdo de paz sobre el mantel en ciernes de ser implementado plenamente, hay una redistribución de las fuerzas y las tensiones locales, y se ha ahondado el desplazamiento interno de las comunidades, por anotar solo lo más evidente.
Paralelamente, es imposible desconocer un entorno digital en expansión, un llamado generalizado a incluir otras voces, sensibilidades y memorias en los viejos relatos nacionales, una discusión pendiente entre los campos decimonónicos de la cultura y el arte frente a las prácticas culturales y artísticas de las comunidades, y una atención creciente sobre las relaciones entre política y políticas públicas.
O en particular, una restructuración de los aparatos administrativos del sector, una nueva batería de leyes y un aumento en los recursos públicos que exceden las directrices de la Ley General de Cultura y las posibilidades del Sistema Nacional de Cultura. Esto se suma al lastre de la economía naranja que ostentó como novedosa y aterrizó a medias reflexiones sobre economía y cultura, empleo cultural, valoración económica de las fiestas e implementación de industrias cinematográficas y musicales.
Las sombras del Plan
Ahora bien, empecemos con lo que ensombrece a este nuevo Plan Nacional de Cultura 2022-2032.
Sin lugar a dudas, la avidez de la firma llevó a que el documento se aprobara sin el visto bueno de los grupos étnicos del país. En últimas, se inauguró la casa sin preguntar al dueño. No se llegó a un acuerdo con los grupos indígenas, las comunidades rrom y las poblaciones negras, afro, raizales y palenqueras, y el capítulo étnico del plan está por hacer restando fuerza, validez y, sobre todo, sentido de coherencia al texto aprobado.
Paradójicamente, el documento sostiene que su fuerza radica en la participación ciudadana (soportada en la realización de diálogos institucionales, territoriales, subsectoriales, poblacionales e intersectoriales), en la implementación de la herramienta “Buzón de voz”, donde se preguntó cuál es el mayor reto para el sector cultural en Colombia hoy, y en los resultados de la encuesta vinculada al Registro Único de Agentes Culturales “Soy Cultura”.
Sobre lo anterior, el problema está en que la consulta alimentó el diagnóstico del sector, pero no la formulación del documento. Una cosa es preguntar cómo estamos y otra muy diferente qué deberíamos hacer. Y ese tránsito a las propuestas, a pesar de la competencia de la misión de expertos encargados en su desarrollo, se oscurecen más por la falta de información sobre la aplicación de las herramientas metodológicas empleadas para su evaluación y a los modos de validación posterior.
Análisis de contenido, análisis del discurso y análisis situacional al definir, clasificar, desglosar, jerarquizar y ponderar dependen siempre de los sesgos, temas y códigos de caracterización y catalogación empleados, en este caso pareciera que la información recolectada no determinó esos presupuestos orientadores. La gente participa, pero es el experto el que entiende, ordena y compone el mundo.
En relación con lo anterior, el documento define cuatro grandes campos de política: diversidad y diálogo cultural; memoria y creación cultural; sostenibilidad cultural; y gobernanza cultural. La primera destaca el territorio y su interrelación directa con identidades y manifestaciones de la cultura y el arte. La segunda enfatiza en la memoria como elemento aglutinante de los procesos de creación y recreación de experiencias culturales y artísticas. La tercera subraya el aporte de la cultura y el arte al desarrollo y el crecimiento económico. La cuarta ahonda en las condiciones para la participación autónoma y creativa de la ciudadana en la vida cultural.
Así, frente al Plan de 2001, el único campo nuevo resulta siendo el tercero, el de la sostenibilidad cultural, que el documento termina entendiendo en clave de los postulados de la economía naranja. Indiscutiblemente la relación economía y cultura es fundamental y debe ser pensada y materializada en desarrollos concretos, pero en este punto la pregunta es si un documento como el Plan Decenal de Cultura, cuyo principio es la participación ciudadana y su fin el sugerir horizontes compartidos, debe, a la postre, estar al servicio de los deslucidos programas de un gobierno saliente.
Las luces del Plan
Pese a lo anterior, hay tres puntos importantes para destacar antes de saltar por la borda. El primero es que la síntesis del diagnóstico identifica que los procesos de valoración, apropiación y protección de la diversidad cultural se afectan cuando la reproducción de la vida y el medioambiente están en riesgo. Si bien parece obvio, es cardinal que se incluya y se piense desde ahí. Esto porque pone en el centro de reflexión a la vida misma y a sus posibilidades y condiciones de reproducción en relación directa con el espacio y el tiempo. Claro, el reto a futuro está en gestionar en concreto desde el territorio y a partir del trabajo conjunto con las comunidades.
El segundo es que el documento se enmarca en el reconocimiento y la defensa de los derechos culturales. Es decir, que la identidad y el patrimonio, el acceso y la participación en la vida cultural, la educación y la formación e incluso la información y la comunicación deben ser entendidos como derechos que las comunidades culturales pueden y deben hacer valer. Y que, dentro de este marco, también es posible pensar en clave de derechos bioculturales, a través de los cuales las comunidades pueden administrar de manera autónoma su territorio y sus recursos en favor del desarrollo de sus propias formas de vida y prácticas culturales.
El tercero tiene que ver con la mirada integral que se deriva de lo anterior y que en buena medida pretende ser adoptada desde los dos primeros campos de política propuestos. En palabras muy simples: así como la vida, la diversidad, el territorio y la memoria conforman un universo relacional, que tiende siempre a equilibrarse y balancearse, la paquidérmica gestión administrativa debe trabajar para desmontar las odiosas fronteras a través de las cuales ha definido sus férreos compartimentos de acción y atención.
En esta medida, es urgente fortalecer diálogos entre instituciones y comunidades locales, hacer efectivos los canales entre las diferentes instituciones del Estado y componer temas transversales que articulen a los grupos al interior de las instituciones mismas. Pero todo esto solo es posible con equipos de trabajo capaces de ver más allá de sus parcelas, con la sensibilidad necesaria para integrar lenguajes, aproximaciones, experiencias y campos del saber, para hacer de los instrumentos y herramientas de gestión pública ejercicios de imaginación creativa que rompan con la falsa certeza que da hacer siempre las mismas cosas.
Cerrar diciendo que el reto a una década es obviamente enorme, que el plan a pesar de sí mismo existe y debe ser asumido privilegiando sus aciertos sobre las torpezas relacionadas con su promulgación. Amanecerá y veremos.