Objeciones a la marcha y la marcha de las objeciones

Para el próximo 21 de noviembre han convocado a un gran paro nacional en Colombia los sindicatos, comunidades indígenas, educadores, organizaciones sociales, estudiantes, entre otros sectores.

Las causas que se han invocado en respaldo de esta movilización han sido múltiples, y comprenden las violaciones de derechos humanos, el incumplimiento inaceptable del Acuerdo de Paz, las manifestaciones regresivas de la política económica del Gobierno, el espantoso manejo de la grave crisis humanitaria en el Cauca, la deplorable gestión en el Ministerio de Defensa. La lista no es exhaustiva.

Como lo ha sostenido el abogado e investigador Sebastián Lalinde, la protesta social en Colombia enfrenta enormes desafíos: una regulación normativa que tiende a desalentarla; un control policial en algunos casos excesivo que genera una profunda desconfianza en la ciudadanía; un sistema judicial que utiliza indebidamente el derecho penal para desincentivar la movilización social; y el rol cuestionado de algunos medios de comunicación que suelen reportar, en ciertas protestas, solo sus expresiones -normalmente minoritarias- de violencia, generando imaginarios negativos frente a la movilización social.

El partido de Gobierno, con el Presidente de la República a la cabeza, y un sector de la ciudadanía que los respalda, han divulgado diversos mensajes encaminados a cuestionar a quienes saldremos a las calles pacíficamente a manifestarnos el 21 de noviembre, así como nuestros motivos, y de hecho han avanzado al punto de cuestionar nuestra expresión colectiva antes siquiera de que esta tenga lugar. Esta decisión de precipitar las críticas al paro, errada en mi opinión, pone en riesgo real el ejercicio legítimo de un derecho esencial en una democracia constitucional: el derecho a la protesta social.

Estas son algunas de las objeciones que están circulando frente a la movilización del 21 de noviembre y algunas respuestas cortas frente a las mismas:

“Los motivos de la marcha no son ciertos; son fake news”.

De acuerdo con esta objeción, los colombianos nos manifestaremos por reformas, por ejemplo, en materia laboral o pensional, que no se han planeado, presentado ni discutido en el Congreso. Frente a esta objeción diría varias cosas: primero, incluso si fuera cierta, los motivos de esta movilización no se restringen a estos asuntos.

No son falacias ni fake news los casos de Dimar Torres, las verdades ocultas del Ministerio de Defensa sobre el lamentable bombardeo de los niños en Caquetá, tampoco la irresponsable ineficacia frente al asesinato de líderes sociales, ni el incumplimiento inconstitucional de algunos puntos centrales del Acuerdo de Paz.

Por otro lado, sí ha habido algunas declaraciones (dejo un link de Caracol y uno de La Silla sobre la reforma pensional, y otro sobre los líos de Duque con sus reformas) muy claras de funcionarios del gobierno sobre los proyectos de reforma en temas pensionales (en mi opinión alarmantes e irresponsables) y, además, si fuera el caso que aún no existe una posición del Gobierno, la protesta puede ser una forma de presionarlo para ser transparente, para que dé claridad y siente posturas serias y fundamentadas sobre estos asuntos.

“En la democracia colombiana no resolvemos los problemas con marchas”

A esta la llamaré la objeción “Duque vs. Duque”, pues el primer Duque convocó al menos una marcha en el Gobierno Santos, y ahora el segundo Duque es quien señala que, a diferencia de otros países de la región, los colombianos resolvemos los problemas con los instrumentos de la democracia y no con la protesta, como si esta no fuera una herramienta democrática.

Es increíble que se hagan invitaciones en redes a replicar lo que han hecho en otros países de América Latina, incendiándolo todo. Eso es una torpeza. Esa no es la Colombia que hemos construido, la Colombia nuestra es la que soluciona todo en democracia. #BaricharaConstruye pic.twitter.com/8i7vdtRggX — Iván Duque (@IvanDuque) November 9, 2019

Esta es una objeción fácilmente rebatible, al menos para quienes creemos en la democracia participativa. La democracia se construye también gracias a la movilización pacífica de la ciudadanía. En nuestra democracia, los ciudadanos participamos de muchas formas, y la elección de autoridades es solo una de ellas, no la única, ni la principal. También nos encontramos facultados para participar a través de nuestra voluntad de manifestarnos en grandes conglomerados ciudadanos, en las calles, en los foros de discusión pública, en las instancias institucionales de control político.

Tenemos muchos ejemplos en Colombia y la región de esta diversidad de escenarios de participación, pero quizás el más significativo en la Colombia contemporánea fue el movimiento estudiantil que permitió el cambio constitucional en el año 91.

Nuestra Constitución no hubiera sido posible sin la movilización ciudadana y el impulso a nuestras instituciones para adelantar una reforma constitucional estructural, incluso por fuera de los procedimientos establecidos bajo la Constitución anterior, y a través de mecanismos muy diversos como votaciones con papeletas no institucionalizadas, con acciones públicas, marchas multitudinarias, con votaciones plebiscitarias, entre otras. La protesta social es, como lo revela nuestra historia, un vehículo para la construcción de significados constitucionales en una democracia.

“En la marcha se atacarán los bienes públicos y a las autoridades públicas”

¿Cómo pueden saber esto de antemano? Me opongo a esta estigmatización infundada y solapada. El ejercicio de este derecho, como el de todos los otros, encuentra límites en la Constitución y la ley. Es un compromiso de quienes marchamos hacerlo pacíficamente y con un profundo respeto por los bienes públicos y las autoridades. También estas tienen un deber de evitar los daños, de prevenirlos, de no infiltrar las protestas y respetar la vida, la honra y demás derechos de quienes marchamos. Si las autoridades tienen información sobre desmanes deben investigarla y evitar que se produzcan.

La protesta definitivamente incomoda. Llegaremos tarde al trabajo, encontraremos problemas de movilidad, pero en democracia estas cuestiones debemos aceptarlas. Personalmente me incomoda y me duele más el irrespeto por la vida, los derechos humanos, el incumplimiento inconstitucional del Acuerdo de Paz y en general la sordera de sectores del Gobierno y su partido. El 27 de octubre en las elecciones locales les enviamos un mensaje. El 21 de noviembre les enviaremos otro. Ojalá el más contundente y, a la vez, el más incuestionable de todos.

El 21 yo marcho pacíficamente y me comprometo a cuidar no solo los bienes públicos y privados sino a las personas, colegas y amigos que marchen conmigo. Yo marcho por la defensa de la Constitución y del Acuerdo de Paz.