Que el ELN no ataque la infraestructura es más una propuesta inalcanzable que una posibilidad

El ELN anunció su intención de suspender los ataques a la infraestructura energética del país a cambio del cumplimiento, por parte del Gobierno, de siete puntos. Esta propuesta, aunque llamativa, es compleja en medio de la coyuntura nacional.

El comienzo de año es el periodo donde más ataques se ejecutan contra la infraestructura energética del país. De 2017 a la fecha, el Sistema de Alerta de Conflictividad Social, Ilegal y Ambiental de Crudo Transparente, ha registrado 98 hostigamientos contra los oleoductos y algunos campos petroleros en todo el territorio nacional; siendo febrero el mes donde se reportan más acciones de este tipo.

Este año no es la excepción. En lo corrido del 2020 ya son seis los atentados contabilizados contra los oleoductos Transandino y Caño Limón Coveñas.

El ELN, el grupo no estatal al que más se le atribuyen estos atentados históricamente, sorprendió con un comunicado la semana pasada en el que anunciaba su intención de suspender estas acciones a cambio de que se cumplan siete puntos, entre los que se destacan: el retiro de los proyectos extractivos de territorios étnicos y sensibles ambientalmente; la devolución de las regalías a las regiones productoras para que sean manejadas por las comunidades organizadas; la suspensión del fracking como método de explotación; y la nacionalización de los recursos.

Este anuncio es importante porque deja ver, una vez más, la necesidad que tiene reactivar los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN; ya que, de concretarse una salida negociada al conflicto, no solo se beneficiarían las finanzas públicas (Colombia se convertiría en un destino más atractivo para la inversión extranjera porque los riesgos de operación disminuirían sustancialmente); sino que también, y lo más significativo, las comunidades más alejadas del país dejarían de sufrir las graves consecuencias que vienen con cada nuevo atentado: el desplazamiento forzado de sus territorios, la parálisis de sus actividades de sustento económico, la contaminación de sus fuentes hídricas y cultivos, entre otras.  

Pero las más recientes actuaciones del Gobierno y del grupo demuestran que lograr este objetivo no es nada fácil; más bien, estamos en medio de un diálogo de sordos.

Por un lado, el ELN no cuenta con una estructura de mando definida como sí la tenían las antiguas Farc; es decir, es más una estructura altamente descentralizada donde el Comando Central (Coce) toma las decisiones políticas, pero carece de la fortaleza para controlar las actividades militares de sus frentes de guerra; situación que no genera confianza. Ejemplo de esto es que a los pocos días del anuncio, el grupo armado derrumbó una torre de energía en zona rural de Medellín.

Segundo, se anunció un paro armado de 72 horas, entre el 14 y 17 de febrero; mes en el que coinciden varios hechos importantes para esta estructura armada: la conmemoración número 55 de su primera acción bélica en Simatoca, Santander, y el natalicio 91 y la muerte de Camilo Torres.

Y aunque el Gobierno insista en que tiene el control del territorio, en las zonas donde el ELN ejerce presencia, las comunidades temen por las acciones que se puedan ejecutar en el marco de esta situación; entre ellas, ataques a los oleoductos y unidades militares y de policía que los dejen en la mitad del fuego cruzado.

Tercero, el ELN sabe que mediante los hostigamientos a la infraestructura energética, en especial a la petrolera, logra producir un daño importante a la economía central y a las operaciones de las compañías; obligando a que el Gobierno se plantee la necesidad de buscar una salida. Sin embargo, el presidente Duque no muestra una voluntad política de querer dialogar con el ELN desde su llegada a la Casa de Nariño y menos desde el atentado del 17 de enero de 2019 a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, en Bogotá.

Por lo tanto, renunciar a esta práctica sin obtener un beneficio a cambio no es posible, sobre todo si se entiende que ha sido una política desde la fundación del ELN y que toca un punto central de sus demandas: la nacionalización de los recursos. 

Además, la popularidad de Duque subió al tomar la decisión de acabar los diálogos de paz con ellos después del atentado en Bogotá y fortaleció su línea de mano dura; algo que no está dispuesto a poner en riesgo en medio del momento político que atraviesa el país y en el cual necesita mantener la poca unidad que existe en el interior de su partido político, Centro Democrático.  

Así las cosas, el anuncio de una posibilidad de suspensión de los ataques contra la infraestructura energética se vislumbra más como una propuesta inalcanzable que como una posibilidad. No obstante, es necesario que el Gobierno revise con detenimiento los puntos y genere algún gesto de buena voluntad que permita ir sembrando el camino hacia una pronta solución negociada al conflicto. Resolver el tema por la vía militar no es posible y Duque lo sabe.

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