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La Angencia Nacional de Hidrocarburos modificó el esquema de asignación de bloques petroleros, se pasó del modelo de las rondas, a la adjudicación permanente. Este cambio traerá repercusiones al país, pues serán las empresas, y no el Estado, quien decida los montos de inversión y las zonas a explotar. Además de un posible incremento en la conflictividad social.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH-, aprobó a principios de marzo, el nuevo reglamento de promoción y asignación de áreas para Colombia, consignado en el acuerdo 2 de 2017. El cambio más importante radica en que se dejan de lado el esquema de rondas y se pasa a uno de adjudicación permanente de bloques petroleros. Este cambio, aunque por ahora solo es para ofertar 20 bloques en los departamentos de Córdoba, Sucre y las cuencas de los Llanos y el Magdalena Medio, debe generar preocupación a los colombianos.
Desde la caída de los precios internacionales del barril de petróleo, países fuertemente dependientes de las rentas extractivas, como Colombia, donde el 50% de las exportaciones y cerca del 6% del PIB dependían de la producción de petróleo, iniciaron un proceso denominado: “la carrera hacia el fondo”, el cual consiste en una competencia entre los diferentes países para atraer la inversión extranjera en el sector minero-energético y así compensar la disminución en los ingresos fiscales. Sin embargo, para lograr dicho objetivo, los gobiernos han producido una serie de políticas que relajan los estándares tributarios, ambientales y sociales.
La adjudicación permanente de bloques, está íntimamente ligada con esta “carrera”. En el modelo inicial, cada dos años la ANH realizaba rondas donde ofertaba a la industria los mejores bloques; este era adjudicado a la empresa que cumpliera con los mínimos de inversión requeridos por la Agencia y ponía más recursos adicionales que sus contrincantes. Con el nuevo esquema, es la empresa la que decide el bloque de su interés y determina el monto de inversión, el papel de la ANH será avisarle al mercado y esperar un mes para que otros interesados hagan su propuesta; ganará la mejor oferta, la cual no será tasada en dinero, sino de acuerdo a los objetivos exploratorios que plantee.
Este nuevo modelo preocupa por varias razones. Primero, porque en el afán del gobierno de atraer más inversión y competir con países como Ecuador, México, Perú, entre otros de la región, está dejando en mano de las compañías petroleras los montos de inversión, que pueden, y probablemente serán bajos; pues los precios del crudo no permiten que las empresas asuman grandes riesgos y gasten a manos llenas como en el pasado.
Segundo, en las regiones donde se ofertarán los bloques, no se han adelantado procesos de socialización y consulta con las comunidades; al gobierno le sigue pasando por alto que muchas poblaciones están fuertemente en contra de los proyectos hidrocarburíferos y se pueden presentar niveles aún más altos de conflictividad social, que comprometan la integridad de los habitantes de estas zonas y obliguen a las compañías a adelantar procesos jurídicos contra el Estado por incumplimiento de los contratos.
Por último, de ser exitoso el proceso, nos enfrentaremos a un mayor número de proyectos extractivos en diferentes partes del país, que de no ser ejecutados de manera responsable, por falta de instituciones de vigilancia y control fuertes y compromiso de las empresas, pueden poner en mayor riesgo comunidades vulnerables como los indígenas y los afro, y el medio ambiente.
