Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Esta columna fue escrita con Luis Eguiluz, jefe de Misión de Médicos en Fronteras en Colombia.
En Médicos Sin Fronteras (MSF) estamos siendo testigos de la intensificación del conflicto armado en las zonas en donde trabajamos, como en el Triángulo de Telembí (en el departamento de Nariño) o a lo largo del río Baudó (en el departamento de Chocó).
Desplazamientos forzados por el conflicto entre grupos que luchan por el control territorial (más de 5.000 desplazados en las cabeceras municipales en el Triángulo de Telembí en lo que va del año), así como confinamientos, violencia sexual y asesinatos —más de 11 en las últimas dos semanas en el rio Baudó— tienen consecuencias dolorosas para la población y estas se están agravando por el vacío institucional en los territorios.
En estas circunstancias, el acceso humanitario —basado en principios como la neutralidad, la independencia y la imparcialidad— debería convertirse en una obligación para todas las partes del conflicto. Necesitamos volver a centrarnos en las personas, en las comunidades y en sus necesidades vitales. Los enfoques de paz, desarrollo e institucionales son importantes, pero no podemos olvidarnos de lo inmediatamente prioritario: la asistencia humanitaria que, aún después de sesenta años de conflicto, debe ser la primera preocupación para aliviar el sufrimiento de las comunidades.
Como ha señalado Ocha en su encuesta de acceso humanitario de 2021, el 71 % de las organizaciones que participaron en la encuesta percibieron restricciones al acceso humanitario, el 79 % de ellas percibieron un aumento de las restricciones en comparación con 2020 y el 26 % experimentaron ataques o amenazas directas.
Por otro lado, de acuerdo con el Cicr, se reportaron 553 agresiones en 2021 por la Mesa Nacional de Misión Medica y lo que es más preocupante: se ha presentado un aumento histórico por tercer año consecutivo en este indicador, con un incremento del 70 % respecto de 2020.
En este contexto, el acceso tanto de las agencias humanitarias a las poblaciones afectadas por el conflicto, así como el acceso de estas poblaciones a los servicios básicos, es una obligación de todas las partes del conflicto. Estas partes necesitan asegurar que el derecho humanitario sea respetado y las consecuencias para la población sean mínimas. Las partes del conflicto deben aceptar que el diálogo con las agencias humanitarias es fundamental para asegurar que esa asistencia vital sea eficaz.
No nos dejemos llevar por discursos normalizadores de la violencia. Que un conflicto dure muchos años, solo aumenta el sufrimiento, no lo reduce. Esperemos que independientemente del resultado de las elecciones presidenciales, el Gobierno priorice la respuesta humanitaria a estas poblaciones vulnerables.
Y nunca olvidemos que los conflictos tienen reglas y principios que tienen como último fin proteger a la población civil.
