Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La reforma tributaria del nuevo gobierno también debe ser la oportunidad para entregarle competitividad a los emprendedores del país y, para ese fin, nada mejor que proveerles liquidez. Actualmente, los empresarios pagan en exceso alrededor de $10 billones anuales por concepto de retenciones en la fuente en renta, afectando sustancialmente su capacidad de operación, inversión y, en muchos casos, la existencia misma de la empresa.
El problema es que actualmente el sistema de retenciones tiene en consideración el monto de cada pago y no la rentabilidad de la empresa. Esta dinámica es contradictoria con el impuesto de renta, pues dicho tributo se determina en función de las utilidades de la empresa y no del monto de las ventas. Además desconoce que estos conceptos frecuentemente difieren, ya que la utilidad depende de diferentes factores, tales como la estructura de costos, las pérdidas acumuladas y el margen de rentabilidad de cada empresa.
Los últimos gobiernos han tenido poca voluntad política para realizar los ajustes requeridos porque los $10 billones se utilizan como caja del Estado y, además, esgrimen un posible impacto fiscal, el cual es totalmente evitable. Todos los empresarios esperan que este nuevo gobierno tenga la valentía y la determinación para realizar este tipo de ajustes, permitiendo un salto positivo e importantísimo en la competitividad de las pymes, base productiva del país.
En realidad, la solución es relativamente sencilla. El Gobierno necesita encontrar otra fuente de recursos para reemplazar lo que hoy recibe en exceso por las retenciones. Para ello, no requiere de $10 billones, sino únicamente del costo financiero de dicho monto, ya que estos recursos solo son utilizados para fondear temporalmente la operación estatal, puesto que existe la obligación legal de devolverlos al empresario después de que presenta su declaración anual de renta. Así, el costo financiero aproximado sería de $1 billón, pues esto costaría, por una sola vez y por un solo año, la emisión de Títulos de Endeudamiento Soberano (TES) a una tasa o cupón de 10%, la cual inclusive podría ser inferior.
El billón se puede cubrir con parte del recaudo del Impuesto al Patrimonio, que incluye el proyecto de reforma tributaria y que recae sobre las personas naturales con los patrimonios más altos del país. Esto sería un acierto total en materia económica porque le permitiría a los empresarios dinamizar la economía, en tanto pueden utilizar sus recursos para desarrollar su negocio y no para prestarle dinero al Gobierno, al paso que dicho costo lo cubren las personas con mayores privilegios del país.
En adición, se requiere que en la reforma tributaria el Congreso le ordene al Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, realizar un estudio económico para determinar la rentabilidad de los principales sectores económicos del país (la Dian ya dispone de dicha información) y, además, establecer antes de que termine el año un nuevo sistema de retenciones que corrija el problema expuesto.
Ahora solo nos queda esperar que el nuevo Gobierno se atreva a jugársela por las pymes y nos permita soñar con un año 2023 donde los empresarios no tengan que asumir este costo de oportunidad, dispongan de mayor liquidez y puedan dedicarse a lo que mejor saben hacer: generar empleo y desarrollo económico.
