Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En días y semanas anteriores los colombianos hemos visto indignantes noticias sobre casos muy dolorosos de violencia contra niñas y niños en distintas partes del país. Estas inadmisibles situaciones deberían ser razón suficiente para hacer un alto en el camino como sociedad y encontrar formas de detener esta gravísima problemática, aprovechando el momento de debate y reflexión sobre el futuro que vive el país y los llamados al cambio desde muchos sectores de la sociedad.
Un niño de nueve años en Cali con secuelas físicas y mentales irreversibles por ser agredido sistemáticamente por sus propios padres; una niña de cinco años en Cúcuta víctima de violencia sexual en un colegio, cometida por un adolescente de 15; en Bogotá encontraron una red que drogaba y esclavizaba sexualmente a adolescentes migrantes; una adolescente de quinto grado atacada por compañeras a la salida del colegio, hospitalizada y con graves heridas en su rostro; otro adolescente de 12 años hospitalizado hace un mes y sometido a una cirugía cerebral, víctima de matoneo por dos de sus compañeros y, mientras terminaba de escribir esta columna, leí con estupor el caso de un bebé de cerca de un año encontrado en un bolsa de basura en Buenaventura, amarrado en pies y manos.
No quisiera tener que empezar mi columna mencionando estos lamentables casos recientes que ilustran la grave problemática de violencia contra la niñez, pero el país no puede dejar de estremecerse antes estas aberrantes situaciones. Desafortunadamente, estos casos distan de ser aislados y muestra de ello es que el Icbf abrió cerca de 37 mil procesos en 2021 por razones de violencia. Estas cifras deben bastar para que como sociedad hagamos un alto en el camino y exijamos respeto y dignidad para todos los niños y niñas en el país, sin ninguna excepción.
Por estos días todo el mundo habla en Colombia, como es natural, sobre las prioridades del país: la economía, el empleo, la seguridad, la salud o la reducción de la pobreza. Sin embargo, llama la atención que nadie esté hablando de la prevención de la violencia contra la niñez como una prioridad indiscutible para el próximo período de gobierno.
Hay suficiente evidencia científica a nivel internacional de que todas las formas de violencia (ya sea física, sexual, psicológica o por negligencia) generan diversos y graves impactos negativos en las vidas de los niños y adolescentes, incluyendo problemas de salud mental, consumo de sustancias, suicidio, repetición de la violencia, bajo rendimiento escolar, problemas emocionales y enfermedades crónicas.
Las distintas formas de violencia contra la niñez también generan graves costos económicos y sociales por la carga que representan para los servicios de salud, justicia y protección, entre otros, y una pérdida del capital humano que limita el desarrollo de una sociedad a largo plazo. A nivel internacional se han llegado a estimar los costos de la violencia contra la niñez en cerca del 8 por ciento del PIB mundial.
En Colombia se desarrolló la encuesta conocida como Vacs en el año 2018, que proporcionó información valiosa sobre la magnitud de la problemática. La encuesta mostró que cerca del 41 por ciento de la población colombiana menor de edad había sido víctima de algún tipo de violencia. Es muy alarmante que una gran proporción de estos casos ocurran en el entorno hogar.
La Vacs evidenció también que el 15 por ciento de las niñas y adolescentes mujeres fueron víctimas de violencia sexual, prácticamente duplicando los casos en niños y adolescentes hombres. Estos datos ilustran cómo la inequidad de género está en el origen del problema.
A este panorama se sumó que, durante el confinamiento por la pandemia, muchos niños, niñas y adolescentes quedaron expuestos a situaciones de violencia que, en gran medida, quedaron invisibilizadas por las menores posibilidades de denuncia ante la limitación de servicios presenciales en las entidades de Estado.
En el país ha habido esfuerzos y avances importantes desde hace al menos 20 años para mejorar la protección de los derechos de la niñez desde entidades del estado y organizaciones de la sociedad civil y la academia. Pero se necesita redoblar esfuerzos para abordar la delicada situación que vivimos hoy y garantizar que la prevención de la violencia sea un asunto colectivo, donde empecemos por modificar las normas y valores de una sociedad que normaliza el castigo físico, la violencia psicológica e incluso la violencia sexual.
Bajo el liderazgo del Icbf y la Consejería para la Niñez, se viene implementando un ambicioso plan nacional para la prevención de esta problemática, aprobado en el 2021, que incluye importantes acciones lideradas desde diversos sectores.
Es fundamental que el nuevo gobierno conozca y valore este plan, lo incluya en sus prioridades y, por supuesto, lo adapte y fortalezca de acuerdo con sus políticas. Los derechos de la niñez son una causa superior y una obligación constitucional, no tienen color político ni ideológico y, por lo tanto, deben ser una política de estado.
Como lo evidencia el análisis realizado por Niñez Ya a los programas de los candidatos que se postularon a la pasada contienda electoral, el programa del presidente electo Gustavo Petro contempla medidas muy pertinentes para la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, incluyendo políticas y estrategias para la prevención de la violencia y la explotación sexual.
Es urgente que el nuevo gobierno le asigne a la prevención de este flagelo los recursos y el nivel de prioridad que merece y que incorpore las recomendaciones hechas por este valioso informe de la sociedad civil, como es la de incluir una meta específica de reducción de la violencia contra la niñez en el plan de desarrollo o garantizar los recursos para una unidad especial en la Fiscalía para la investigación de delitos contra la infancia y la adolescencia.
Debe haber un acuerdo fundamental de la sociedad colombiana y un esfuerzo colectivo para desnaturalizar la violencia contra la niñez y la adolescencia, de manera que, sumado a un conjunto de estrategias multisectoriales y la colaboración de cada ciudadano, logremos construir una cultura de respeto por los derechos y la integridad de niños, niñas y adolescentes. Citando a Nelson Mandela en esta semana en que se conmemora su vida y su legado: “el verdadero carácter de una sociedad se revela en la manera como trata a sus niños”.
Es esencial fortalecer todos los entornos para que sean protectores de la niñez y la adolescencia, con énfasis en el hogar, la escuela, las instituciones, el espacio público y los entornos digitales. Este esfuerzo requiere fortalecer el desarrollo de competencias para la prevención en niños, niñas y adolescentes, y en padres, madres y cuidadores, y de acciones oportunas para identificar y detectar los riesgos, y activar rutas de atención y mecanismos de acceso a la justicia.
Como parte central de estos esfuerzo, deben fortalecerse los servicios sociales y de protección para niños y adolescentes víctimas de violencia, dando especial importancia al apoyo psicosocial, la salud mental y la construcción de proyectos de vida. Es determinante garantizar la ética y la excelencia en los defensores de familia y demás recursos humanos involucrados en estos servicios.
Es necesario incorporar y fortalecer una diversidad de medidas en esta política estatal que pasan por: reducir la impunidad, fortalecer la detección en escuelas y colegios, incorporar acciones de prevención en programas culturales y deportivos, fortalecer la Policía de Infancia y Adolescencia, adecuar el espacio público para que sea seguro, y prevenir los riesgos en internet, entre otras acciones donde todos los sectores y ciudadanos podemos y debemos colaborar. Como padres y ciudadanos adultos, tenemos que empezar por escuchar a niños y niñas, creer en los que nos dicen, así como estar atentos a cambios en su comportamiento y otros signos de alerta.
Llegó la hora de parar este grave fenómeno en Colombia y para ello es necesario emprender un proceso de cambio social que nos permita ser una sociedad cada vez más protectora, donde los niños crezcan felices y seguros, una sociedad más digna y capaz de encontrar el camino hacia el progreso, la reconciliación, la paz y el desarrollo. Estas causas colectivas requieren que la prevención de la violencia contra la niñez se posicione con fuerza en el centro de la agenda pública, de las prioridades del gobierno y de las nuestras como ciudadanos.
