Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La flexibilización al porte de armas es una medida peligrosa y no tiene ningún fundamento científico. Más bien, demuestra el escaso valor que algunos le dan a la evidencia para prescribir la política pública
Voy a empezar esta entrada con una historia personal. Hace unos tres años, yo estaba caminando con mi esposa, un sábado al medio día, exactamente sobre el mismo puente donde esta semana un médico asesinó a tres asaltantes. Quizás por esa razón, este caso es un poco más personal.
En esa ocasión, sentí que un hombre en sus treintas empezó a mirarnos de forma extraña. Yo creí que era un ladrón, así que cambié mi paso y tomé el brazo de mi esposa. Este hombre aceleró el paso, nos abordó por el lado izquierdo y me preguntó “¿Qué problema tiene conmigo?”.
Sin mediar palabra sacó una pistola y me apuntó. Nos dijo que él no era ningún ladrón y nos hizo cruzar el puente adelante de él, escoltándonos, mientras nos apuntaba. En esos segundos que cruzamos el puente yo solo esperaba los disparos. Afortunadamente, al final del puente, después de tranquilizarlo mientras caminábamos, se fue en dirección contraria. La policía llegó rápidamente, pero no suficiente para detener al hombre. Él cogió un bus en la avenida novena en sentido norte y desapareció.
Quizás tuvo un mal día o quizás tenía algún otro problema, pero fue claro que este hombre no estaba en capacidad de portar un arma, ni legal ni ilegal (nunca lo sabré). El proceso de decisión de ese hombre podría haber sido parecido al del médico del puente. Esta persona portaba el arma para defenderse. Este hombre sacó su arma por lo que él percibió como legítima defensa. Para él, una mirada con sospecha fue una razón suficiente para sacar su arma de fuego y apuntarla a dos personas que no representaban ninguna amenaza a su integridad. En ese momento, un civil tenía la potestad de tomar decisiones sobre la vida de otras dos personas por una razón que bajo ninguna circunstancia era la legítima defensa. Sin embargo, esa era claramente la razón por la que él la portaba la pistola y la razón por la que nos apuntó.
Esta entrada no intenta juzgar si desde una perspectiva individual hubo o no legítima defensa en el caso del médico del puente. Eso lo definirá un juez. Pero por mucho que no me gusta la evidencia anecdótica, creo que la exitosa (y probablemente legítima) defensa del médico puede inclinar a muchos a pensar que la flexibilización al porte es una medida sensata. Esta historia personal busca proveer también evidencia anecdótica en el sentido contrario.
Pero fundamentarse en circunstancias particulares, utilizar evidencia anecdótica o apelar al miedo para prescribir política pública es un error. La política pública requiere evidencia.
La discusión sobre la legalidad o la ilegalidad del porte de armas es, en el mejor de los casos, una discusión incompleta. Es incompleta porque supone que los individuos son consistentes. Supone que si una persona tuvo las características para poseer o portar un arma una vez, las tendrá siempre y si algo muestra toda la literatura en economía comportamental es que los seres humanos no somos consistentes en el tiempo. La cordura no es un estado permanente.
La flexibilidad en el porte de armas facilita la disponibilidad de las mismas (tanto las legales como las ilegales), hace el trabajo de la policía aún más difícil e incrementa el riesgo de que quienes las portan legalmente resulten heridos. Además, no protege a nadie, ni siquiera a quienes las portan.
La evidencia en Estados Unidos apunta a que la adopción de leyes que proveen una justificación legal al uso de la fuerza letal como mecanismo de defensa personal, no reduce los crímenes y de hecho incrementa el riesgo de muerte. En particular, porque incrementa la letalidad de actos criminales que de otra manera no hubiesen sido letales. Es decir, la flexibilización del porte de armas de fuego hace más probable que el ciudadano que la porta resulte herido.
En Colombia un estudio de Andrés Villaveces demostró que las restricciones temporales al porte de armas de fuego a mediados de la década de 1990 redujeron los homicidios en Bogotá y Cali en alrededor de un 14 por ciento. Diferentes reportes en el país (como este, este, este y este) confirman este hecho. Este no solo es el caso de Colombia, estudios en Brasil y Sudáfrica, países de similar nivel de ingreso y de problemas de violencia, demuestran una realidad que es claramente extrapolable.
Para complementar este cuerpo de evidencia, en conjunto con Nicolás Guzmán, nos propusimos medir el impacto de la restricción permanente al porte de armas que implementaron Bogotá y Medellín en 2012. Este estudio, muy oportunamente, será publicado en marzo en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud. Pueden consultar la versión preliminar acá.
En este estudio, nuestro objetivo fue evaluar: (i) el efecto de la restricción permanente al porte de armas sobre la mortalidad por armas de fuego en Bogotá y Medellín y (ii) determinar la diferencia en el efecto de la restricción por lugar de muerte y género de la víctima.
Nuestros resultados muestran que la restricción permanente al porte de armas de fuego en Bogotá y Medellín en 2012 redujo los homicidios en 22 por ciento. Teniendo en cuenta las tasas de homicidios del mes inmediatamente anterior a la restricción, esto equivale a treinta vidas salvadas en las dos ciudades por mes. Una muerte menos al día.
La restricción redujo la mortalidad por armas de fuego predominantemente en hombres que mueren en “vía pública”. Sin embargo, la restricción tuvo otro efecto muy interesante, redujo en 6 por ciento la mortalidad por armas de fuego en mujeres que eran asesinadas en sus residencias. Con los datos que tenemos es imposible comprobarlo, pero estos son resultados muy sugestivos de que entre otras cosas, la restricción al porte de armas de fuego redujo la mortalidad por armas de fuego asociada a episodios de violencia doméstica.
Un estudio que hemos realizado con tomadores de decisiones en conjunto con estudiantes y profesores de la Universidad de los Andes, la Universidad de Massachusetts en Boston y de la Universidad de Johns Hopkins nos demuestran que el éxito de la restricción en estas dos ciudades fue un motivo para que a partir de 2016, la restricción al porte de armas se expandiera a todo el país. Uno de los productos de este estudio es una nota de política sobre el recorrido normativo de la restricción que pueden encontrar acá.
Así mismo, nuestro estudio sugiere que la restricción al porte de armas le hace más fácil el trabajo a la policía, pues no se enfrentan a restricciones jurisdiccionales y es más fácil ejercer control al porte cuando este es absoluto y no selectivo (Pequeña cuña: Para quienes esten interesados en los resultados preliminares de este estudio, el 16 de marzo estaremos presentando estos resultados en la Universidad de los Andes, si están interesados pueden seguir la cuenta de Twitter de la Escuela de Gobierno de esa universidad)
Siendo así y contando con toda la evidencia que soporta la restricción al porte de armas, ¿Para qué volver atrás? Generar consensos en una sociedad ya es difícil como para revertir los acuerdos sensatos y que tienen evidencia empírica que los soporta.
Es frecuente escuchar el argumento de que “la gente de bien” debería poder estar en capacidad de defenderse. En la mayoría de los casos quienes portan armas legalmente no pueden defenderse efectivamente y de hecho, enfrentan un mayor riesgo de resultar heridos.
Por otro lado, quienes portan legalmente armas también se tornan irritables, tienen malos días, también consumen alcohol y otras sustancias psicoactivas, y también interpretan la realidad en forma incorrecta. Portar armas convierte cualquier malentendido en un episodio mortal. Por esto, la restricción al porte de armas es una herramienta fundamental dentro de una estrategia más amplia de reducción de la violencia.
Recientemente algunos opinadores, incluyendo legisladores, argumentan que la solución a la violencia en las calles y la delincuencia es flexibilizar el porte de armas. Esta es una afirmación peligrosa, que no está basada en ningún estudio serio y que demuestra el escaso valor que algunos le dan a la evidencia para prescribir la política pública. No existe un estudio que soporte la flexibilización al porte como medida de reducción de la violencia.
El congreso sí debería actuar, pero basado en evidencia. Es imperativo que el congreso produzca legislación para restringir permanentemente el porte de armas por parte de civiles, pues hoy en día es un decreto del Ministerio de Defensa que se actualiza cada año.
*Antes de que alguien se ofenda por el título, el título es una adaptación de una frase de James Carville, quien famosamente dijo “Es la economía, estúpido!”, cuando se refería a la economía como un tema fundamental en el que se debía enfocar la campaña presidencial de Bill Clinton.
*Esta entrada es escrita a nombre personal y no representa la posición de ninguna institución. Así mismo, no tengo conflictos de interés por declarar.
