Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Cualquier inversión tiene un riesgo asociado, y es responsabilidad de cada inversionista medirlo, gestionarlo, y por supuesto, asumir las consecuencias si este se materializa. Ese es el juego del capitalismo en el que las empresas de todos los tamaños juegan.
Por eso es escandaloso cuando un gobierno rescata a una empresa que hace una inversión riesgosa. Pero eso es precisamente lo que está haciendo el Gobierno Petro con un artículo del Decreto 1276 de Emergencia de La Guajira, salvando las finanzas de empresas multinacionales, mientras los usuarios finales pagamos energía más cara.
La historia arranca con la subasta de energía del año 2019 del Gobierno Duque. El gobierno quiso promover el desarrollo de renovables juntando generadores (vendedores) y comercializadores (compradores) de energía para que hicieran contratos de energía entre ellos.
Ese contrato garantizaba ingresos estables para los generadores y permitía que los comercializadores compraran energía a precio fijo, sin tener que entrar a la bolsa, donde los precios pueden ser más altos.
Hasta ahí todo iba bien, y el compromiso era que los proyectos empezaran a generar energía el primero de enero de 2022.
Pero uno de los riesgos de los proyectos se materializó: la línea de transmisión Cuestecitas-La Loma (que es dónde están todos los proyectos eólicos conectados) tuvo problemas con las consultas previas y se atrasó. Sin línea no se puede entregar energía, y los proyectos no están funcionando hoy.
Entonces, los generadores tenían que cumplir sus obligaciones así no estuvieran generando. Ese es el juego del capitalismo. Ellos debían comprar energía para vendérsela a los comercializadores al precio pactado y así lo estaban haciendo.
Sin embargo, Electricidad de Portugal le solicitó explícitamente al gobierno que los contratos se suspendieran hasta que los proyectos empezaran a generar energía. Y el gobierno hizo caso:
¿Qué implica eso? Que los comercializadores de energía que contaban con energía garantizada ahora tienen que salir a comprarla en bolsa, con precios disparados por el fenómeno del Niño. Todos los hogares y pequeñas industrias colombianas van a tener que comprar esta energía en bolsa.
Según la Asociación de Comercializadores de Energía, la tarifa puede subir más un menos un 7%, algo así como 60 pesos por kWh.
En contraste, con grandísimos esfuerzos, el pacto tarifario que logró la exministra Irene Velez pudo bajar la tarifa apenas 6 pesos. ¡Este decreto sube casi 10 veces lo que se disminuyó! Una familia pobre de La Guajira pagará 13.000 pesos más de energía al mes por un decreto que buscaba solucionar su situación económica.
Los compradores de esta energía atienden estratos 1, 2 y 3, los cuales están parcialmente subsidiados. Entonces, el aumento en la tarifa también implica aumento de subsidios del presupuesto general de la nación. Todos los que declaramos renta también estamos asumiendo los riesgos de las decisiones de inversión de las empresas en La Guajira.
Por lo demás, el decreto también es un golpe a la institucionalidad. Algogen, el gremio que acoge otras empresas que serían beneficiadas con esta medida, como AES y Celsia, se ha pronunciado en contra del mismo, diciendo que “nos preocupan que algunas de las medidas adoptadas en el Decreto 1276 de 2013, no conducen a superar las causas de la declaratoria de situación de emergencia en el Departamento y además, van en contravía de los principios que hemos defendido desde el sector de generación de energía eléctrica, que terminarán perjudicando a los usuarios finales al desincentivar la competencia y producir sobrecostos en la prestación del servicio”.
El Gobierno está mandando al traste la seguridad jurídica del sector que las empresas han solicitado y defendido durante tanto tiempo.
¿Vale la pena generar afectar la institucionalidad para favorecer a las empresas extranjeras? ¿Por qué el gobierno salva las finanzas de las grandes empresas con la plata de los usuarios? ¿Qué pasó con el juego del capitalismo donde quien invierte debe asumir sus riesgos?
Es una contravía completa a la promesa de este gobierno de materializa una transición energética justa.
