Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La reforma laboral presentada por el gobierno de Gustavo Petro presenta un articulado enfocado en proteger los derechos laborares y buscar una mayor remuneración en los empleos formales. No obstante, la realidad del empleo y empresariado colombiano está lejos de poder aplicar las condiciones propuestas.
A manera de síntesis, la reforma propuesta se enfoca en, entre otros, contratación a término indefinido, jornada laboral de 8 horas con recargos nocturno y dominicales, castigar el acoso laboral, promover la equidad de género incluyendo por ejemplo licencia de paternidad, regularización del trabajo en plataformas virtuales, el jornal agropecuario y fortalecer garantías sindicales.
Estos objetivos pensados posiblemente con “buenas intenciones” poco o nada mejorarán ni facilitarán las condiciones para la mayoría de trabajadores y al contrario generan más dificultades para empresarios y la generación de empleo.
Composición del mercado laboral: las Mipymes generan el 80% del empleo
Diferentes declaraciones acerca del empresariado colombiano parecen hacer referencia a un imaginario grupo de magnates que se reparten el país desde sus jets o yates a costa de los trabajadores, sin importar sus derechos y violándolos sistemáticamente con tal de mantener sus ganancias.
Quizás algunos empresarios hayan abusado en alguna ocasión y no se trata de defender dichas actuaciones. No obstante, la realidad del tejido empresarial colombiano no es de grandes empresas, que contratan informalmente. Veamos…
Según cifras del Departamento Nacional de Estadística (Dane) hay en nuestro país cerca de 5,8 millones de empresas de las cuales más del 99% son micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que se estima generan cerca del 80% del empleo.
Asimismo, según la encuesta nacional de hogares en los tipos de ocupaciones, la franja denominada “trabajadores por cuenta propia” es el grupo de mayor peso representando el 42,4%; de ellos el 76% son de 1 persona y el 16,3% entre 2 y 10 personas.
Es decir, la gran mayoría de empleados y empleadores no podrán cumplir las condiciones propuestas del ya complejo entramado sistema laboral colombiano; para la generalidad de trabajadores y empresarios poco o nada importarán las garantías sindicales, los recargos nocturnos, la equidad de género o las semanas de paternidad… deben atender su negocio que es su seguridad laboral, lo único real es que habrá más barreras y complejidad.
Formalidad laboral: en las grandes empresas no está la informalidad
Según la misma encuesta para el primer trimestre de 2023, la fuerza laboral que cumple y paga sus prestaciones de salud y pensión por su vínculo laboral está estimada en 96,2% en empresas grandes, 92% en empresas medianas, cae al 76,7% en pequeñas y hasta el 14,7% en micros, las que como se indicó componen la franja más importante en generación de empleo.
Asimismo, de los trabajadores por cuenta propia más de 71% ganan menos de 1 Smlv, que no cubre las garantías de un mínimo vital. Es entonces más que difícil, imposible que paguen su seguridad social con las condiciones impuestas y menos permitirse cancelar otras prestaciones o recargos. Esta es la realidad del país, no el imaginario de garantizar derechos laborales cuando ni siquiera se ha alcanzado un trabajo formal para la mayoría.
Ahora la informalidad en zonas rurales está estimada en 85%, más de 40 puntos por encima del promedio de las 13 ciudades principales que está en 43%. En dichas zonas distantes y con baja presencia estatal, una ley pensada desde cómodos escritorios en Bogotá que mejore “así’ las garantías laborales es infructuosa y contraproducente; el primer deber seria generar oportunidades de empleo formal y no celebrar que les llegue un subsidio como lo hace el presidente Petro en este trino.
Si bien hay brechas por cerrar en empresas grandes y medianas, este no es el foco a trabajar, ni donde se debería priorizar la formalización. Salud, pensión y empleo son temas indisolubles que deben ir de la mano. Pero debe arrancar con la generación de empleo y su formalización, ampliando la cobertura social: ese debería ser el objetivo de cualquier reforma o política de empleo.
La reforma laboral está en línea con el equivocado discurso que estigmatiza al empleador como explotador. Vale la pena traer a colación la vigente frase de W Churchill: “muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir; otros lo miran como la vaca a la que hay que ordeñar; pero muy pocos lo miran como el caballo que tira el carro”.
En lugar de flexibilizar, simplificar y ofrecer condiciones acordes a la realidad de los trabajadores y el empresariado, se proponen más restricciones y barreras que conllevan a más costos, informalidad y desempleo, como lo indican estudios del Banco de la República o lo señala el director de Fedesarrollo, entre otros.
No es el gran empleador hacia el que deben enfilar los cambios o la búsqueda de garantías laborales. Es en la tienda, peluquería de barrio, el conductor de taxi, el vendedor independiente o el pequeño negocio. No es en el ministerio o la universidad donde se realizan foros de análisis, pues la informalidad está en el jardín infantil, colegio de barrio o provincia lejana.
Se propone una ley pesando en el 1% de las grandes empresas y brindar más garantías al 20% de los trabajadores, en lugar de pensar en el 80% de las personas reales que hacen parte de la fuerza laboral de nuestro país.
Para facilitar la actividad de esos emprendedores y la generación de empleo formal es que debería pensarse una reforma laboral. Son esos propietarios de pequeños negocios o trabajadores por cuenta propia los millones de motores que mueven el barco donde todos estamos navegando.
El Congreso del que muchos de sus miembros parecen no haber generado un solo empleo, proponen y legislan a espaldas de la realidad del país, generando trabas que van en contravía de la necesidad de las personas y el requerimiento global.
De hecho, cualquier reforma que incremente costos o complejice el sistema laboral no afectará al gran empresario. Estos tienen abogados que resolverán temas de seguridad o estabilidad laboral. Su equipo comercial sabe cómo hacer los cálculos económicos, de manera que trasladarán el sobre costo de sus productos o servicios al consumidor, lo que se traduce en inflación.
El empresario de la Mipyme es quien se verá más afectado y quien al notar que “no le cuadran las cuentas” subirá el precio, se verá presionado a contratar informalmente o dejará su negocio.
Se requiere un sistema simple, al alcance de cualquiera
La prioridad máxima de cualquier reforma laboral debería ser generar empleo formal y para ello simplificar y flexibilizar el sistema laboral es determinante. No se trata de desconocer derechos laborales, pero sí entender la realidad del país. Por su puesto el pago de salud y pensión deben ser obligatorios y deberían ser la mínima cobertura para cualquier empleo o labor, pero no con tanto enredo. Podría existir un sistema simple con a lo sumo 3 regímenes o pilares.
- El primero y más básico es que tenga por ejemplo una tarifa de 30% adicional al salario básico acordado que cada empleador aporte al sistema. Cubre salud, pensión y un reconocimiento para vacaciones, acorde a la jornada laboral trabajada.
- Un segundo que incluya un porcentaje adicional para temas de recreación, compensación familiar o prima.
- Un tercero que incorpore beneficios adicionales de ahorro voluntario pensional, cesantía, prima adicional u otros rubros.
El trabajador negociará las condiciones y será un atractivo entre diferentes ofertas aquel que brinde mayores beneficios partiendo de un mínimo obligatorio, fácil de comprender y auditar.
El cálculo de los parámetros o rubros a destinar se puede debatir entre diferentes corrientes de economistas, analistas y políticos. La clave es que sea fácil de entender y calcular para el panadero o el conductor de plataforma y que cualquier trabajador lo pueda exigir a su empleador, bien sea en una pequeña miscelánea o un puesto ambulante de comida.
El sistema actual dejó atrás una premisa básica de cualquier régimen: aquel que sea más fácil de operar es el que es más fácil de controlar. Un esquema simple permitiría que el empleador se enfoque en generar valor y crear oportunidades, en lugar de desperdiciar su tiempo haciendo cálculos del complejo sistema laboral y tributario, evaluando como reducir el costo de contratación o minimizar el pago de impuestos y tributos.
Cualquier reforma laboral debería entender la realidad del empleo, su generación y el perfil del empresariado y trabajador colombiano. Es para ellos que se debe pensar, son ellos quienes más beneficiarán al país con mayor contratación y más generación de impuestos y en la medida que lo hagan formalmente aumentará la seguridad social para todos. No es un tema de ideología, es ver la realidad con los ojos de los trabajadores y empresarios reales quienes halan la carreta.
