Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
¿Dónde queda la discusión sobre las técnicas adecuadas para la lucha contra la expansión de los cultivos?
Esta semana, desde Londres, el Presidente Duque anunció que ya estaban listos los protocolos para retomar las fumigaciones aéreas contra cultivos de uso ilícito.
Botero, el ministro de Defensa, al ser interrogado por la prensa, señaló que el químico a utilizarse nuevamente sería el glifosato. Según este funcionario, todo lo exigido por la Corte Constitucional está listo para ser aprobado por el Consejo de Estupefacientes y dichas operaciones comenzarían en 12 semanas.
El debate se reabrió en Colombia. Defensores del medio ambiente y los derechos humanos se opusieron, mientras que unos pocos aseveran que el incremento de los cultivos de coca solo puede contenerse con una agresiva campaña aérea que vierta el agrotóxico sobre los cultivos, dados los riesgos que corren los erradicadores manuales.
Dos días después la Corte Constitucional dijo que el Gobierno aún no está autorizado para retomar las aspersiones, a la luz de la Sentencia T 236 de 2017, puesto que la administración Duque debe comprobar ante la Corte, antes de fumigar, que con su acción no se van a causar daños a la salud o al medio ambiente.
En un comunicado, esta semana, DeJusticia recordó que las condiciones ordenadas por la Corte Constitucional no se han cumplido. Al respecto, enfatiza Dejusticia:
“El CNE solo podrá modificar la decisión de no reanudar el PECIG “cuando haya diseñado y se haya puesto en marcha, por medio de las medidas legales y reglamentarias que sean pertinentes, un proceso decisorio”, en el que se cuente con la participación de las comunidades afectadas, y se tengan en consideración cuatro requisitos…:
1. Una regulación diseñada y reglamentada por organismos independientes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas o del Ministerio de Defensa.
2. Esta regulación debe partir de una evaluación de la evidencia “objetiva y concluyente” que demuestre la ausencia de daño a la salud y al medio ambiente.
3. Además, la regulación debe contar con mecanismos de revisión automática de las decisiones que se tomen cuando se reporten nuevos riesgos. De esta manera, la decisión de retomar las fumigaciones debe indicar qué entidades tienen las competencias para expedir dichas alertas. Como mínimo, se debe contar con las autoridades de salud, ambiente y el Ministerio Público, en el orden nacional y territorial.
4. En la formulación de la regulación deben considerarse procedimientos de queja comprehensivos, independientes, imparciales y vinculados con la evaluación del riesgo, de manera que las personas que sean afectadas por las operaciones de aspersión no tengan que acudir a la Policía Nacional para reportar los daños, sino a una entidad independiente que garantice el debido proceso al momento de alegar los daños.
De igual forma, la sentencia exigió a la Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación supervisar, de manera conjunta, el cumplimiento de las órdenes del fallo. También ordenó a todas las entidades que conforman el Consejo Nacional de Estupefacientes cumplir las instrucciones dadas por el Ministerio Público para adelantar esa tarea”.
Actualmente existe más evidencia sobre riesgos y daños que pueden ser causados por la utilización de agrotóxicos como el glifosato, que la que existe en su favor. Aunque esta sustancia química sea usada en agricultura comercial por particulares, no es dable que el Estado se comporte como uno de aquellos.
La fórmula empleada y las condiciones en que se aplica (desde el aire con aviones de guerra, en contextos geográficos muy difíciles, a gran altura, etc) difieren de un uso focalizado y delimitado tal como cuando se emplea como matamalezas en un jardín. En Audiencia de seguimiento efectuada por la Corte el pasado 7 de marzo, se presentó más información sobre estudios que prueban daños que sobre sus bondades.
Para los casos específicos de pueblos indígenas, la consulta previa no puede ser eludida. Al respecto cabe recordar la acción interpuesta por la Organización de Pueblo Indígenas de la Amazonía en medio de las campañas de fumigación del Plan Colombia, ante la cual la propia Corte Constitucional le concedió razón a la OPIAC.
La Personería de Nóvita Chocó informó recientemente que el Gobierno Nacional no ha hecho nada significativo por adelantar un proceso de concertación y consulta, tal como fue ordenado por la Corte. A ello se agregan las restricciones que existen sobre fumigaciones aéreas con químicos en parques naturales.
Hay que citar también el hecho de que ante tribunales contencioso administrativos se adelantan demandas interpuestas por comunidades campesinas de Sur de Bolívar, Cauca y Nariño. En Cauca las fumigaciones acabaron en los años 2000 con cultivos de sustitución que habían sido apoyados por USAID. En Sur de Bolívar las aspersiones fueron aparejadas con el avance de grupos paramilitares, tal como ocurrió en Putumayo también.
Otro caso, esta vez el de una mujer que murió víctima de afecciones causadas por fumigaciones aéreas en Caquetá ha sido recientemente admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
No puede olvidarse el caso interpuesto por Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por daños causados a su población en la frontera. Colombia reconoció los daños e indemnizó a su vecino, Ecuador retiró la demanda y los dos países acordaron una franja de protección ante fumigaciones aéreas.
Es bien conocido que tribunales de los Estados Unidos han impuesto millonarias condenas a Monsanto por demandas de usuarios de glifosato, por la falta de información clara en su etiquetado y por la aparición de cáncer en personas que han estado en contacto con dicha sustancia. En Francia, desde 2017 se prohibió el uso de ese químico en espacios públicos y el particular que lo use puede ser sancionado hasta con 30.000 euros. En la región de Bruselas también se prohibió su uso.
A pesar de que la Unión Europea discute su prohibición siguen primando los negocios en la venta del químico, pues el lobby de Monsanto-Bayer es muy grande y hace poco quedó al descubierto en París que se emplearon campañas de desprestigio contra políticos y activistas que cuestionan dicho producto.
Un Tribunal de Opinión contra Monsanto que tuvo lugar en La Haya acopió información sobre daños causados por el herbicida. Un campesino de Putumayo acudió a ese Tribunal con pruebas que evidencian el daño en sus cultivos de pancoger y en alternativas económicas que él mismo había establecido. Una película titulada “veneno contra veneno” muestra claramente el impacto nocivo sobre el pueblo de ese departamento en el período Plan Colombia.
Fue tan perjudicial a las comunidades el empleo masivo e ininterrumpido del tóxico vaciado desde el aire, y tan poca la atención prestada por los gobiernos que lo usaron como parte de la estrategia contrainsurgente, que fue el Congreso de Estados Unidos, por pedido de ONG de derechos humanos, el que exigió la adopción de un sistema de quejas y reclamos, el cual terminó siendo administrado por la propia Policía Antinarcóticos, la que siendo juez y parte negó sistemáticamente las reclamaciones de las familias afectadas. Ahora la Corte Constitucional ha requerido una entidad independiente que garantice el debido proceso.
Pero todos estos elementos parecen jurídicos y administrativos. Entonces, ¿dónde queda la discusión sobre las técnicas adecuadas para la lucha contra la expansión de los cultivos?
Juan Manuel Santos, ex ministro de defensa y ex Presidente, ha aseverado en varios medios y ante la Corte Constitucional que cuando más se usó la fumigación aérea (2007) fue cuando más crecieron los cultivos, lo cual indica un altísimo nivel de resiembra en las mismas zonas fumigadas, lo que deja entrever que se generó un mayor problema de deforestación y un claro traslado de los cultivos de un lugar a otro.
Es decir, las fumigaciones aéreas no sirven para contener de manera sostenible los cultivos, pero si se pagan costos muy altos en términos ambientales, sociales y económicos.
El diario El Espectador en su editorial del 22 de Junio, se pregunta: “¿No es contradictorio, además, que el mismo presidente Duque haya resaltado hace unos días las cifras nada despreciables de su administración en materia de erradicación (manual) de cultivos ilícitos, logros alcanzados sin necesidad de la aspersión del herbicida?”.
El mismo diario asegura que: “En el pasado las aspersiones han servido como excusa para que los gobiernos no elaboren planes integrales para enfrentar los cultivos ilícitos y resolver los problemas estructurales que están en la raíz del narcotráfico. Además, como lo hemos señalado hasta el cansancio en este espacio, otro gran problema con las fumigaciones aéreas es que perpetúan la enemistad entre poblaciones ya de por sí vulnerables y un Estado lejano e incapaz de ofrecerles alternativas a los cultivos ilícitos”.
Finalmente, todo indica que Duque se dejó apresar por la administración republicana de los Estados Unidos, con la cual se identifica. Apenas se posesionó corrió con sus embajadores al Departamento de Estado para comprometerse a hacer en un año lo que Santos había dicho que se podía en cinco años. Mientras el anterior gobierno había logrado que US midiera al país cada cinco años, el Presidente actual permitió que nos evaluaran otra vez cada año.
Así las cosas, Colombia está a punto de ser descertificada por Trump y eso tiene asustado al jefe del partido en el poder. Por eso lanzan globos para entretener a incautos. Una papeleta contra drogas; un estado de opinión para hacer una Corte a su acomodo; o un anuncio de fumigar sin tener certezas de cómo hacerlo.
PD: En sus reiterados viajes por el mundo, a Duque no se le ha ocurrido incluir las bondades del programa de sustitución. Ni una palabra sobre la importancia de cumplirle a las familias campesinas que se comprometieron a arrancar sus cultivos de forma voluntaria.
