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A dos años del acuerdo de La Habana un seguimiento de las cifras de violencia publicadas por Forensis muestra un panorama preocupante en el sur del país.
¿Qué está pasando en el posconflicto? A dos años del acuerdo de La Habana un seguimiento de las cifras de violencia publicadas por Forensis. muestra un panorama preocupante en el sur del país, que se agrava tras el anuncio de la disidencia de Iván Márquez de retomar las armas.
Actualmente, los homicidios en el Caquetá superan los de años de confrontación armada con las FARC. Cuando se decretó el cese al fuego bilateral y definitivo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, en 2016, Caquetá vivió la tasa de homicidios más baja de su historia reciente (25,42*) . Sin embargo, el comportamiento de este indicador en los últimos años muestra un deterioro significativo de la seguridad en el departamento, llegando en 2018 a una tasa de 41,51 homicidios por 100.000 habitantes, mayor incluso a la del periodo 2008-2012 (36,67)**, años de confrontación militar (Ver Gráfica 1). La tendencia al incremento no es solo departamental, también es nacional, si bien el Caquetá vive una de los mayores aumentos.
Caquetá es el cuarto departamento con la tasa más alta de homicidios a nivel nacional (41,51), siguiendo a Arauca (59,1), Valle del Cauca (47,81) y Putumayo (46,53). Según Semana, Caquetá también es el cuarto departamento con más exguerrilleros asesinados (13), después Cauca (26), Nariño (23) y Antioquia (17).
La violencia en el Caquetá se encuentra cirscunscrita a un fenómeno regional que toca departamentos vecinos como Meta, Guaviare y Putumayo (Ver Mapa 1). Los municipios del Caquetá con altas tasas de homicidio que son frontera departamental limitan con municipios con altas tasas de homicidio en departamentos vecinos.
Así, encontramos tres áreas focos de violencia en la región suroriental colombiana:
El primer foco se encuentra al norte y comprende los municipios en el Meta de Mesetas (43,55), Puerto Rico (42,40), Puerto Lleras (52,68), Mapiripán (53,96) y Puerto Concordia (48,76), todos con altas tasas de homicidios.
La segunda, en el Caquetá, comprende a San Vicente del Caguán (58,57) y está articulado a un eje de violencia con La Macarena, Meta (50,33) y Calamar, Guaviare (177,39) por una lado, así como con Cartagena del Chairá (60,08), Paujil (56,74), Montañita (120,13) y Milán (50,72) por el otro.
Al sur del Caquetá, San José del Fragua (78,83), Curillo (76,08) y Piamonte, Cauca (67,23) se articulan con una alta tasa de homicidios en los municipios del Putumayo: Puerto Guzmán (78,61), Puerto Leguízamo (65,02), Puerto Asís (64,28), Puerto Caicedo (74,68), San Miguel (49,42), Villagarzón (65,42) y Valle del Guamuez (39,14).
Lo anterior habla de una violencia de carácter regional, que trasciende los límites municipales y que se refiere a la articulación de estos territorios al Estado-nación.
Norte del Caquetá: Posacuerdo violento
El actual incremento de los homicidios se ha centrado en municipios que tradicionalmente fueron territorios con alta presencia de las FARC. En Montañita, cuya tasa venía en descenso desde el 2010, y con el Acuerdo de la Habana llegó a su punto más bajo en 2016, los homicidios están disparados (120) y alcanzan cifras similares a las de los peores años de confrontación armada (2002, 2004 y 2010 con 122, 138 y 131 respectivamente). La gravedad de la situación en Montañita también está dada porque en el municipio está ubicado uno de los dos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación de las FARC en el Caquetá: Aguabonita. El incremento de la violencia en la zona pone en riesgo una experiencia de paz que ha mostrado significativos avances y sobre la cual se pueden ver los logros concretos del Acuerdo en el territorio. ¿Cómo entender este contraste? ¿Es un saboteo a la paz? ¿La desmovilización de las FARC implicó un descontrol en el territorio?
Tras el Acuerdo de la Habana, en Montañita han sido asesinados líderes como David Mejía Prieto, dirigente comunal y Juvenal Silva y Jeffesor Monroy, estos últimos tras un operativo del Ejército contra un grupo armado que los había obligado a servirles de transporte, justo el día en que Juvenal Silva había participado activamente en la jornada electoral trasportando votantes de Gustavo Petro.
De igual forma, en Cartagena y San Vicente del Caguán, municipios afectados ampliamente durante el conflicto armado, se registran actualmente altas tasas de homicidios: 60 y 58 respectivamente. Para el caso de Cartagena, municipio sede de la X Conferencia de las FARC donde se ratificaron los acuerdos, si bien hay un aumento de las cifras de homicidio frente a 2016, éstas aún no han alcanzado los picos de homicidios que generó el conflicto durante la Seguridad Democrática (2002-2010). El posacuerdo en este sentido ha traído más tranquilidad al conjunto de la población, sin embargo Cartagena es uno de los municipios del Caquetá con mayor cantidad de líderes sociales asesinados tras el Acuerdo de La Habana. Entre las víctimas se encuentran Miguel Gutiérrez, Oscar Anibal España, Alexander Castellanos, Jorge Vega Galvis y Ferlen Pérez Monroy, todos líderes campesinos y comunales asesinados por hombres con armas de fuego en diferentes circunstancias.
Por su parte, San Vicente del Caguán es el único municipio del Caquetá en el que, en cambio de bajar, la tasa de homicidios subió en 2016, pasando de 25 en 2015 a 50 en 2016. Esto podría tener relación con el tipo de dominio que tenía las FARC en el territorio y cómo el cese de sus operaciones tras el Acuerdo implicó desde el principio una alteración de la seguridad en el municipio. Para San Vicente el inicio de las conversaciones de paz vino aparejado con un incremento de la violencia histórica, que ha continuado en aumento y que constituye hoy uno de los más altos desde el 2002, cuando se agudiza significativamente el conflicto armado en la región (Ver gráfica).
Histórico de tasa de homicidios en Cartagena, Montañita y San Vicente del Caguán
El año pasado San Vicente fue noticia porque allí se presentó el homicidio de Viviana Muñoz, funcionaria de la Agencia Nacional de Reincorporación y del líder social Ignacio Gómez, según las autoridades por el robo del vehículo en el que se transportaban. Sin embargo, en su momento Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa” ahora parte de la disidencia de Iván Márquez, y el alcalde del Centro Democrático Humberto Sánchez entraron a denunciarse mutuamente por el crimen. Además de este crimen, fue en San Vicente donde se presentó el asesinato de Erley Monroy y Didier Losada, primeros líderes sociales asesinados depués del plebiscito de 2016, ambos reconocidos líderes campesinos de la región. Ambos habían sido estigmatizados como guerrilleros por el alcalde del Centro Democrático Humberto Sánchez, que había acusado la organización a la que pertenecían, ASCAL-G, como de delincuentes.
En San Vicente también han sido asesinados tres exguerrilleros, los tres vinculados a la ETCR de Miravalle, siendo con Solano el municipio donde más han asesinado a exguerrilleros en el Caquetá. Las víctimas han sido Fabio Peláez Rodríguez, Rigobel Quesada y Gratiniano Ibarra Mosquera, estos dos últimos habían pertenecido a la Columna Móvil Teófilo Forero, de la cual había sido comandante alias El Paisa.
La actual violencia en el norte del Caquetá tiene un marco histórico. Parafraseando el título del libro de Vásquez, Restrepo y Vargas (2011), es ésta “Una vieja guerra en un nuevo contexto”. Ahora bien, pese a que Iván Marquez trata de ligar su disidencia a la trayectoria histórica de las FARC haciendo referencia a una segunda marquetalia, lo cierto es que las condiciones que generó el Acuerdo de la Habana en la región, en el país y en el mundo hacen prever que el experimento de Marquez tenga muchas dificultades para hacer renacer a las extintas FARC y que lo que se genere sea una nueva violencia con otras características.
Sur del Caquetá: las nuevas dinámicas de violencia
Si bien la violencia en el norte del Caquetá afecta principalmente a las zonas donde tuvo mayor influencia histórica las FARC, en el sur el fenómeno parece ser diferente. Limitando con Putumayo y Cauca, San José del Fragua y Curillo han visto desde 2011 un incremento de su violencia, significativamente a partir de 2016.
En la zona han sido asesinados Lucero Jaramillo, líder de sustitución de cultivos ilícitos y dirigente comunal, Juan de Jesús Moreno, docente, Raúl Buitrago Perdomo, líder ambiental y del proceso de sustitución y Fernando Asprilla, dirigente comunal y líder de Marcha Patriótica.
En estos mismos municipios también han sido asesinados los exguerrilleros de las FARC Jesús María Sánchez Calapsu, Jairo Alberto Losada Aldana y Darwin Londoño Bohorquez, este último excomandante del Frente 49 de las FARC vinculado a Agua Bonita.
La zona ha visto un crecimiento de los cultivos de coca en los últimos diez años y en 2008 fue escenario de movilizaciones campesinas que reclamaban del gobierno el cumplimiento de lo acordado en la Habana referente a la sustitución de cultivos. Actualmente en la zona comunidades campesinas se encuentran protestando contra las afectaciones ambientales que la petrolera Gran Tierra ha generado a su territorio.
Con excepción del periodo paramilitar, que afectó a la región a finales de los noventas y principios de la pasada década, actualmente hay más violencia en Curillo y San José del Fragua que cuando el Caquetá fue testigo de la confrontación armada entre el gobierno y las FARC. Estos dos municipios son ejemplo de las nuevas dinámicas de violencia que están afectando a los territorios y que involucra el fracaso de la política antidrogas y la incursión de intereses económicos extractivistas a la región tras el fin del conflicto con las FARC.
Histórico de tasa de homicidios en Curillo y San José del Fragua
En contraste con el aumento de la violencia en los municipios anteriormente descritos, en Florencia se registró una disminución significativa de los homicidios en 2018. Tradicionalmente, la capital del Caquetá ha tenido una alta tasa de homicidio, sin embargo actualmente se encuentra en su punto más bajo desde el 2002. ¿Qué sucedió o está sucediendo en Florencia? ¿Es este un efecto palpable del fin del conflicto armado? La disminución de los homicidios se dio después de un aumento que se presentó en 2016 ¿Ha habido un reacomodo de fuerzas al salir las FARC del juego ilegal? O es que llegó el cacareado Estado.
Según el análisis de López (2016) sobre el impacto de los procesos de paz con el M-19, EPL y AUC en los territorios, “la desmovilización (…) aún solo de algunos grupos guerrilleros y en medio del conflicto, aminoró los riesgos sobre la vida y la libertad de los colombianos en los municipios donde operaban esos grupos” (López, 2016: 340). Si bien apenas se van a cumplir tres años del posacuerdo en el Caquetá, los datos muestran que la desmovilización de una guerrilla como las FARC en su antigua retaguardia del sur puede estar planteando retos que están derivando en un nuevo ciclo de violencia.
Las cifras muestran que el nivel de violencia no tiene que ver con el reiterado debate sobre la ausencia y presencia del Estado. Departamentos considerados integrados como Quindío (37,56) tienen tasas de homicidios significativamente más altas que Guainía (6,91) o Vaupés (4,45), de donde se dice que no hay Estado. Más que de ausencia o presencia estatal, para comprender la situación en las regiones puede ser más útil identificar el tipo de relación que estableció el territorio con el Estado nación.
Aquí vale entonces preguntarse ¿Qué dinámicas rodean a departamentos como el Caquetá para que estén viviendo un pos-acuerdo tan violento? Tras la desmovilización de las FARC, ¿Qué ha pasado con la institucionalidad estatal y por qué su dificultad para tomar el control sobre la violencia en el territorio? ¿No eran acaso las armas de las FARC el obstáculo? No ha sido entonces responsabilidad de la “ausencia del Estado” ni tampoco de la presencia de las FARC. Entonces, ¿Qué es? ¿Qué tipo de relación han establecido estos territorios con el Estado para que no hayan podido dejar su “lastre” violento tras los acuerdos?
En la opinión pública y en gran parte de la academia colombiana -y más ahora que Márquez anunció sus nuevas intenciones-, está posicionada la idea de que la violencia en estas regiones es producto ahora de las disidencias y su desenfreno narcotraficante, como en su momento fue de las FARC, la falta de Estado y la consecuente “ley del monte”. Las “disidencias” vienen entonces ahora a ocupar el vacío de las FARC en la naturalización de la violencia en estos territorios. La solución para todos es que falta estado, sin considerar que ese anhelo nunca se va a realizar, nunca va a haber el “estado suficiente” para que se “resuelva” la violencia en los territorios. Porque no falta más estado, porque lo que debe es cambiar la forma en que se ha configurado el poder en Colombia.
* Las tasas de homicidio irán entre paréntesis de ahora en adelante.
**Una tasa se considera endémica cuando supera los 10 homicidios por cada cien mil habitantes.
