Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Las consultas populares de comunidades directamente afectadas por proyectos de extracción minero-energéticos son una expresión de democracia, y un gesto de insumisión en contra de políticas desarrollistas que se pretenden imponer como destinos ineluctables y locomotoras irrefrenables.
En Colombia unos pocos millares de pobladores de pequeños y encantadores parajes —insignificantes en el mapa, enormemente significativos por sus recursos naturales y su atmósfera de apacibilidad—, y de nombres elementales como Piedras, Cajamarca, Pijao, Cabrera, Arbeláez, Pasca, Tauramena, el Peñón, Jesús María y Sucre, han decidido preguntarse si aceptan o rechazan actividades de extracción de minerales y de hidrocarburos en sus territorios. En todos los casos mencionados una arrolladora mayoría ha rechazado actividades extractivas en su terruño.
Para las empresas mineras y para muchos funcionarios públicos, en particular los del Ministerio de Minas y Energías y de Hacienda, esta cosecha de consultas se padece como un tormento, como una obstrucción al progreso, y como un franco atentado contra las finanzas públicas.
Académicos urbanos y remilgados —distantes de las agrestes y rudimentarias realidades del campo—, arguyen que las tales consultas populares son impedimentos contra la democracia y el desarrollo.
Moisés Wasserman (ex rector de la Universidad Nacional) afirma que por la torpe y mal informada elección de unos puñados de campesinos, pierde toda Colombia pues el país deja de percibir regalías que servirían para financiar educación, salud y vías; y sugiere un camino intermedio que corresponde a la llamada minería sostenible. También señala que las decisiones deberían recaer sobre fragmentos de ciudadanía de distintas procedencias, en rigurosos procesos de deliberación.
Salomón Kalmanovitz (ex banquero central) argumenta que unos treinta mil campesinos, presuntamente manipulados por activistas oportunistas, están perjudicando a 48 millones de colombianos al impedir el desarrollo y la autosuficiencia energética del país. Pone de relieve que la renta petrolera pasó de un 3.5% del PIB en el año 2013 a un exiguo 0.25% en el 2016, a causa del bajo precio internacional del crudo, y a la oposición popular al progreso. También asume que la minería puede ser amigable con el medio ambiente.
En cuanto a la argumentación en materia de economía, los economistas convencionales como el destacado profesor Kalmanovitz, todavía ignoran la realidad entrópica del planeta explicada desde hace décadas por exponentes de la bioeconomía y la economía ecológica. De seguro por eso asume, sin rubor, que la extracción de minerales y energías se traduce en crecimiento.
Sobre este punto hay que precisar que minerales e hidrocarburos son recursos naturales y no renovables: se extraen de una vez por todas, como un tesoro natural que se dilapida y deja, además, daños irreparables para las generaciones actuales y las futuras, a cambio de transitorios beneficios económicos como las rentas extraordinarias que perciben las empresas dedicadas al negocio de la extracción, y con unas regalías que perciben los gobernantes y distribuyen caprichosamente entre distintos sectores de la sociedad.
Ellos no entienden que la apuesta de economía extractiva equivale a una especie de “muerte a crédito”, para tomar la certera expresión de Louis-Ferdinand Céline.
En lo referente a los argumentos sobre la democracia esgrimidos por estos académicos, y que son básicamente los mismos que defienden funcionarios públicos de alto nivel, también existe un sintomático desconocimiento en materia de teoría política.
El gran filósofo liberal, Karl Popper, mostró que la democracia no consiste en la elección colectiva de los mejores gobernantes o de las mejores políticas, sino más bien en una especie de contra poder y de control ciudadano sobre gobernantes y sobre tecnócratas: los pueblos deben cuestionar, criticar, vigilar, y aún revocar o derrocar a gobernantes y líderes corruptos o ineptos.
Lo tristemente cierto es que en Latinoamérica y en Colombia la extracción de minerales y energías se impuso con el violento autoritarismo desde la conquista y con el poder hegemónico de poderosos imperios como España, luego Inglaterra, y en la actualidad Estados Unidos, China y la Unión Europea.
La historia económica de Colombia, desde su presunta independencia, es la de un país que se ha especializado en complacer, vasallamente, a las naciones desarrolladas con la exportación de materias primas de origen vegetal (quina, caucho, café, azúcar, cacao, palma aceitera, etc.), minerales preciosos (esmeraldas, oro, plata, etc.), e hidrocarburos.
En la historia reciente del país han existido decisiones francamente autoritarias de los gobernantes, como la política de seguridad democrática y de confianza inversionista impuesta por Uribe, y la llamada locomotora minero-energética establecida por Santos. De tales políticas ha resultado una feria de títulos mineros, al punto de que hoy existen 8.866 títulos mineros en firme, es decir, licencias para extraer que, sin consulta y sin contra poder ciudadano, los gobernantes de turno han otorgado a empresas mineras nacionales y foráneas.
Las decisiones tomadas por tecnócratas, banqueros y empresarios están circunscritas a los presuntos beneficios económicos que, supuestamente, deja la actividad extractiva y que se traducen en rentabilidad para las empresas, empleo y consumo para las poblaciones directa e indirectamente beneficiadas con estos proyectos, y en el crecimiento del país medido por PIB (que aumentaría con las regalías mineras).
Los clamores de las comunidades de municipios perjudicados por la contaminación y otros daños irreparables que deja la actividad extractiva, están expresados en el lenguaje más humano (y menos economicista) del bienestar anglosajón y del buen vivir latino, esto es, de la felicidad y la buena salud de vivir en un ambiente natural preservado.
Los argumentos de los ambientalistas, están relacionados con un bienestar más amplio que el de los estrechos linderos de un estado nación, se expanden al planeta y a futuras generaciones que están en riesgo de sufrir y morir a causa de males (no suficientemente estimados por tecnócratas convencionales), como el calentamiento global que resulta de la combustión de carbón, petróleo y gas.
Las consultas populares son un avance hacia democratización, y un gesto de insumisión.
Si en un mañana no lejano los humildes habitantes de las barriadas circunvecinas a cloacas urbanas como el botadero de basuras Doña Juana y el Río Bogotá hiciesen sendas consultas populares para rechazar el depósito de dañosos contaminantes en su territorio, seguramente encopetados sectores sociales (ellos mismos productores de toneladas de basura), los reprenderían por, supuestamente, osar atentar contra la conveniencia de la mayoría.
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