De Ucrania a Puerto Wilches

Además de la crisis humanitaria, la mayor parte de la atención sobre la guerra de Ucrania se ha concentrado en sus efectos sobre los precios del petróleo.

Rusia produce más o menos uno de cada diez barriles que consume el mundo, por lo que las preocupaciones de los mercados sobre qué tanto el conflicto pueda interrumpir la oferta de crudo ha llevado al precio cerca de los 130 dólares por barril —algo que no se veía hace más de una década.

El gas natural también ha sido fuente de preocupaciones principalmente en Europa donde Rusia es la fuente de más del 40 % del gas que se consume y donde los precios han saltado más de 60 % tras la invasión.

Es entendible que los fuertes movimientos en los precios que tienen en vilo a los consumidores de energía del mundo acaparen la atención. Pero no podemos perder de vista que en el trasfondo de esta crisis hay un problema de seguridad en el abastecimiento que tiene importantes lecciones para Colombia.

¿Cómo se volvió Europa tan dependiente del gas ruso?

La primera respuesta tiene que ver con la forma en que Europa decidió desarrollar sus reservas de gas.

Si bien en los sesentas y setentas producía lo que necesitaba para su propio consumo, la declinación de los campos de gas del mar del norte redujo significativamente la producción en Holanda y el Reino Unido, lo que llevó a un aumento progresivo de las importaciones para poder asegurar la atención de la demanda.

Hoy Europa, que debe importar casi el 90 % del gas natural que requiere para satisfacer su demanda de energía, dejó que Rusia, tradicionalmente la fuente más abundante y barata, se convirtiera en su principal proveedor.

Haber permitido tal dependencia —la cuarta parte de la demanda de energía europea depende del gas— de un país con el que históricamente ha tenido tensiones geopolíticas tan fuertes está mostrando ser un riesgo que no se debía correr. Más aún, si se tiene en cuenta que Europa cuenta con importantes reservas de gas por desarrollar que le darían para más o menos 14,5 años si mantuviera las tasas de producción actuales.

Es cierto que si bien estas reservas —equivalentes a la tercera parte de las de Estados Unidos y a apenas 10 % de las de Rusia— no le permitirían resolver la totalidad de sus problemas de seguridad energética, sí le ayudarían a mitigar la fuerte vulnerabilidad a la que hoy está sujeta. Sobre todo si además se tiene en cuenta el potencial de yacimientos no convencionales de países como Polonia, Francia o el Reino Unido.

De hecho a finales de la primera década de este siglo, cuando en Estados Unidos se dio la revolución del shale que les permitió convertirse en exportadores netos de petróleo por primera vez en décadas y desarrollar una dinámica industria de gas natural licuado para exportación, los europeos tuvieron la oportunidad de desarrollar el fracking.

Tensiones como las ocurridas en 2006 ante las acusaciones rusas a Ucrania de desviar gas que debía ir a Europa para su propio consumo, y que derivaron en la suspensión del suministro, debieron prender todas las alarmas e impulsar ese desarrollo.

Sin embargo primaron las preocupaciones ambientales, un ambiente político adverso, la poca apertura de los reguladores, los problemas de costos asociados y un fuerte activismo antifracking.

Los desarrollos se frenaron o simplemente no se hicieron y se optó en cambio por mantener y profundizar la dependencia del gas ruso con la construcción de nuevos gasoductos como el Nord Stream 2, que debía entrar en servicio este año, pero que fue suspendido como parte del paquete de sanciones impuestas por Occidente.

Cabe destacar que, según el secretario general de la Otán de la época, “Rusia, como parte de sus sofisticadas operaciones de información y desinformación, se relacionó activamente con las llamadas organizaciones no gubernamentales —organizaciones ambientales que trabajan en contra del shale gas— para mantener la dependencia europea del gas ruso importado”.

El otro elemento que ayuda a explicar la vulnerabilidad al gas ruso tiene que ver con la estrategia europea de transición energética. Preocupados por el impacto de las emisiones de CO2 provenientes de la generación de energía con carbón y petróleo, los europeos decidieron adoptar una agresiva estrategia encaminada a alcanzar la carbono neutralidad en 2050 y a obtener una reducción de emisiones de 55 % para 2030.

La base de esta estrategia ha sido un fuerte aumento de la participación de renovables no convencionales en la generación de energía eléctrica y el marchitamiento paralelo de la generación con combustibles fósiles.

Países como Alemania han ido más lejos aún, prohibiendo inversiones en generación con energía nuclear, lo que ha concentrado aún más las fuentes de energía. El resultado es que la participación del carbón como fuente de generación en Europa ha caído hoy una tercera parte y la nuclear casi 25 %, dejando la protección del sistema a la intermitencia de las fuentes renovables de generación en manos del gas importado.

Y esto, como está siendo visiblemente claro, ha llevado a los europeos a tener que pagar hoy el precio de dejar la confiabilidad del sistema en manos de un combustible que está probando no ser tan confiable.

Paralelos con Colombia

La historia de lo que está pasando con el gas en Europa no es del todo distinta de lo que estamos enfrentando en Colombia. Las reservas probadas de gas han venido declinando sistemáticamente al punto de haber caído casi a la mitad en los últimos 10 años. Hemos descubierto importantes depósitos en el Caribe colombiano pero no tenemos certeza de su viabilidad comercial y tampoco sabemos si seremos capaces de desarrollar nuestras reservas de gas en yacimientos no convencionales.

Estos yacimientos, que según datos oficiales podrían más que duplicar las reservas de gas y darle certeza a la demanda sobre la oferta de largo plazo, están enredados en las discusiones jurídicas que tienen como trasfondo la fuerte oposición de los grupos antifracking.

Es tal su intransigencia, que ni siquiera aceptan que se hagan los pilotos de investigación científica que permitirán saber si la hecatombe que, dicen, traería el fracking a Colombia está respaldada o no por evidencia objetiva.

Debe ser que le temen a que los pilotos los desenmascaren y muestren que sea posible hacer fracking de manera segura, y que de paso evitemos volvernos dependientes, como Europa, del gas natural importado.

Afortunadamente nosotros no dependemos hoy del gas de una sola fuente. El incumplimiento de los compromisos contractuales del Gobierno venezolano en 2016 de vendernos gas por el gasoducto de la Guajira nos libró, paradójicamente, de habernos vuelto dependientes de ellos para el suministro de un combustible tan importante para la generación de electricidad, la producción industrial y el transporte.

Hoy podemos suplir nuestras necesidades de importación a través de buques metaneros provenientes de diversas fuentes. Deberíamos sin embargo darle prioridad al gas nacional que sí paga regalías, que es más barato y que no requiere de las grandes inversiones en infraestructura de importación que deberán pagar los consumidores.

Lo cual nos lleva a Puerto Wilches, donde hace unos días se debía llevar a cabo una audiencia pública sobre uno de los dos programas piloto de fracking que se adelantan.

La audiencia, que es un espacio de participación para tramitar las preocupaciones de los habitantes vecinos a las zonas donde se llevará a cabo el piloto, tuvo que ser cancelada cuando vándalos intimidaron a los asistentes a punta de comportamientos agresivos.

La Procuraduría tuvo que intervenir recordándole al Concejo Municipal, que solicitó aplazar la audiencia, que “los servidores públicos tienen el deber de garantizar que se materialice adecuada y eficazmente el ejercicio fundamental de la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que los afectan en materia ambiental”.

El panorama sin embargo no es alentador. El propio Gobierno, que en sus análisis estima que perderemos la autosuficiencia en la segunda mitad esta década, sacó una licitación de la construcción de una planta de importación de gas en el Pacífico que posteriormente fue declarada desierta.

No podemos olvidar que como sociedad estamos condenados si renunciamos a tomar las decisiones importantes con base en criterios objetivos.

En lo energético esto supone también tener en cuenta la dimensión de seguridad en el abastecimiento. Y en lo político, tampoco olvidemos que los aumentos de precios también generan protestas. Así lo mostró Ecuador en 2020 cuando los aumentos de precios de combustibles desencadenaron fuertes enfrentamientos que dejaron once muertos y que, al final, tuvieron que ser reversados.