Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
Veinticinco jóvenes colombianos interpusimos una tutela para exigirle al Gobierno que detenga la tala indiscriminada en la Amazonía.
Hace dos años, ante los ojos del mundo y en plena cumbre climática de la ONU, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos reafirmó su compromiso de reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonía colombiana para el 2020. Ese mismo año, firmó una alianza con Noruega, Alemania y el Reino Unido de casi 300 millones de dólares para proteger los bosques nacionales. La idea era no solo reducir las emisiones de carbono de Colombia, sino fortalecer la presencia de las autoridades ambientales en las regiones en época de posconflicto.
Sin embargo, en el 2016 la deforestación aumentó un 44% (este es el último dato consolidado al respecto), lo que equivale a 178.597 hectáreas de bosque o al tamaño de un departamento como el Quindío. La ganadería, la expansión de la frontera agrícola y la minería, entre otros factores, siguen reduciendo lo que nos queda de bosque. De seguir por el mismo camino, Colombia verá cada vez más impactos relacionados con el cambio climático como inundaciones más frecuentes, sequías más prolongadas, un aumento más intenso en el nivel del mar y una mayor expansión de enfermedades tropicales, como el dengue, el zika y el chikungunya, que seguirán llegando a lugares donde antes era imposible encontrarlas.
Es por eso que el lunes 29 de enero, 25 niños, niñas y jóvenes colombianos interpusimos una tutela para pedirle al Gobierno que cumpla con su deber de detener la deforestación y proteger algunos de nuestros derechos fundamentales que están siendo vulnerados y amenazados. Argumentamos que la deforestación en la Amazonía no solo emite gases que contribuyen al cambio climático (y sus impactos), sino que también afecta ecosistemas de todo Colombia que están conectados y dependen de esa región. Por ejemplo, el agua que provee el páramo de Chingaza a toda la ciudad de Bogotá depende del ciclo del agua regulado por el bosque amazónico.
En la tutela, los accionantes explicamos cómo la deforestación vulnera nuestro derecho a gozar de un ambiente sano, que a su vez amenaza nuestros derechos a la vida, la salud, la alimentación y el agua. Somos nosotros, los niños y jóvenes de hoy, los que sufriremos los impactos del cambio climático en nuestra vida adulta.
Los accionantes somos de 17 ciudades y municipios diferentes, que hacen parte del listado del Ideam de las regiones con mayor riesgo por cambio climático (Arauca, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cubarral, Envigado, Florencia, Floridablanca, Itagüí, La Calera, Leticia, Manizales, Neiva, Palmira, Quibdó y San Andrés y Providencia).
Pedimos que la Presidencia, los ministerios de Ambiente y Agricultura, Parques Nacionales, y las alcaldías y gobernaciones de la Amazonía, emprendan acciones para frenar la tala del bosque amazónico. En concreto, pedimos que en un plazo de seis meses se presente un plan de acción para reducir a cero la tasa de deforestación en la Amazonía colombiana para el año 2020; y que los niños y jóvenes seamos tenidos en cuenta en las decisiones al respecto.
Sin importar el lugar de Colombia donde vivamos, todos los accionantes estamos seguros de que el cambio climático amenaza nuestros derechos fundamentales. Es por eso que le pedimos al gobierno que cumpla con su compromiso y proteja la Amazonía colombiana.
