La narrativa de Gustavo Petro durante su campaña presidencial estuvo impregnada de un vigoroso activismo ambiental. De hecho, manifestó su compromiso con la protección de ecosistemas vitales como la Amazonía y abogó con entusiasmo por la transición hacia fuentes de energía más limpias. Además, no dudó en señalar las contradicciones inherentes entre nuestro actual sistema económico y la creciente crisis climática. 

Durante su período de gobierno, las iniciativas medioambientales propuestas por Petro se han convertido en propuestas legislativas destinadas a modificar el Sistema Nacional Ambiental, actualmente se encuentran en fase de borrador a la espera de análisis y debate. Además, se ha ratificado el Acuerdo de Escazú y, más recientemente, estas iniciativas se han incorporado en la parte programática de su plan de gobierno.

De hecho, el pasado 5 de mayo, el Congreso de la República dio luz verde al Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 titulado “Colombia Potencia Mundial de la Vida” (en adelante PND). Este documento refleja la visión y el énfasis que el gobierno de la Colombia Humana planea poner en las políticas públicas durante su administración. Dada esta aprobación, es pertinente analizar los cambios y propuestas que este plan trae en el ámbito ambiental.

Aspectos generales del enfoque ambiental del nuevo PND

En primer lugar, hay que destacar que el PND representa un importante cambio de paradigma con respecto a la gestión ambiental, elevándola a un nivel estratégico dentro del desarrollo nacional. El componente ambiental es una pieza clave en este plan, alineando a Colombia con un enfoque conservacionista.

Este énfasis es evidente desde la mención de la “vida” en el título del plan, y se manifiesta de manera más concreta en varios de los ejes de transformación, donde se busca la armonía entre desarrollo y ambiente. Entre los principales elementos ambientales del PND, se destacan los siguientes.

  • La planificación territorial gira en torno al agua, donde la protección ambiental y la seguridad alimentaria se erigen como los pilares fundamentales de este ordenamiento.
  • El enfoque hacia la transformación productiva, internacionalización y acción climática se dirige hacia la diversificación de las actividades productivas, la promoción del uso de energías limpias y la protección de los derechos humanos, al tiempo que busca incrementar la resiliencia frente a los impactos climáticos.
  • Bajo la consigna de la ‘paz total’, se incorpora un componente ambiental significativo, pese a que su enfoque no está exclusivamente dirigido al medio ambiente, destacando la protección de los ecosistemas y la priorización de la dignidad de la vida.

Cambios normativos en el ordenamiento jurídico ambiental

El nuevo PND trae consigo algunos cambios en el ordenamiento jurídico ambiental, como se detalla a continuación.

  • Se reformula la tasa retributiva ambiental, estandarizando el factor regional para proveedores de servicios de alcantarillado hasta finales de 2024. Este cambio requerirá que el gobierno ajuste el cálculo de esta tasa después de 2024, actualizando los criterios para distribuir el factor regional con tratamiento diferencial permitiendo variaciones en las tasas para diferentes proveedores, considerando aspectos como tamaño, ubicación, tipo de servicio, compromisos adquiridos, entre otros factores.
  • La conformación del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales Asociados (Conaldef) incluye más ministerios y entidades. Además, estableció una lista detallada y específica de funciones y se crearon dos coordinaciones en espera de resultados. En términos de principios el Conaldef -que bajo el gobierno de Duque se centró en la legalidad, el emprendimiento y la equidad- cambia a un enfoque más integral que engloba tanto lo social como lo ambiental, incorporando principios de justicia ambiental e inclusión.
  • Frente a la destinación de los recursos para la financiación de proyectos de inversión en ambiente y desarrollo sostenible provenientes del Sistema General de Regalías, proporciona una mayor flexibilidad tanto en términos del tipo de proyectos que se pueden financiar, incluyendo la formulación y actualización de planes de manejo ambiental, así como en las entidades que pueden ser las ejecutoras de estos recursos, añadiendo a las Autoridades Ambientales Urbanas a la lista.
  • Redefine los determinantes del ordenamiento territorial en seis niveles, en comparación con los cuatro definidos por la ley 388 de 1997. Incorpora factores como la soberanía alimentaria, gestión del cambio climático y protección del derecho a la alimentación. Enfatiza en infraestructuras básicas y proyectos turísticos especiales, además de resaltar el respeto por la cosmovisión de comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras, como obligatorio para todos los actores.

Creación de una nueva institucionalidad

El nuevo PND propone la formación de una nueva estructura institucional en el ámbito ambiental, resumida en los siguientes puntos.

Se crea el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal (Sinapyba), que estará integrado por varios ministerios y el Departamento Nacional de Planeación. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural liderará la protección y bienestar de los animales de producción y transporte en el sector agropecuario, pesquero y acuícola, mientras que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible liderará acciones para los animales silvestres. Cabe resaltar que el Sinapyba no limitará ni prohibirá actividades culturales con animales permitidas por la legislación vigente.

Se crea la Estrategia Nacional para el Control de Tráfico Ilegal de Fauna Silvestre con el objetivo de prevenir y evitar esta práctica ilegal. Participarán diversas entidades gubernamentales y se coordinará con la Fiscalía para la judicialización de los delincuentes involucrados.

Se crean Consejos Territoriales del Agua para fortalecer la gobernanza del agua y el ordenamiento territorial en torno a este recurso en eco regiones y territorios estratégicos.

Posibles contradicciones

El PND tiene una fuerte presencia de objetivos ambientales, aunque surgen potenciales contradicciones en varios ejes. En “Seguridad humana y justicia social” se destaca la protección de la vida y la seguridad jurídica e institucional.

No obstante, podría haber conflicto al intentar equilibrar la seguridad jurídica de inversiones con la salvaguarda del medio ambiente, particularmente en sectores como la minería y la energía.

En cuanto al “Derecho humano a la alimentación”, el plan se propone garantizar una alimentación adecuada para todos. Sin embargo, pueden surgir tensiones entre la necesidad de producir alimentos y la protección del medio ambiente, en particular en relación con la agricultura intensiva y la deforestación.

Finalmente, el eje de “Convergencia regional” busca reducir las brechas sociales y económicas entre las regiones. Aquí, puede surgir una tensión entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, especialmente en las regiones ricas en recursos naturales.

A modo de conclusión

En suma, la administración Petro ha dado un paso adelante en el enfoque ambientalista de su PND, marcando un hito en la política colombiana. Sin embargo, aún persisten ciertas incertidumbres y posibles contradicciones en la relación entre desarrollo económico y protección del medio ambiente que necesitan ser gestionadas cuidadosamente. La implementación de las reformas planteadas en este plan será, sin duda, un desafío.

Es esencial, por tanto, que la administración actual mantenga un diálogo constante y transparente con las partes interesadas y con el público en general, para garantizar que los compromisos ambientales se cumplan de manera efectiva, sin dejar de lado las necesidades de desarrollo y equidad social. Al final, el verdadero éxito del plan dependerá de cómo se manejen estas tensiones y de si la retórica ambientalista se traduce en una acción efectiva y sostenible en el terreno.