Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
A inicios de mayo fue aprobado en el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del gobierno Petro. Se invertirán 1.154 billones de pesos colombianos, unos 248.000 millones de dólares. Un presupuesto histórico para invertir en seis líneas estratégicas con un gran enfoque socio-ambiental y, donde la implementación de los acuerdos de paz promete ser protagonista.
Esto de entrada es una excelente noticia para el país y sus ecosistemas estratégicos, sin duda es el PND que mayor importancia y recursos asigna a los asuntos ambientales en la historia reciente de Colombia.
En tres de las líneas estratégicas del PND hay instrumentos de diagnóstico, reformas estructurales, creación de políticas e instituciones que prometen cambiar y repotenciar el Sistema Nacional Ambiental.
En la línea de ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental se propone: el catastro multipropósito, implementar el Acuerdo Escazú, la información ambiental, la creación de instrumentos de control y vigilancia ambiental y un Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental, reformar el Sistema Nacional Ambiental (Sina), crear el fondo para la sustentabilidad y resiliencia climática (Fonsurec), una agencia forestal, repotenciar el Sisclima y el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal.
En la segunda línea estratégica sobre seguridad humana y justicia social se propone desarrollar: una jurisdicción especial indígena e impulsar una justicia ambiental orientada al cuidado de la naturaleza y la protección de la vida, que trabaje por la desarticulación de economías ilegales y cree instrumentos para fortalecer la salud ambiental y el cambio climático.
En la línea estratégica de transformación productiva, internacionalización y acción climática, se tiene previsto: impulsar la transición energética para lograr la neutralidad en carbono, impulsar la restauración de zonas degradadas y frenar la deforestación, promover la transición en las fuentes móviles, la reducción del impacto ambiental del sector residencial y estimular del hábitat verde, las ciudades circulares y la planificación de ciudades a través de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN).
Finalmente, este PND considera instrumentos de financiamiento para la acción climática, los mercados de carbono y una política para luchar contra cambio climático. Así como un esquema de compensación para territorios con áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.
En este sentido, estamos ante el PND más ambicioso y con unas apuestas ambientales históricas. Esto de entrada genera unas expectativas únicas en sectores académicos, sociales y comunitarios frente al cuidado, protección y conservación de los ecosistemas estratégicos. Expectativas que se refuerzan con las constantes alocuciones presidenciales y el comienzo de socialización de la propuesta de reforma al Sina.
El reto ahora estará en lograr viabilizar e implementar todas estas reformas, políticas y sistemas que el país requiere para frenar la destrucción ambiental y comenzar a generar un Estado que cuide, proteja y conserve efectivamente sus recursos naturales.
¿Alcanzará el tiempo y los recursos? Parece difícil, pero de no lograrse, la promesa de cambio para hacer de Colombia una potencia de la vida fracasaría.
