En el Congreso acaba de ratificar el Acuerdo de Escazú, un tratado regional que busca robustecer los procesos de participación de las comunidades en decisiones ambientales, garantizar el derecho a la información y mejorar el acceso a la justicia en estos temas.

Colombia firmó el Acuerdo en 2019, pero para que entrara en vigencia era necesario que el Congreso lo ratificara.

¿Qué impactos trae consigo la ratificación del Acuerdo de Escazú? Expertos de la Red Verde de La Silla Llena responden. 

“Habrá justicia especializada en temas ambientales”: Tomás Restrepo 

Haciendo la advertencia de que el mismo Acuerdo legitima a los Estados para implementarlo según sus “prioridades y posibilidades”, y sin la pretensión de ser exhaustivo, veo que este puede impactar 7 temas fundamentales.

  1. Trasparencia. Se facultaría a los ciudadanos para acceder a la información ambiental de grandes proyectos extractivos.
  2. Justicia. Se implementarían órganos judiciales especializados en materia ambiental.
  3. Responsabilidad civil por actividades contaminantes. Se facilitaría la prueba de daños ambientales y, así mismo, se abriría la posibilidad de condenar por daños punitivos y de exigir a los demandados la garantía de no repetición del daño.
  4. Gobernanza del medio ambiente. Facultaría al tribunal internacional de justicia o tribunales de arbitraje para interpretar el tratado en caso de desacuerdos entre Estados. 
  5. Tratados internacionales relacionados con el medioambiente. Obligaría a tener en cuenta las visiones interculturales y permitir la participación de la sociedad civil en su negociación.
  6. Derechos humanos. El medio ambiente sería erigido como derecho fundamental sin necesidad de acudir a criterios de conexidad con otros derechos fundamentales.
  7. Relacionamiento con comunidades. Sería una oportunidad para regular de forma más clara la interacción entre comunidades. 

“Participaremos como negociadores en la COP2”: Damaris Rozo 

Básicamente, con la reatificación del Acuerdo de Escazú en sí no se cambia nada; es algo más bien simbólico. Es decir, lo que se abre es una ventana de oportunidad para hacer unas gestiones en temas muy concretos y lo que necesitamos es ver cómo eso se aterriza concretamente en políticas públicas hacia el futuro en términos de acceso a la información sobre asuntos ambientales y de protección y cuidado de los defensores de los asuntos ambientales.

En ese sentido, esperamos de la implementación del Acuerdo (más que de su ratificación) que se potencie el acceso a la información por parte de la ciudadanía. Por supuesto, también se espera un proceso de creación institucional enfocado netamente en procesos de justicia ambiental en el país.

Algo importante, que puede ser un cambio inmediato con la ratificación del Acuerdo, es que entramos a las negociaciones, en este caso, en la COP2. Nosotros no estuvimos en la COP1, sino solo como unos observadores un poco alejados. Pero ya con esto empezamos a ser agentes activos dentro de las negociaciones de la COP2, que sería el otro año. 

“Esperamos más seguridad para líderes ambientales”: Rodrigo Botero 

  1. Acceso a información. Un mecanismo verificable de acceso a información por parte de la sociedad civil sobre proyectos, planes y programas que afecten el ambiente. 
  2. Justicia ambiental. Una jurisdicción ambiental desarrollada, una implementación de una fiscalía ambiental exclusiva (y no mezclada con derechos humanos), unos jueces especializados ambientales de dedicación exclusiva y un fortalecimiento de las capacidades de autoridad ambiental de agencias Sina y Autoridades Indígenas Publicas Especiales.
  3. Protección a líderes. Una delegación permanente en la Fiscalía de grupo para protección de líderes ambientales. También esperamos la creación en la Unidad de Protección de un grupo especial para protección de líderes ambientales, así como una legislación especial para protección, monitoreo y seguimiento de casos de conflictos socio-ambientales en el país. Es clave que se logre una articulación con el Sistema de Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. 
  4. Prevención, monitoreo y resolución de conflictos socio-ambientales. A través de un mecanismo adoptado de manera vinculante por todas las agencias Sina, entes territoriales y, particularmente, por la industria privada y compañías en cualquier periodo del ciclo de proyectos. 

Creo que de darse alguno(s) de estos puntos, podría haber cambios progresivos en la vulnerabilidad de líderes y disminución de conflictos socio-ambientales. 

“Las comunidades indígenas tendrán más herramientas para tomar decisiones”: Claudia Vásquez 

Desde TNC celebramos la ratificación en Colombia del Acuerdo de Escazú y creemos que es un paso importante para la protección de líderes y defensores del medioambiente en esta región. Acá se acumulan más de dos terceras partes del total de defensores asesinados en relación con su trabajo de protección ambiental, y Colombia aparece como segundo en el mayor número de asesinatos solo detrás de Brasil.

Desde hace 30 años trabajamos con pueblos indígenas y comunidades locales para impulsar su participación y derechos territoriales. Por eso, creemos que la ratificación de este acuerdo dará más herramientas para asegurar su reconocimiento efectivo en la democracia ambiental y en la toma de decisiones sobre los procesos que pueden afectar sus territorios.

Finalmente, estamos seguros de que esta decisión no irá en contravía de la autonomía y soberanía del país, sino que nos acercará a tener un modelo de desarrollo más sostenible, inclusivo y transparente.

“Los opositores a Escazú se tragan un sapo”: Juan Pablo Romero

Yo pienso que la ratificación del Acuerdo de Escazú representa una modificación dentro de las estructuras de poder de los procesos de licenciamiento porque la relación entre quien solicita la licencia y las comunidades va a ser un poco más horizontal.

Este primer punto es bastante positivo en la medida en que permite evitar conflictos socioambientales, pero también puede llegar a tener un lado negativo: puede llegar a dilatar los procesos de licenciamiento ambiental. Ahí es fundamental que el MinAmbiente, a través de la Anla, pueda tener claridad de cómo el Acuerdo de Escazú modificará los procedimiento de participación que hay actualmente.

Por otro lado, esto es un sapo que se está tragando la derecha en cabeza de María Fernanda Cabal. Ella era una opositora durísima del Acuerdo de Escazú. Esto es una derrota para ella, pero puede seguir alimentando la narrativa que tiene en este momento la derecha sobre “la aplanadora de la izquierda” y que están sacando todo a pupitrazo. 

“Abre una oportunidad para fortalecer capacidades de autoridades ambientales”: Katherine Casas

Luego de más de dos años de discusión sobre el Acuerdo de Escazú en Colombia, parece ser que se dará un paso importante dentro del Congreso.

El tratado aportará elementos específicos para el manejo de los asuntos ambientales en el país, algo necesario ya que las leyes en temas ambientales no han sido aplicadas correctamente.

El Artículo 9 del tratado establece lineamientos para que el país tome medidas efectivas para la protección de los defensores y las defensoras ambientales.

El Acuerdo será una oportunidad para fortalecer las capacidades de las autoridades ambientales, en cuanto asistencia y cooperación internacional.

“Esperamos dejar de ser un país riesgoso para los líderes ambientales”: Mauricio Cabrera

Esperamos que antes de una año, entre la firma del presidente y la evaluacion de la Corte Constitucional, seamos por fin parte formal del Acuerdo.

Se espera que, por fin, las comunidades tengan información directa y efectiva sobre los proyectos que se desarrollen en las regiones, que se escuchen sus inquietudes y sean resueltas de forma oportuna y efectiva por parte de los actores involucrados, sean estos públicos o privados.

Se espera, también, que se cuente con instrumentos que permitan que las inquietudes que se tengan no expongan a los líderes a peligros ni represalias, y que las autoridades cuenten con instrumentos para prevenir cualquier acción en su contra.

Esperamos que, en poco tiempo, dejemos de ser el primer o segundo país con más líderes ambientales asesinados en el mundo y se pueda ejercer libremente el derecho al disenso, consolidando principios democráticos para las comunidades que quieran proteger ambientalmente los territorios.