Existen incentivos para el aprovechamiento ilegal de madera de bosque natural

El aprovechamiento de madera de bosque natural, para consumo doméstico y comercial, es una práctica común. 

La extracción indiscriminada de madera de bosques naturales conlleva a la degradación y fragmentación de los bosques. El principio de querer controlar y regular la extracción de madera de bosque natural es evitar la degradación de los bosques, conservar su composición, estructura y función, y que esta actividad no conlleve otras actividades de más mayor impacto, como la expansión de la frontera agrícola, ganadería o minería.

En la normatividad y estrategias de la lucha contra la deforestación, el país ha reconocido que es mejor trabajar en alternativas productivas sostenibles, tanto para productos maderables como no maderables, para reducir las tasas de deforestación.

El país tiene el 52 % (60 millones de hectáreas) en bosque natural. De la madera cosechada, el 35-42 % es ilegal, proveniente de bosques naturales. La alta tasa de ilegalidad demuestra que no existen los incentivos para pasarse a la legalidad.

Con la elaboración e implementación de Planes de Manejo Forestal, es viable la extracción de algunos árboles, sin perder la resiliencia del bosque ni los servicios ecosistémicos. A su vez, esto es una alternativa económica y fuente de ingreso para poblaciones que viven en lugares boscosos, con pocas posibilidades de ingresos. Hacerlo bien, está bien.

Sin embargo, bajo los trámites actuales para hacerlo legalmente, implica baja rentabilidad para los productores, quienes deben asumir varios costos, en muchos casos sin contar con el capital inicial.

Presento el caso de Guapi en el departamento de Cauca para ilustrar el esfuerzo que se requiere para aprovechar la madera de bosque natural, talada legalmente desde su origen, y en ese camino, demostrar que los incentivos son perversos y llevan a que continue la ilegalidad.

Caso de Guapi

El municipio de Guapi, en el Cauca, lo conforman 5 consejos comunitarios y sus 30 mil habitantes, quienes viven de la pesca, extracción de madera, hierbas de azotea, banano y papa china, minería artesanal e ilegal de oro y narcotráfico. Todo lo demás, hay que traerlo, pues por la alta pluviosidad y mareas que suben y bajan, los nutrientes se lavan y no crece nada más.

En el vuelo de Cali a Guapi no faltan las cajas de pollitos para criar gallinas. Y desde Buenaventura (a 5 horas en lancha rápida o 12 horas en barco) viene todo lo demás, del plátano en adelante.

El 70 % de la población tiene necesidades básicas insatisfechas y cuenta con solo un puesto de salud. Según Ideam, llueve en promedio 7.000 mm (7 metros) al año –uno de los lugares más lluviosos en Colombia. Además, mucha de la población que vivía en las zonas rurales se tuvo que desplazar al casco urbano por miedo al reclutamiento de grupos al margen de la ley.

Entre las actividades económicas, aprovechar y vender madera es una actividad físicamente demandante y dominada por hombres. Actualmente, no es una actividad que promete sacar a la población de la pobreza, sino que es un sustento para poder comprar lo del día. Los árboles abundan, y vender un árbol es cómo vender una libra de pescado; da para sobrevivir. Es uno de los recursos naturales más disponibles, con un mercado; malo pero seguro.

Hace muchos años, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha estado trabajando –junto con otros actores del sector público, privado y sociedad civil- en regular y controlar la tala ilegal de madera a lo largo de la cadena.

A pesar de las buenas intenciones y adelantos, talar un árbol legalmente requiere un esfuerzo monumental, particularmente económico.

En el caso de Guapi, miembros de un Consejo Comunitario decidieron conformar una empresa para aprovechar y comercializar madera legal de bosque natural con apoyo de organizaciones de conservación, financiados por cooperación internacional. Con la aprobación de los demás miembros del Consejo, definieron un área de 1.000 hectáreas y empezaron el trámite con la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC).

Autorización/Permiso de Aprovechamiento

Para que una persona natural o jurídica pueda aprovechar árboles en un bosque natural, se requiere presentar el Plan de Manejo Forestal.

El Plan de Manejo Forestal contiene ubicación geográfica, límites y extensión del área a manejar, especies a aprovechar, número de individuos, volumen, y diámetros, sistema de aprovechamiento, medidas de mitigación, compensación y restauración de impactos ambientales, y vigencia de aprovechamiento, entre otros.

Para el caso de la empresa del Consejo Comunitario de Guapi, realizaron un Plan de Manejo Forestal (PMF) de 1.000 hectáreas que costó $120 millones de pesos, con 12 personas contratadas tiempo completo durante 4 meses. Las 1.000 hectáreas se subdividieron en 10 Unidades de Aprovechamiento Forestal (UAF) de 100 hectáreas, con un máximo de 614 árboles maderables, extraíbles, para la primera unidad de corte anual.

El PMF, vigente durante 10 años, lo certifica un ingeniero forestal que avala que, con la extracción de este número de individuos, el bosque natural no pierde su estructura, función y composición; y que tiene la capacidad de recuperarse sin una degradación irreversible. En el caso del Consejo Comunitario, por tener derechos sobre la tierra, deben tramitar una “autorización”, en lugar de un “permiso”.

Luego de recibir la solicitud de autorización de aprovechamiento, funcionarios de la CRC se desplazaron hasta la UAF para verificar la información presentada en el PMF (costo que debe de asumir quien presente la solicitud de la autorización o Permiso de Aprovechamiento, según sea el caso).

Desde la solicitud de la autorización hasta otorgamiento de este, transcurrieron cuatro meses. Para otros lugares que no cuentan con un apoyo técnico, recursos de cooperación y coordinación con el Minambiente, este trámite puede tardar un año o más.

Salvoconducto Único Nacional en Línea (Sunl)

El Sunl es el permiso que se debe tramitar ante la autoridad ambiental para poder movilizar madera (Resolución 1909 del 2017). Para el caso de la empresa del Consejo Comunitario, una vez hayan cortado la madera –de acuerdo a la Autorización de Aprovechamiento– y tengan claro cuánto volumen de madera cortaron y quieren trasportar, tienen que desplazarse a la Oficina Territorial en Guapi de la CRC para la solicitud del salvoconducto.

Se tienen que desplazar (sin la madera) hasta el casco urbano, a 45 minutos en lancha rápida, para obtener el salvoconducto (6.700 pesos). La ida y regreso sin la madera requiere incurrir en el gasto de gasolina, que cuesta 50 % más que en el centro del país (13.000 pesos frente a 8.500 pesos por galón). La madera luego viaja con la copia del salvoconducto.

Tasa de Aprovechamiento Forestal (TAF)

La tasa de aprovechamiento forestal es un impuesto o compensación que las Corporaciones Autónomas Regionales le cobran a quien extraiga árboles por ser recursos naturales del Estado de Colombia.

Este se paga al momento de que es emitido el salvoconducto para movilización y es fijado por el Minambiente (Resolución 1479 de 2018; Decreto Ley 1390 del 2018) como lineamiento a las CAR, donde la tarifa mínima del 2020 estaba en 31.586 pesos por metro cúbico (y se ajusta anualmente al IPC).

La tasa se cobra por metro cúbico de madera en pie, donde se multiplica la tarifa mínima por el factor regional: especie, clase de aprovechamiento, disponibilidad regional del bosque, categoría de la especie y las afectaciones ocasionadas al entorno por el aprovechamiento y extracción.

El precio mínimo de aprovechamiento, para un permiso persistente de la CRC, varía de $40.000 a $74.000 por metro cúbico de madera en pie.

En el caso de la empresa del Consejo Comunitario en Guapi, para los 614 árboles maderables, aprobados para la primera UFA, según la autorización de aprovechamiento, corresponden a un volumen de 605 metros cúbicos de madera (614 árboles corresponden a 1210 metros cúbicos, menos 50 % que se vuelve desperdicios).

El impuesto a pagar – en promedio -, según la tasa de aprovechamiento, estaría para este primer año por un valor de $34,485,000. Con la resolución anterior, el costo hubiese sido $9,946,255. Es decir, un aumento del 600 % con la nueva resolución del 2018.

En caso de realizar un aprovechamiento forestal sin el mencionado permiso o autorización, o movilizar madera sin el respectivo salvoconducto, la sanción es de 5.000 Smmlv ($4.450.000.000 a 2021) según la tarifa establecida por la CRC, además del decomiso de la madera y revocatoria del permiso/autorización de aprovechamiento.

Costos y esfuerzos adicionales

Las condiciones de cosechar madera en el monte no son fáciles. No hay senderos: el camino se hace al andar. El terreno es difícil –pendientes pronunciadas, barro– y el clima, variante, con lluvia casi todos los días. Una mordedura de serpiente o una cortada grave pueden ser mortales. En la mayoría de casos, las comunidades no usan elementos de protección personal.

De un árbol de 24 metros cúbicos que se tumbe, con los factores de desperdicios se aprovechan 10 metros cúbicos aproximadamente. En la mayoría de los casos, se tiene que cortar en bloques que pesan de 80 a 130kg, los cuales se deben transportar a hombro, pues por la topografía y barro, los caballos y burros no son una posibilidad porque el barro les pudre los cascos. 

Mercado

Al llegar con la madera al casco urbano de Guapi, si la vende inmediatamente en un aserrío, el bloque húmedo –dependiendo de la especie– lo pagan entre $15.000 y $20.000. Es decir, los compradores no reconocen la calidad del maderas, con lo cual, los costos por ejemplo de la TAF no son compensados con el dinero recibido por la venta.

Si la transportan a Buenaventura, la podrían vender entre $25.000 y $30.000, y a esto habría que sumarle el costo de cargar al barco ($1.000 por tablón; dos tablones son 1 bloque), del transporte en barco ($1.000 por tablón), el derecho a descargar en el muelle (costo variable), el descargue ($1.500 por tablón) y una “vacuna informal” (costo variable). Lo mínimo que llevan en un viaje son 4.000 tablones (2.000 bloques).

Tanto la venta de la madera en un aserrío en Guapi como en Buenaventura, la madera legal se mezcla con la madera ilegal, donde la ilegal pone el precio. Si las autoridades del Puerto piden permiso/autorización de aprovechamiento y salvoconducto, todos tienen: algunos falsificados, otros con permisos legítimos de unidades de aprovechamiento pero sin que la madera haya venido del lugar descrito en el permiso.

Para el caso de esta Asociación, con 10 asociados, aprovechar y vender la madera legalmente genera pérdida el primer año (por el costo de elaborar el Plan de Manejo de $120 millones), y los subsecuentes nueve años, genera menos de un salario mínimo por asociado al mes.

En cambio, aprovechar y vender la madera ilegalmente genera 40 % más rendimientos que hacerlo legalmente ($1.057.770.000 frente a $627.398.300). Para llegar a tener rendimientos parecidos al de la madera aprovechada ilegalmente, el precio por bloque tendría que aumentar en un 366 % de $17.500 a $81.500.

Con el costo de los trámites para aprovechar madera legalmente, y sin un mercado ni trazabilidad que reconozca el valor de la madera legal, la ilegalidad continuará.

Reflexiones

Si estamos de acuerdo con el supuesto que extraer individuos maderables, de manera sostenible y de bajo impacto, no deteriora el bosque y puede ser una actividad rentable para comunidades locales. Entonces, ¿por qué cumplir con los requisitos legales es tan costoso? ¿Al no hacerlo rentable, se perpetúa el aprovechamiento ilegal?

Ante los trámites

Empecemos con el Plan de Manejo Forestal. Si el mayor interés del Gobierno de Colombia y de las autoridades ambientales es que se reduzca la deforestación, el Plan de Manejo Forestal tal vez lo debería liderar técnicamente personal de las Corporaciones Autónomas Regionales con apoyo de los actores interesados en aprovechar ese bosque.

Transferirle el PMF (que debe de ser elaborado por un ingeniero forestal) a una comunidad que difícilmente se graduó de bachillerato es poner una barrera altísima. Este debería ser una responsabilidad compartida para alinear intereses: la Corporación pone el ingeniero forestal y los equipos, y la comunidad pone mano de obra para ayudar a hacer el censo del lugar que se irá a aprovechar.

Claro, la Corporación termina siendo juez y parte, pero si hace el estudio bien hecho, eso es lo que más le debe interesar para luego aprobar una tasa de aprovechamiento sostenible.

Que el Estado de Colombia cobre (es decir, la tasa de aprovechamiento forestal) por un recurso natural al que nunca ha ido ni cuidado es injusto y contraproducente frente a las comunidades que sí lo habitan y han conservado.

En lugar de que las comunidades le paguen al Estado, tal vez el Estado debe reconocer el trabajo de las comunidades e incentivar esa apropiación, a través de exenciones al pago de la tasa y/o el salvoconducto, o generar programas de pagos por servicios ambientales donde se reconozca esta labor ejercida en el caso de comunidades indígenas y afrocolombianas.

El cobro de la tasa de aprovechamiento forestal se vuelve, para las Corporaciones Autónomas Regionales para el Desarrollo Sostenible (Coralina, Codechoco, Cormacarena, Corpomojana, CDA, Corpoamazonía, y Corpouraba; 7/34), de absoluta importancia para sus ingresos. Estas CAR tienen el 67 % del bosque natural en Colombia y cuatro veces menos recursos que las demás CAR. Además, no tiene en cuenta el valor de las maderas en el mercado, donde muchas veces se desconoce el valor ecológico de la especie que es el que “infla” en muchas ocasiones el valor de la tasa que deben pagar las comunidades, dado que en muchos casos pueden ser maderas duras y valiosas desde lo ecológico, pero desconocidas en el mercado. En otras ocasiones, es el comprador que, aun sabiendo el precio real de la madera valiosa, paga a la comunidad el valor mínimo conociendo su necesidad.

Ante el mercado

Como suele suceder con muchos productos del campo, quien se queda con la mayor tajada es el que le añade valor y la vende al consumidor final. Para el caso de la madera proveniente del bosque natural, el productor gana entre un 3 % y 5 % de la utilidad final. La producción de madera ilegal en el país llega a mover 750 millones de dólares al año, un buen negocio que se queda en los últimos eslabones de la cadena.

Añadirle valor a la madera extraída por la empresa del Consejo Comunitario de Guapi implicaría secarla (muy difícil por las condiciones altas de humedad), tener maquinaria para transformarla en piezas apetecidas por el mercado y tener los canales de comercialización para llegar lo más cerca al cliente final. Esto podría llegar a triplicar el ingreso por familia.

Todo esto requiere un gran músculo financiero y grandes capacidades técnicas y administrativas, que las comunidades que viven del bosque no tienen. Ante esto, ni mencionar las limitaciones de infraestructura para movilizar esta madera al mercado. En el caso de Guapi, la única salida – que es buena – es a Buenaventura vía marítima. Generar encadenamientos productivos directos entre empresas legales y la comunidad sería una solución ideal, pero la mayoría de las empresas no están dispuestas a arriesgarse a pactar con las comunidades con las condiciones tan fluctuantes que tienen para la extracción de la madera.

Conclusiones finales

Fortalecer los eslabones de la cadena del mercado legal de la madera es clave para proteger la conservación del bosque y el bienestar de comunidades que dependen de ella, pero la única manera que este se pueda dar es reconocer el rol que tienen las comunidades locales en la protección y conservación del bosque, y de tener mercados diferenciados y trazables, donde se reconozca el precio de la madera legal.

Actualmente, de las 100 mil hectáreas que son núcleos de desarrollo forestal en el país, solo el 12,5 % tiene un Plan de Manejo Forestal aprobado por la Corporación Autónoma. No hay ninguna que lleve funcionando más de 1 año para entender el modelo de funcionamiento, y rentabilidad en el tiempo.

Al ver estos árboles maderables, de 30-40 metros en el bosque húmedo del Pacífico, llenos de quiches, orquídeas y lianas, ranas y arañas, donde los tonos de verdes son infinitos, me convenzo de que más vale un árbol parado que acostado.

Luego, la realidad pega. La gente tiene que vivir de algo y seguirá cortando madera para poner comida en la mesa. ¿Cómo alineamos los incentivos para conservar el bosque natural y velar por el bienestar de las comunidades que lo cuidan?

Nota: agradecimiento a JR, JM, y AY por sus aportes y comentarios.