Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
En semanas recientes en las regiones petroleras, y de poca tradición extractiva, se ha visibilizado el inconformismo por parte de los trabajadores, las comunidades, los grupos étnicos, los líderes ambientales, entre otros, sobre la falta de desarrollo económico y social en sus territorios y por ciertos incumplimientos de los acuerdos por parte de las compañías hidrocarburíferas y el Estado.
Hay varios ejemplos. Hace un mes, en Puerto Gaitán, Meta, las comunidades frenaron las actividades petroleras de las empresas Ecopetrol, Frontera Energy, Hocol, Tectrol y Cepsa. Durante más de siete días los manifestantes bloquearon el eje vial que conduce del municipio a la vereda Rubiales.
En este caso el argumento de los voceros era que la carga pesada de los automotores de las compañías tenían en mal estado la carretera y que por más de 30 años las condiciones del corredor eran críticas. Los manifestantes aseguraron que había un retraso de dos meses en la pavimentación de la vía.
Las actividades en Meta retornaron a la normalidad, gracias al restablecimiento del diálogo por parte del gobierno y los acuerdos en cuanto al seguimiento a los proyectos. Sin embargo, las manifestaciones generaron desabastecimiento de combustible y de alimentos a nivel local y departamental, amenazas a trabajadores de las empresas petroleras y pérdidas de empleos. Además, el gobernador de Meta y la USO expresaron que en estos bloqueos estarían involucrados grupos armados no estatales.
Otro caso de esta situación de inconformismo es lo que pasó en los últimos días en Monterrey, Casanare. El paro, por parte de trabajadores en contra de la contratista petrolera Ismocol, fue por la falta de contratación laboral en la zona de influencia de la estación Porvenir. Este tema es recurrente y a pesar que la ley exige esta vinculación local, no es claro porqué sigue sucediendo esta problemática.
Ahora, lo que pasó en San Vicente del Caguán, Caquetá fue alarmante. Hace 45 días campesinos e indígenas protestaron frente a las instalaciones de la petrolera Emerald Energy dado los incumplimientos de construcción de una carretera que une al municipio con la vereda Los Pozos.
La llegada del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) y el ingreso de los protestantes a la petrolera desencadenaron los enfrentamientos que lamentablemente cobraron dos vidas humanas. Además, los campesinos mantuvieron retenidos a un grupo de policías y trabajadores de la empresa que ya fueron liberados y se encuentran en buen estado de salud.
Estas movilizaciones sociales, que en su principio fueron pacíficas, no es un tema nuevo en Caquetá. Desde antes del 2015 habitantes y voceros de las veredas han manifestado su inconformismo por las actividades petroleras y hay una resistencia evidente a estos proyectos dentro del departamento, principalmente por los impactos en la fauna y flora que se ocasionan, afirman las comunidades que allí residen.
Vale la pena mencionar que en Caquetá no es nueva la resistencia hacía los proyectos de Emerald, tampoco es reciente el uso excesivo de la fuerza dentro de estas protestas, por parte del Esmad, y los enfrentamientos entre civiles y agentes. Durante más de 10 años la ciudadanía de Caquetá ha estado en contra de estos proyectos y afirman que hay fallas en los estudios ambientales y vacíos en los procesos de concertación con las comunidades.
Ante este panorama de crisis en los territorios petroleros, y no petroleros, es importante, por un lado, insistir en la democracia participativa a través de los mecanismos de participación como las audiencias públicas. Igualmente, la inclusión de estas zonas en los diálogos de paz con el ELN será clave, ya que sumado a este inconformismo social algunos de estos departamentos están en una condición de vulnerabilidad por la presencia de este grupo.
Aquí, más allá de satanizar o tener una posición, “blanca” o “negra”, se debe llamar la atención sobre la grave situación que está viviendo el país alrededor de la industria petrolera. En departamentos como Arauca, Meta, Casanare, Caquetá y Santander se está poniendo en riesgo a las poblaciones en medio de estas protestas y por los actos en contra de las petroleras debido a los grupos armados no estatales.
Sumado a esto, si se sigue sin una hoja de ruta clara o contradicciones entre los ministros y ministras de Gobierno en los temas de exploración, explotación o la transición energética , la situación se puede agravar.
