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Sin duda alguna los mensajes del nuevo Gobierno en cuanto al abandono de los combustibles fósiles, la política climática y el papel de la transición energética han sido constantes y concretos en la reciente agenda mediática y gubernamental de Colombia. En todos los espacios, tanto nacionales como internacionales, Petro ha reiterado la idea de dejar atrás la dependencia del modelo extractivista y proyectar al país al uso y democratización de energías limpias; un rumbo histórico, ya que ningún Gobierno colombiano ha cuestionado este modelo.
En noviembre, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que se celebró en Egipto, el Gobierno colombiano reiteró su compromiso en avanzar en dos propuestas de política pública para la agenda ambiental y de justicia climática del país; por un lado, se anunció las condiciones para adaptarnos de mejor forma a los efectos adversos del cambio climático y, por otro lado, se comunicó una nueva estrategia para los ejes de una hoja de ruta de transición energética justa. Este último tema tiene pendientes y desafíos que debe enfrentar esta actual administración.
No se puede negar que el Gobierno de Iván Duque entregó un país con pasos importantes rumbo a la transición energética, impulsando inversiones en energías renovables y con el inicio de una promoción de algunos minerales necesarios para esta transformación. Sin embargo, fue poca la participación de las comunidades donde se están desarrollando estos proyectos y ya se está gestando un malestar por las implicaciones sociales y ambientales de estas actividades “verdes”.
Aquí surge y revive la discusión de las consultas previas, un desafío técnico y jurídico que será definitivo para este proceso de transición, dado que este mecanismo de participación es el único instrumento para vincular a los grupos étnicos en la discusión sobre los recursos renovables energéticos. Uno de los departamentos que más ha llamado la atención sobre esta controversia es La Guajira ya que, como se sabe, en este territorio habitan comunidades afrodescendientes e indígenas, incluido el pueblo originario mayoritario del país, los wayuú. Además, es una zona estratégica para la implementación de las políticas energéticas del país y es una región ideal para la generación eólica.
Según datos del Instituto para la Paz y el Desarrollo (Indepaz), actualmente se está desarrollando un megaproyecto de 52 parques eólicos que se instalarán en tierras wayuú y serán construidos por 17 empresas nacionales y transnacionales. También, según información de investigadores de Indepaz, en La Guajira hay alrededor de cuatro y cinco consultas diarias y hay empresas estructuradas de proyectos o, denominadas por algunos, empresas coyotes, que organizan el proceso de consulta y la venden a las multinacionales eólicas.
A pesar de las consultas realizadas y los compromisos pactados por las empresas como Enel, las comunidades reportan varias arbitrariedades en este proceso.
Según el portal PiedePágina, los líderes denuncian la falta de un asesor externo e imparcial que los ayude a negociar los términos y acuerdos económicos de los proyectos. También, el mismo portal informa que, según testimonios recogidos en los territorios, las reuniones son con un grupo limitado de participantes y con las autoridades tradicionales patriarcales. Es decir, el proceso participativo no es del todo transparente ya que no incluye a todos los miembros de la comunidad y termina invisibilizando el trabajo político de las mujeres wayúu.
Como era de esperarse, el camino hacia la transición energética está lleno de desafíos y el reto no es menor teniendo en cuenta que el 56% de los ingresos por exportaciones de Colombia provienen del petróleo y del carbón. Entonces, para que el Gobierno Petro multiplique sus inversiones en energías renovables necesita establecer condiciones de gobernanza más claras para evitar errores de administraciones pasadas.
Por tal razón, es necesario adecuar los procesos de consulta previa y los otros mecanismos de participación en los territorios donde llegarán las nuevas tecnologías e infraestructuras. Pero, más allá de eso, es necesario contemplar las particularidades de cada región con el fin de entender y proteger los intereses de todos los sectores y las comunidades involucradas.
Con una gobernanza clara, diálogos que involucren todas las voces y reformas legislativas concretas, el inicio de la transformación energética es posible.
