Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
La transición energética no vive solamente de ideas. Para que las ideas de un gobierno se materialicen es necesario convertirlas en política pública y luego en regulación, para que efectivamente las empresas y los ciudadanos decidan hacer inversiones de transformación energética.
En Colombia hay buenas ideas y avances en políticas públicas, pero la cadena regulatoria no está funcionando.
A principios de este año, el presidente Petro quiso asumir las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) para controlar el alza en las tarifas de energía. Afortunadamente para el sector, pero también para él mismo, el Consejo de Estado negó esta pretensión y ratificó la decisión la semana pasada.
Esto es una señal de tranquilidad para los inversionistas en energía renovable, significa que las reglas de juego serán estables y que podrán invertir sin riesgos jurídicos.
Pero en este momento la Creg está coja y no tiene capacidad operativa. El problema viene desde el final del Gobierno Duque, en el que hubo unos nombramientos de comisionados cuestionables que fueron demandados y cayeron.
Eso se sumó al hecho que a varios comisionados expertos se les acabó el periodo de 4 años y dejaron su cargo. De 6 comisionados expertos que deberíamos tener apenas hay una en propiedad, otro termina su periodo este mes y hay 4 comisionados nombrados en interinidad por el Gobierno Petro.
El primer periodo de interinidad de 3 meses ya pasó y se prorrogó de nuevo. Pero tener comisionados en forma interina condiciona su independencia, ya que el presidente puede removerlos cuando quiera si no está de acuerdo con sus decisiones.
Esa situación es compleja para el sector, pero también juega en contra del mismo gobierno. Una Creg sin comisionados en propiedad pone en riesgo la bandera más importante de Petro en energía: las comunidades energéticas.
Hoy las comunidades energéticas no tienen una figura regulatoria que las soporte o que las haga rentables.
El Ministerio de Minas publicó unos decretos para fomentarlas y para darles estructura jurídica, pero sin una Creg fuerte que los reglamente de forma armónica con el resto de la regulación, esos decretos son cosas bonitas escritas en un papel.
Tienen el mismo valor del decreto del Gobierno Duque que habilitaba la respuesta de la demanda residencial, las areneras regulatorias y la participación de usuarios finales en el mercado mayorista. Están en un papel, pero no existen.
Los inversionistas internacionales de energía no han perdido interés en Colombia, pero cada vez la preocupación por la seguridad jurídica y regulatoria aumenta. Nombrar en propiedad por periodo de 4 años a expertos regulatorios con trayectoria extensa, como los que necesitamos y merecemos, sería una victoria potente y muy fácil para el gobierno Petro.
Una Creg potente no solamente aceleraría las comunidades energéticas, sino que también aumentaría la inversión en energía renovable en Colombia, habilitaría nuevos negocios de energía que pueden tener alcance mundial, y haría que Petro pudiera colgarse una medalla de liderazgo en desarrollo y energías limpias.
Por lo demás, limaría roces entre gobierno y empresas, lo que le funciona al país entero. Una Creg débil causará todo lo contrario, dejando las ideas en papel y abriendo espacios para que las empresas abusen de los usuarios, particularmente en el tema tarifario.
Ojalá desde el alto gobierno sean capaces de ver esta oportunidad.
Nota: Santiago Ortega es Director de Innovación de Emergente Energía Sostenible S.A.S., empresa cuya actividad está relacionada con la regulación definida por la Creg.
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