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“El peor desastre ecológico”, según afirma el Gobierno peruano, tras el derrame de petróleo en su capital. El pasado 15 de enero, en Ventanilla, zona aledaña a Lima, se presentó un derrame que superó los 6 mil barriles de crudo; contaminando más de 18 mil metros cuadrados de mar, dos reservas naturales y dejando incontables animales muertos. Hasta el momento la presunta responsable es Repsol, petrolera española.
Según información preliminar, en las instalaciones de la refinería La Pampilla, la fuga de combustible se habría originado por una fisura en el sistema de carga. Al instante que el barco estaba descargando petróleo, aparentemente se rompió un tubo por el fuerte oleaje causado por la erupción del volcán en Tonga, ubicado en el Pacífico Sur.
La empresa hasta el momento ha negado la responsabilidad del desastre, ya que afirman que la Marina de Guerra de Perú no les comunicó a tiempo sobre la alerta de un tsunami en el Pacífico y tampoco les impidió continuar con la descarga del petróleo. Una afirmación un tanto ilógica si se tiene en cuenta que, una empresa de la magnitud de Repsol debe estar preparada ante cualquier situación de emergencia y más en este contexto climático.
Además, lo más preocupante de la situación es que la compañía no activó de manera adecuada su plan de contingencia y al momento del desastre dio la información incompleta. El ministro de Ambiente peruano, Rubén Ramírez, indicó que la empresa había informado una mancha de 2,5 metros cuadrados y un derrame de solo siete galones.
Esta irresponsabilidad de la falta de información de Repsol, aumentó la tragedia dado que no se actuó a tiempo y, peor aún, no cesó las operaciones de descarga. Aquí también el Estado y las autoridades ambientales del país tienen parte de responsabilidad, ya que ellos deben monitorear y fiscalizar que las petroleras cumplan con los marcos normativos y planes de contingencia de las empresas.
Este derrame realmente es una tragedia ambiental y las imágenes de los animales empetrolados hablan por sí solas. Son incalculables las aves marinas, mamíferos acuáticos y los peces impactados por este hecho. Según expertos sobrevivirán solo el 50 % de los afectados. Sumado a esto, indudablemente habrá un impacto socioeconómico para los pescadores artesanales y el turismo.
De nuevo, estas huellas de petróleo prenden las alarmas sobre el grave impacto del hidrocarburo en la biodiversidad y las áreas protegidas donde se realizan la actividad petrolífera. Lastimosamente, pareciera que las empresas y los Estados no aprendieran de eventos pasados y errores asociados a la negligencia en las labores extractivas. Según un informe Sombra de Hidrocarburos publicado en el Perú, desde 1997 hasta el primer trimestre del 2021 se han producido 1.002 derrames, equivalentes a 87.300 barriles producto de la extracción petrolera. Asimismo, tampoco aprendemos de las experiencias pasadas en la región, como el registrado en 2020 en Ecuador del Río Coca o el afloramiento de crudo en la quebrada la Lizama, en Colombia.
Por la magnitud del evento, Repsol debe responder ante los daños causados y más allá de la sanción económica, lo más importante es que asuman su responsabilidad y actúen con celeridad para minimizar los impactos ya registrados. Igualmente, los directivos de la compañía y los encargados de los planes de contingencia deben enfrentar los procesos jurídicos correspondientes, si se comprueba una posible negligencia en la hora de la emergencia.
Es increíble que con toda la tecnología satelital, que debe manejar una compañía energética global para sus operaciones, no estén preparados para las anomalías climáticas recurrentes por la crisis climática que vivimos.
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