En Colombia, de manera histórica la posesión de la tierra ha sido un sinónimo de poder y riqueza, en especial este último atributo ha promovido que el suelo tenga culturalmente un valor especial. A diferencia de otras naciones, donde las altas cargas tributarias no hacen lucrativa la acumulación de tierras, en este país sucede todo lo contrario.

Esta característica ha promovido una larga tradición de problemas asociados a la tenencia, administración y uso de la tierra. No en vano, Colombia es el segundo país con mayores registros de desplazamiento forzado a nivel global y el despojo de tierras es uno de los principales generadores de esta tragedia.

De ahí que la restitución de tierras sea un asunto obligado en todas las discusiones jurídicas y políticas en materia de reivindicación social, de justicia y paz.

En este escenario, el uso y la posesión de tierras en las zonas rurales y urbanas ha estado caracterizado por la informalidad e incluso por la violencia. Un ejemplo es lo que sucede en Medellín, donde hay más de un millón doscientos mil predios y cerca del 40% se ocupan bajo una figura posesión o de compraventa, medios jurídicos para poseer predios bastante superfluos.

Pero esta problemática se ha venido agudizando a causa del crecimiento exponencial de la ciudad, de las llegadas masivas de nacionales y migrantes que fueron desplazados por asuntos sociales, económicos, políticos o de seguridad. En este escenario, la densificación poblacional que se ha generado es tan alta que en el área metropolitana, que equivale a cerca del 1% del territorio de Antioquia, vive más del 80% de la población del departamento.

Este fenómeno ha disparado la demanda de suelo en un territorio donde no hay mucho espacio para asentarse. Quienes más lo demandan no tienen las condiciones económicas para comprar lotes o vivienda formal, dando lugar así a un desequilibrio creciente entre la oferta y demanda de espacios, y llevando a niveles alarmantes las invasiones y sus efectos en materia de seguridad y medio ambiente.

Bajo esta lógica, que desbordó todos los procesos de control territorial y de planeación, fue que Medellín autoconstruyó cerca del 60% de la ciudad. Son muchísimos los barrios e incluso comunas que, bajo la figura de convite comunitario, lograron tener sus vías de acceso, espacios de educación, culto, recreación y deporte, entre otros.

Pero estos procesos comunitarios muy loables desde lo social, han traído muchos problemas en materia de seguridad, sostenibilidad y riesgos, pues son comunes las voces de expertos que advierten de los altos niveles de amenaza que tiene Medellín y su área metropolitana ante movimientos en masa, extensas temporadas de lluvia, temblores o fenómenos asociados al cambio climático.

En escenario, actores ilegales han aprovechado para crear un negocio tan rentable que hoy representa el tercer ingreso para las Bacrim luego del microtráfico y las extorsiones. El loteo ilegal es la forma como se está atendiendo la sobredemanda de viviendas y locales en las zonas más vulnerables del área metropolitana, un negocio que ha crecido ante los ojos incapaces y muchas veces complacientes de las autoridades locales y de Policía.

Y es en este punto, donde se hace necesario generar algunas claridades:

  • Es falso que todos los que ocupan estas invasiones son personas vulnerables y sin otra opción. Las autoridades han demostrado que la mayoría de las veces los invasores sí tienen otras opciones y lo único que están haciendo es buscando cómo sacar provecho económico de una incapacidad estatal para controlar y sancionar a los invasores y a quienes comercializan estos predios.
  • La mayoría de las invasiones se adelantan en espacios públicos, retiros de quebrada o zonas destinadas por su gran valor ambiental a la conservación o protección de los suelos. En este sentido, los ecosistemas estratégicos ambientalmente son las zonas más afectadas por las invasiones y con graves repercusiones en la calidad de aire, la regulación bioclimática, la conservación de corredores verdes, la perdida de hábitat de fauna, etc.
  • En la actualidad, en el proceso de invasiones lo que está en el trasfondo más que una realidad socialmente crítica es una actividad ilegal muy lucrativa que el Estado no ha atendido (aunque existan los mecanismos jurídicos e institucionales para hacerlo).

En este escenario, y ante la limitada acción del Estado para atender a las invasiones, en Medellín se ha pasado de registrarse cerca de 5 mil invasiones por año en el 2015 a registrarse más de 20 mil en el 2021. Esta es una tragedia social, jurídica y ambiental que está destruyendo parques, reservas, retiros de quebradas y toda zona verde que hoy existe, un desastre ambiental que está sucediendo ante los ojos de todos, pero en el que nadie hace nada y del que pocos quieren hablar. 

Politólogo y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Académico y activista ambiental.