Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de La Silla Vacía ni de sus aliados.
El debate alrededor del levantamiento de veda para el rancheo de huevos del Caimán Aguja ha generado una polvareda en la arena ambiental colombiana.
Los retos de la conservación son diversos y de diferentes complejidades, y su gestión requiere tener unos entendimientos básicos que permitan generar herramientas pragmáticas que sean aplicables a la realidad colombiana.
Uno de estos entendimientos fundamentales es que los medios de subsistencia de las personas en las zonas rurales se derivan en una muy buena medida de su entorno natural, especialmente en zonas megadiversas.
Este entendimiento aplicado a un problema de gestión específico se podría ver representado en el comercio ilegal de fauna silvestre. Este ejemplo muestra cómo una persona que habita en un entorno natural específico puede observar elementos que son de alta importancia natural y que, a su vez, tienen un valor comercial alto, principalmente para personas que están localizadas por fuera de este entorno.
Al haber un comprador y alguien dispuesto a vender se crea un mercado ilegal que se convierte en una presión ambiental muy significativa que, si no es gestionada eficientemente, puede afectar la salud de las poblaciones que están siendo traficadas.
Adicional al control de las redes criminales, la solución del problema del comercio ilegal de fauna silvestre debe tener en cuenta entonces que, si una persona es pobre y el uso del suelo de sus terrenos tiene restricciones importantes, es probable que, en ausencia de alternativas productivas sostenibles, decida por necesidad hacer uso ilegal de la flora o la fauna de un lugar específico.
Esta situación se observó en Colombia en la década de los sesenta generando una disminución significativa la población de caimanes aguja al punto que su caza fue vedada desde 1969 por el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente – INDERENA.
Como resultado de esta veda, en el 2015 se observó que los niveles de presión de esta especie habían mejorado, por lo tanto, su escala de amenaza había disminuido y con base en esa realidad en la Bahía Sispatá, con muy buen juicio, la dirección de bosques del Ministerio de Ambiente emitió la resolución 2298 de 2018 que levantó la veda para el rancheo de huevos de estos caimanes, para que los mismos sean usados como base para el desarrollo de cría, levante y sacrificio de estos animales.
Esta práctica reduce las presiones que se pueden dar sobre los ejemplares silvestres de estas especies. Esto genera un círculo virtuoso en la medida en la que las comunidades velan por el buen estado de las poblaciones de caimanes, ya que su sustento depende del buen estado de éstas.
Tratar de tomar esta situación del caimán aguja y generar alrededor de ella un escándalo mediático con tintes políticos es una muestra del ambientalismo calenturiento colombiano, que sistemáticamente se fija en coyunturas y no en asunto estructurales.
En esta discusión, lo estructural es el balance entre lo natural y lo ambiental interpretado con empatía hacia las comunidades que han habitado ancestralmente zonas megadiversas y cuyo bienestar depende del aprovechamiento sostenible de su entorno. Es clave entender que hacer conservación de la biodiversidad con hambre es prácticamente imposible.
Si la sociedad colombiana es más empática hacia los caimanes que hacia las personas que cohabitan con ellos, Colombia seguirá siendo un país excluyente que no podrá capitalizar sobre su riqueza natural.
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