Según las estadísticas mundiales de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), cerca de un 61 por ciento de los empleados en el planeta están dentro del margen de la informalidad.

Estas ocupaciones suelen asociarse al ejercicio laboral autónomo sin las condiciones de seguridad social, remuneración y garantías óptimas que les permiten a las personas cubrir sus necesidades básicas insatisfechas.

Dentro de esta categoría, uno de los oficios de mayor vulnerabilidad y riesgo es el de los recuperadores o recicladores, personas en una condición de vulnerabilidad social, operativa y económica muy alta. La OIT indica que menos del 20 por ciento de las personas que laboran en la recolección de residuos logran obtener las garantías que tiene un empleo formal.

Además, las condiciones en que se realiza este oficio suelen categorizarlo como una actividad económica de subsistencia, pues en la mayoría de los casos es ejercido por la falta de alternativas laborales. Aunque se debe reconocer que son numerosos los casos donde se realiza como una actividad heredada o ejercida colectivamente por el núcleo familiar.

En Colombia son más de 50 mil las personas que se dedican al reciclaje y más de 200 mil personas que dependen de esta actividad, a pesar de lo estigmatizada, riesgosa e inestable que es. Este oficio normalmente pone en altas condiciones de mayor vulnerabilidad a un grupo poblacional que ya en su realidad socioeconómica es vulnerable.

Normalmente, el reciclador ejerce su labor hurgando en las bolsas de basura que dejan las personas en la vía pública, haciendo un proceso de identificación, clasificación, separación y recuperación de los residuos aprovechables que se encuentran en ellas. Los métodos utilizados son bastante rudimentarios y muy poco seguros para su integridad.

Los principales materiales reciclados en Colombia son: vidrio, cartón, tereftalato de polietileno (PET), papel y archivo, pasta, metales, madera y chatarra. Un conjunto de residuos que, en el marco de un proceso de economía circular, pueden ser aprovechados y transformados.

Si bien algunas estimaciones indican que cerca del 25 por ciento de los residuos que se producen en el país son reciclables, por el proceso tan manual y poco tecnificado con que los recicladores clasifican y recolectan los materiales, la mayoría de estos residuos no se alcanzan a recuperar y van a disposición final, contaminando y saturando mucho más los rellenos sanitarios.

Al final esta es una lógica nefasta, porque residuos con un gran valor económico y una gran función social acaban desechados y contaminando.

Pero en esta realidad los que menos responsabilidad tienen son los recicladores, pues el apoyo financiero y tecnológico que reciben de los gobiernos y las empresas prestadoras de los servicios de aseo no crean las condiciones mínimas para que puedan aumentar la captación de este material y hacer más eficiente su gestión.

A esta dificultad se suma el poco compromiso de ciudadanos, que no hacen la tarea de separar sus residuos, que son la fuente, y entregar este material aprovechable a los recicladores directamente.

Muchos suelen justificar esta indisciplina en que no existe un estímulo para separar, porque el camión recolector lo mezcla todo. Pero aquí hay una confusión de raíz, pues la idea es que cada ciudadano separe el material reciclable y se lo entregue directamente al reciclador de su zona, sin mezclarlo con el resto de los residuos posconsumo.

Por otro lado, si bien la conciencia sobre el valor de los residuos aprovechables ha ido en aumento, estos residuos cada vez más son captados por empresas, administradoras de copropiedades, unidades residenciales o chatarrerías. Esto hace más difícil el acceso que los recicladores tienen a este material y a su venta.

Además, está la variación con tendencia a la baja que han tenido los precios de los residuos aprovechables luego de la pandemia, por ejemplo, la recolección del vidrio en la actualidad cuesta más de $190, llevarlo a la industria vale $80 y se factura a $60, cuando antes se cotizaba entre $450 y $500. El PET cristal paso de $2.400 el kilo en febrero de 2022 a $1.300 en la actualidad, y en solo un año el cartón paso de $800 el kilo a $300.

Sin duda, esta situación está llevando a la quiebra a la mayoría de empresas de aprovechamiento, a la inviabilidad operativa de las cooperativas de recicladores y a la mendicidad a miles de familias. Mientras tanto, los grandes transformadores y operadores del servicio de aseo se quedan con el negocio.

Desde hace varios años, el gobierno nacional ha venido buscando la formalización y legalización de los recicladores y sus corporaciones a través de un proceso de gradualidad, por medio del cual les ha reconocido un pago mensual a través de tarifa.

Sin embargo, es común que este recurso no sea entregado a los recicladores o se les asigne parcialmente. Incluso, son numerosas las denuncias en las que cooperativas o empresas de servicios públicos alteran o registran falsos recuperadores, o aumentan los porcentajes de material captado para recibir más recursos, dejando a los recicladores sin este apoyo económico.

Como si esta situación no fuera suficiente, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dictó la resolución 20221000214135 del 17 de marzo de 2022, donde insta a los gobiernos locales a revisar el uso del suelo en el que funcionan las Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento (ECA) de residuos, una exigencia urbanística que obligaría a cerrar más del 80 por ciento de las ECA del país.

En la actualidad, las condiciones laborales, sociales y económicas de los recicladores son bastante desfavorables, esto sin contar la estigmatización por su labor, pues constantemente se les suele responsabilizar del deterioro paisajístico de las ciudades, la generación de puntos críticos y que se les suele confundir con población en situación de calle.

Ante este escenario, urge que los gobiernos, tanto local como nacionalmente, unan sus esfuerzos para salvar a una de las poblaciones más vulnerables del país. Son miles de familias que están al borde de la pobreza extrema.

Y, si bien los recicladores han sido reconocidos por la Corte Constitucional como un grupo marginado que merece protección especial, al punto de ordenarle a las autoridades tomar las medidas necesarias para incluirlos en la recolección, aprovechamiento y transformación de los residuos. Las medidas del Estado no les han garantizado su derecho al trabajo ni a la inclusión efectiva en el sistema formal de gestión de residuos.

Politólogo y magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en Gobierno y Gestión Pública en América Latina de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Académico y activista ambiental.