¿Y las propuestas ambientales y animalistas? Menos discursos y más gestión

Cada día son más frecuentes y grandilocuentes las intervenciones y anuncios de los gobiernos y políticos en materia ambiental; el cambio climático, la deforestación, las políticas de bienestar animal inundan sus discursos y anuncios. Son numerosos los gobernantes, candidatos y activistas que pretenden parecer conscientes de los temas ambientales y animalistas, pero la verdad no van más allá de fotos, publicaciones en redes sociales y algunas alusiones en sus debates al tema.

Lo cierto es que la mayoría de esos discursos y comportamientos son un mar de conocimiento con un centímetro de profundidad. 

En Colombia gracias a la Constitución de 1991, a la Ley 99 de 1993 y algunas normas derivadas, hoy se cuenta con un buen sistema nacional ambiental, unos institutos científicos, unas autoridades ambientales, recursos y varias políticas ambientales, de protección y bienestar animal. Sin embargo, es mucho lo que falta para garantizar el presupuesto y los instrumentos necesarios para cuidar, proteger y preservar efectivamente los recursos ambientales y la fauna del país.

Este camino hay que comenzar a recorrerlo por lo básico: dando cumplimiento a todas las normas, acuerdos y compromisos jurídicos de nivel nacional e internacional que el país a suscrito para cuidar sus ecosistemas estratégicos y conservar la fauna que es codependiente de estos.

Reglamentar algunos acuerdos y compromisos que aún no se han puesto en firme como el Acuerdo de Escazú, el cual es fundamental para el país, pues busca garantizar la actividad, los derechos y la vida de los defensores y activistas ambientales. Este tema es crítico para Colombia por ocupar el vergonzoso primer puesto como el país donde más muertes de líderes ambientales se registran y por ser, luego de México, el país de mayor riesgo ambiental a causa de actividades como la deforestación, el tráfico de fauna, la expansión de la frontera agropecuaria, el narcotráfico y la minería.

Cada día estos problemas ambientales parecen agudizarse más. La alta afectación a la fauna y a los ecosistemas estratégicos resultan críticos y el problema de una escala alarmante si se tiene en cuenta que más del 40 % del territorio nacional posee alguna figura de conservación por ser un territorio de gran valor ambiental.

Ante este panorama, se hace urgente que los discursos, las políticas y programas cada vez sean más reales, más hechos con impactos y menos discursos con poca incidencia buscando pescar simpatizantes y/o electores incautos. Incluso, por qué no, se hacen necesarios líderes que trasgredan, sean disruptivos y crucen las líneas rojas que son la única opción para generar un cambio de rumbo y lograr que Colombia tenga un modelo de protección, conservación e investigación ambiental y animal efectivo y a la altura de los retos que existen en la actualidad.

Si no se avanza en esa dirección, no se dejará de ser un país mágico, con una riqueza natural invaluable, pero en vía de destrucción. Solo si se toma el camino correcto, se volverá a ser el referente internacional en políticas de bienestar y protección ambiental que se fue hasta el año 2000 cuando apareció el Código de Minas y se llevó al traste tantos años de trabajo ambiental.