“Cualquier empresa hubiera tenido el final que tuvo Electricaribe”

Judith Sofía Echeverría Molina: La empresa que presta servicios públicos independientemente de su naturaleza o composición de capital (público o privado), está sometida a un régimen legal y a una estructura de costos que los obliga a ser eficientes, suficientes financieramente y a prestar servicios de calidad.

Es el mismo régimen para los prestadores cien por ciento públicos, de manera que si otra empresa diferente a Electricaribe se hubiera encontrado con las particularidades de esta región y la forma como se han manejado, también estaría en las mismas condiciones.

J.E.: No es una cuestión del modelo. En los años noventa del siglo pasado era peor, cuando el Estado los prestaba, la cobertura y la calidad eran menores. Sólo las personas con más recursos podían tener acceso mediante sistemas privados -plantas eléctricas- y el Estado prestaba el servicio por debajo del costo, es decir a pérdida, contra impuestos.

En cuanto a las condiciones particulares de la región Caribe tienen que ver con factores climáticos, pero también con las condiciones socioeconómicas de los usuarios. En materia de servicios públicos por ley aplican subsidios cruzados en todo el país. Las personas que viven en los estratos altos subsidian a los que viven en los estratos bajos. Esto es problemático en la región Caribe porque la mayor parte de la población es subsidiada (hablamos de las personas en Cesar, La Guajira o el Magdalena, por ejemplo) y no hay suficiente gente con capacidad de pago que asuma esos subsidios.

Adicionalmente, los ricos consumen menos porque son menos en la casa, son mayores, tienen equipos ahorradores de luz, son más educados por lo que leen mejor sus facturas y al hacerlo se dan cuenta del alto porcentaje que subsidian entonces ahorran, mientras los pobres consumen más, porque además de las razones opuestas a las acabadas de mencionar reciben el servicio a bajo costo. Eso hace insostenible el sistema a menos que el Estado asuma los costos a través del aumento de los impuestos.

No estoy defendiendo a las empresas de servicios públicos, jamás he trabajado en una y con ninguna tengo nexos, por el contrario he trabajado en los organismos de control, en la Personería, lo que digo es desde la experiencia.

J.E.: No es capricho de este Gobierno ni de los anteriores, ni de los que vengan, ofertar el servicio.

Es necesario verificar qué condiciones plantean los pliegos que puedan hacer atractivo a una empresa (pública, privada o mixta) asumir un mercado con las características de consumos y poca capacidad de pago, como el que se ofrece.

Mirar la oportunidad de pago del subsidio, las inversiones requeridas para superar la crisis, el plan financiero de mediano plazo para contar con una infraestructura confiable, la rentabilidad que se puede lograr con las condiciones de mercado existentes, y toda una serie de variables que permitan concluir a los posibles oferentes que es un proyecto atractivo.

Para los estudios previos debieron haberse hecho los cálculos de cuánto tiempo tarda en retornar la inversión que hay que hacer en infraestructura y en saldar pasivos. Dado que esto se recupera vía tarifas, el Estado debe garantizar el tiempo de operación necesario para que se recupere la inversión de forma gradual y no torne impagables las tarifas.

Si esas condiciones mencionadas anteriormente no se conjugan en un proyecto, seguramente no habrá un adecuado número de postores. En el mercado la relación debe ser gana – gana para poder contar con una pluralidad de oferentes en un proceso.

En todo caso, las utilidades tienen que ser razonables. La rentabilidad de estas empresas debe ser social y los gobernadores y alcaldes deben ser exigentes en eso, ponerle corazón al Estado.

J.E. A pesar de lo que pueden percibir los usuarios, los políticos y la gente del común, sí hemos avanzado en materia de política pública y yo lo he constatado en 28 años de trabajo en la materia.

Eso no quiere decir que sea perfecto, que no pueda mejorarse, pero no estamos en el peor de los escenarios. Hay un marco legal y unos lineamientos políticos para trabajar y mejorar las condiciones de los usuarios, sobre todo en lo que pocos mencionan: Los recursos naturales involucrados en la prestación de los servicios.

J.E. En mis escritos he planteado que Colombia debe girar hacia una política de control de la demanda e ir dejando en paralelo la política de la oferta de servicios ¿Por qué? Existe la idea de que la tarea del Estado en estos servicios es ofertar y la de la gente consumir (libre demanda) y eso un buen negocio.

Pero, ¿qué tal si trabajamos en intangibles como el control al consumo?, ¿en el ahorro?, ¿cuántas inversiones estatales o de las empresas se aplazarían?, ¿cuántas inversiones vía subsidios se aplazarían?

Estamos en una encrucijada: por un lado queremos que la empresa haga las inversiones, pero ¿cómo las recupera?,  ¿vía tarifas, cierto? O que las haga el Estado. ¿Cómo las financia? Vía impuestos.

J.E. El principal beneficio es medioambiental. En la medida que ahorremos energía estamos consumiendo menos agua dado que dependemos de las hidroeléctricas. Si consumimos más de la que necesitamos o bajan los caudales por los fenómenos climáticos – como el del Niño que se avecina- y las hidroeléctricas no dan abasto, entonces hay que recurrir a las termoeléctricas que son muy contaminantes.

Es además un círculo vicioso porque el uso de agua genera contaminación de forma exponencial. Por cada litro que se usa y se va al alcantarillado se contaminan ocho y para descontaminar se necesita energía.

Adicionalmente hay un ‘aplazamiento de las inversiones’. En la medida que se racionalice el recurso la capacidad instalada puede ser suficiente para atender la demanda y el Estado puede destinar lo que tenía presupuestado para aumentar la infraestructura de conducción de electricidad a otros sectores o al mismo pero, por ejemplo, privilegiando el sector rural que está rezagado. Eso pasó en Barranquilla con las plantas de tratamiento de agua, desde hace 24 años no se construye ninguna.

J.E.: El punto es que los usuarios demandan mayores inversiones y éstas sólo se pueden hacer vía tarifas, si lo hacen los privados, o impuestos si lo hace el Estado.

Yo considero que debería estar subsidiado el consumo de subsistencia básico para todos los usuarios sin importar en qué estrato vivan. Por supuesto, el consumo de subsistencia básico de Barranquilla no puede ser igual al de Tunja por el calor.

J.E.: Porque se trata de servicios esenciales. Te pongo un ejemplo. En una maratón participa todo el mundo. En términos generales, la cantidad de botellas de agua que necesita una persona para hidratarse durante la carrera es igual independientemente del estrato en el que viva. Si hay una persona que quiere comprar más botellas de las que necesita las debe pagar.

Los subsidios cruzados representan un sobreprecio grande para las personas y no contribuyen a que haya un uso racional del servicio. En Barranquilla, por ejemplo, la tarifa del agua potable de los estratos altos (cinco y seis), y de los sectores comerciales e industriales, tiene un sobrecosto del 88 por ciento, es decir, que el valor de la factura sólo en un 12 por ciento corresponde al consumo de las personas.

Donde el Estado debe ejercer control es en la verificación de los costos de operación y de administración de las empresas prestadoras del servicio que son la base para fijar las tarifas.

J.E.: No. Creo que no tiene los elementos de fondo para ser una propuesta viable para toda la comunidad, al menos inmediatamente.

Esto requiere de más análisis. Se debe llegar a este tipo de alternativas y será una consecuencia que el medio ambiente exigirá, de hecho Colombia ha firmado todos los tratados ambientales, pero no es tan simple como lo plantea un político en campaña. Esto va de la mano de grandes inversiones en infraestructura para dotar de paneles a la gente, de un fuerte trabajo de concientización para lograr un consumo racional, de montar una estructura financiera y legal que soporte ese proceso, entre otras.

Si bien existe legislación en el campo de la energía solar y eólica, no es un secreto que la reglamentación ha sido lenta y ha demandado analizar aspectos variados.

¿Usted se ha puesto a pensar que los primeros en migrar a energías limpias y más económicas son los que más capacidad de pago tienen? Ya han iniciado. Algunos generan en exceso y solicitan que el sistema energético se los compre. Entonces, ¿quién subsidia el consumo y a veces el derroche de los que no cuentan con capacidad de pago? Si su respuesta es “el Estado”, tendría que pensar en impuestos.

J.E.: Para responder esta pregunta debe verificarse cómo es la composición de los usuarios, el consumo por usuario (vivienda o inmueble), la cultura de pago, la capacidad de pago y las condiciones climáticas. Si no se miran esos aspectos y no hay un equilibrio en el manejo de los riesgos y seguridad jurídica del proceso, cualquier empresa hubiera tenido el final que tuvo Electricaribe.

J.E.: No. Todos deben ajustarse a la Ley y a los parámetros de calidad, que implica continuidad, frecuencia, cantidad, etcétera. El tema es la particularidad de nuestro entorno, las condiciones climáticas, la capacidad de pago, el alto consumo y una política de subsidios que no estimula el ahorro o el uso racional.

J.E.: Sin entrar en polémica por declaraciones anteriores, la viabilidad de una empresa de servicios públicos va atada a una cantidad de variables que deberían conjugarse en los diferentes actores (operador, Estado, comunidad) y podría resumir en: seguridad jurídica, seguridad financiera, seguridad física, herramientas eficaces de control en cada una de ellas y mucha cultura y trabajo social alrededor de los servicios públicos domiciliarios.

J.E.: Eso debe ser el resultado de un análisis con la participación de todas las disciplinas involucradas, el cual debió estar contenido en los estudios previos del proceso.

De igual manera, debe estar contenido en la propuesta que presente el operador oferente. Quienes evalúen la oferta y su conveniencia, seguramente lo plasmarán en su informe.

J.E.: Hay que revisar a qué corresponde el pasivo de Electricaribe. No necesariamente son deudas de un privado las originadas en servicios prestados y no pagados.

J.E.: Desconozco a fondo las pretensiones de Fenosa.

Para responder a su pregunta sobre la propiedad de los activos en cabeza del Estado, debo decirle que es perfectamente viable que un privado sea el operador del servicio y el Estado el dueño de la infraestructura.

J.E.: Totalmente. Quién se va a llevar una red para España por ejemplo.

J.E.: La tendencia en países con limitada capacidad para realizar grandes inversiones es la participación público privada. No solo se puede cargar al Estado ese compromiso. Sí debe el Estado velar para que quien se asocie con él lo cumpla, pero no necesariamente debe realizar las inversiones. En ese caso el particular debe recuperar sus inversiones vía tarifas, como lo establecen las comisiones de regulación de cada sector.

J.E.: En el sector de los servicios públicos, los espacios legítimos donde la comunidad debe tener su activa participación son los Comités de Desarrollo y Control Social. A esos Comités no los he visto intervenir en el proceso.

Ellos, bien informados y formados en estos temas, serían los llamados a representar a la comunidad usuaria, entendida como toda la sociedad que recibe el servicio.

J.E.: El problema es que a las marchas no van necesariamente las comunidades organizadas e informadas, entonces no hay contraparte.  

Es obligación de las autoridades locales fomentar la conformación de los Comités. Adicionalmente, la gente cree que la participación comunitaria la hace solamente la base social. Pero los industriales y las personas que viven en estratos cinco y seis, que requieren el servicio, también la pueden hacer.

J.E.: Entiendo que el Estado está haciendo lo que la ley le exige. La toma de control por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos fue una de las medidas urgentes. Todos anhelamos que sea inmediato el resultado, pero la prestación del servicio, dado su complejidad y el número de usuarios, no permite que los resultados se logren todos al mismo tiempo. Hasta donde entiendo, existen retrasos en inversiones y mantenimiento de la infraestructura existente.

En términos generales, usted puede deducir que un servicio se presta adecuadamente cuando no nos damos cuenta que hay alguien ejerciendo esa función. Usted nota la presencia de operadores cuando hay fallas en el sistema. Bien sea en facturación, en mantenimiento, operación,  en tarifas o atención al usuario, etc. 

En resumen, el Estado debe brindar las herramientas para que el operador del servicio lo preste con calidad y el operador debe ofrecer todo su concurso para que este servicio sea como el usuario requiere.

De otra parte,  se espera del usuario un uso racional del recurso y el cumplimiento de sus obligaciones en el pago oportuno del servicio. Cada uno se debe preguntar qué está haciendo para que su factura sea lo que puede pagar.

En la solución debemos estar involucrados todos. No es solo el Estado, ni solo la empresa, ni solo el usuario.

J.E.: No estoy segura que esa sea la solución porque la ley ha promovido que haya una economía de escala. Si tienes más usuarios sale más barato prestar el servicio.

Si se dividiera el mercado hay que asegurar que las empresas tengan en sus usuarios representada la realidad social. Por poner un ejemplo que preste el servicio no sólo en Barranquilla sino también en el sur de Bolívar, dado que los subsidios no son por municipio sino cruzados entre las personas que viven en estratos altos y hacia las que viven en estratos bajos.