Una de las razones para marchar este jueves es el temor a que el Gobierno Duque reforme el sistema de pensiones, algo que hay que hacer según Stéfano Farné, de la U. Externado, pero no sólo mirando a Colpensiones sino a los fondos privados.
Una de las razones que los convocantes tienen para marchar este 21 de noviembre es que temen una posible reforma pensional, en la cual se tomen medidas como aumentar la edad de jubilación. Aunque el Presidente y su ministra de Trabajo han negado ambas cosas, hay cierto consenso entre los expertos de que con o sin protesta hay que reformar el sistema, que es caro e inequitativo.
A pesar de que la mayor inversión -38 billones este año y 43 el que viene- que hace el Estado es en el pago de pensiones de Colpensiones y de los regímenes exceptuados (como el de las Fuerzas Militares, por ejemplo), sólo dos de cada 10 personas se están pudiendo pensionar, generalmente los de mayores ingresos.
¿Qué hacer? Stéfano Farné, director del Observatorio de Mercado de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Externado, a quien la Silla Académica entrevistó, dice que no es sólo culpa del Régimen de Prima Media -RPM- a cargo de Colpensiones ni de los altos subsidios como lo dice el Ministro Carrasquilla, sino también del régimen de ahorro individual -Rais- a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP-.
Farné es autor, entre otros artículos, de “Subsidios pensionales: algunas conclusiones de política poco comunes” y “Razones para reformar el Régimen de Ahorro Individual”.
A partir de la conversación con él y de sus textos, la Silla Académica presenta diez ideas para los que marchan en materia pensional, varias de ellas en contravía de las declaraciones que ha dado el presidente Iván Duque y su Ministro de Hacienda.
Colpensiones no se debe eliminar
“Si migramos a un sistema privado de pensiones exclusivamente, como pareciera sugerirlo las declaraciones del ministro Carrasquilla de meses anteriores, estaríamos yendo en la dirección de Chile” dice Farné.
En ese país, el Estado tuvo que empezar a subsidiar a las pensiones del 60 por ciento más pobre de la población, porque los fondos no lograron garantizar una pensión buena. El 80 por ciento de las pensiones son inferiores al salario mínimo vigente en Chile.
Esa es la tendencia mundial: casi el 60 por ciento de los 30 países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas pensionales desde 1981 han retrocedido en sus medidas fortaleciendo o recuperando sus regímenes públicos o reduciendo el sistema privado, según la Organización Internacional del Trabajo -OIT-.
La solución para Colombia no es entonces acabar con el régimen de prima media a cargo de Colpensiones sino adoptar un sistema de pilares que, de acuerdo con Farné, aprovecha las fortalezas de los regímenes públicos y privados, los integra y permite distribuir el riesgo entre ambos. Somos uno de los pocos países en que los dos regímenes compiten entre sí.
Según Farné, ese sistema debería funcionar así: la cotización sobre el primer salario mínimo que gana una persona debe ir al RPM (primer pilar) administrado por Colpensiones, para garantizar una pensión de un salario mínimo. La cotización sobre lo que una persona gane por encima de un salario mínimo (segundo franja para los que tienen ingresos más altos) iría al régimen de ahorro individual a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones -AFP- para complementar la pensión mínima.
El Estado debe seguir subsidiando algunas pensiones
“Subsidios altos en el RPM corresponden a pensiones muy bajas en el régimen de ahorro individual, son dos caras de la misma moneda”, dice Farné, pues los subsidios dan cuenta del porcentaje de la pensión que las personas no están alcanzando a financiar.
La mayoría de la discusión se ha concentrado en los subsidios de las pensiones de los más ricos, pero, según los cálculos que ha realizado el Observatorio dirigido por Farné, todas las pensiones de Colpensiones son subsidiadas, incluidas las de un salario mínimo que lo son en un 70 por ciento.
Los que ganan 25 salarios mínimos mensuales están subsidiados en cerca de un 30 por ciento, pero en la práctica son pocos: los pensionados entre 10 salarios mínimos o más, son sólo entre 16 y 17 mil pensionados.
“Claro, dice Farné, el 70 por ciento de un salario mínimo es mucho menos que el 30 por ciento de 25 salarios, pero en la medida que los pensionados con un mínimo aumenten va a ser más costoso y es algo que va a pasar en la medida que se formalicen los trabajadores de ingresos bajos”.
Si se elimina el RPM se soluciona temporalmente el alto gasto público en pensiones y se le traslada el problema a las personas, pero no sólo los pobres sino las personas de clase media no se van a poder pensionar en los fondos privados o lo van a poder hacer con pensiones muy bajas, de sólo el 25-30 por ciento de sus ingresos laborales antes de pensionarse, dice Farné.
Un ejemplo lo ilustra: Un asesor de un ministerio contratado por prestación de servicios que se gana 10 millones de pesos mensuales y cotiza sobre el 40 por ciento permitido por ley, es decir, sobre 4 millones, tendrá una pensión en el régimen privado del 25 por ciento de lo que cotizaba, es decir, de un millón de pesos. “¿Cómo vamos a subsidiar a un tipo que se ganaba 10 millones de pesos mensuales?, se pregunta la gente, pero”, aclara Farné, “es una pensión muy bajita. En las condiciones actuales si no se subsidia también la clase media va a ser un problema”.
El Estado debe quitarle los subsidios a las pensiones altas, pero aún así no va a lograr financiar el subsidio a las pensiones bajas, concluye el investigador.
“Entonces los de los fondos denuncian que el Estado, a través de Colpensiones, subsidia las pensiones, pero en el régimen de ahorro individual la pensión es baja y va a terminar obligando al Estado a dar un subsidio”, anota Farné.
Debe haber más fondos de pensiones que compitan
Cuando arrancó el régimen de ahorro individual, Colombia tenía nueve fondos de pensiones y ahora tiene cuatro, pero dos, Porvenir y Protección, concentran el 85 por ciento de los afiliados, según cifras de la Superintendencia Financiera.
Aunque el modelo de Chile sea controvertido, los fondos de pensión compiten a punta de ofrecer comisiones más bajas (en una licitación) por los afiliados nuevos y para administrar los aportes que hacen los empleadores para los seguros de invalidez y de sobrevivientes (aquí están además a cargo del empleado). Así debería ser en Colombia, según Farné.
Dado que es un sistema que tiende a la concentración, el Estado también tiene que darles ventajas a nuevos fondos que quieran participar, pues es costoso entrar.
Los fondos deben cobrar menos para que la gente ahorre más
“Más comisiones son menos ahorro” anota Farné.
Todos los fondos de pensiones en Colombia cobran un tres por ciento de comisión, por lo que la gente no tiene mucho de dónde escoger. Eso es diferente a otros países, incluso en Chile, donde compiten y hay comisiones, del 2,3 por ciento.
Para ello, de acuerdo con el investigador, es necesario separar la comisión por administración de los seguros de invalidez y sobrevivientes, pues al estar unidos los fondos por alguna de las dos vías terminan cobrando siempre el tres por ciento.
Además, hay una diferencia importante con Colpensiones: además de llevar a su fondo de administración un 1,09 por ciento de los ahorros de los afiliados (las AFP en promedio llevan 1,25 por ciento), en 2018 parte del excedente que generó esa plata -que fue de 126.476 millones de pesos- lo destinó a financiar las pensiones de jubilación de todos los afiliados. En cambio, ninguna AFP desde 2003, ha reportado excedentes y, por ende, tampoco los ha abonado a favor de sus afiliados, según Farné.
Adicionalmente, los fondos en Colombia cobran una comisión adicional cuando las personas quedan desempleadas, es decir, por no cotizar, y también cuando trasladan sus ahorros de un fondo a otro o a Colpensiones, algo que tampoco pasa en Chile.
Los afiliados de los fondos privados no deben tener costos ocultos
Además de las comisiones del tres por ciento sobre los aportes, los fondos de pensiones cobran unas comisiones sobre los rendimientos que pese a estar reglamentadas por una circular básica de la Superfinanciera, no se conoce a cuánto equivalen, los llamados “costos ocultos” dice Farné.
Tienen que ver con las comisiones que pagan los fondos por invertir el dinero de los afiliados en TES (títulos de deuda pública) o en acciones, por ejemplo. “Si las tuvieran que asumir los fondos posiblemente tendrían que cerrar”, anota el investigador, “entonces no deben ser tan bajitas”.
Los afiliados deben poder comparar los rendimientos de sus ahorros
En general, según Farné, es difícil para la gente tener acceso a la información sobre los cobros y rendimientos de sus ahorros.
Los extractos se refieren exclusivamente al fondo donde cotizan pero no tienen información comparativa de los demás fondos ni de la rentabilidad real de la plata después de los costos, que es la que cuenta (después de la inflación). Solo traen información nominal y acumulada de los últimos tres, cuatro y cinco años, que hacen ver las cifras grandes, por tanto los usuarios no pueden tomar decisiones informadas. “Hay que hacer mucha pedagogía”, anota Farné.
Los afiliados deben tener control sobre sus fondos
Además de que está previsto que los afiliados participen en las juntas directivas de las AFP a través de un representante con voz pero sin voto, los afiliados que van a las asambleas son una pequeña minoría. Un estudio de caso realizado durante cuatro años en una AFP mostró una participación de afiliados a las asambleas anuales de entre 13 y 15 personas, indica Farné.
Hay que aumentar la edad de pensión en los dos regímenes, porque es la medida menos regresiva
Contrario al compromiso que hizo el Presidente de no aumentar la edad de jubilación ante la presión por el paro y su poco capital político, según cálculos de Farné, aumentarla a 65 años, para hombres y para mujeres, es la única medida que por sí sola reduciría más el porcentaje de subsidios que tiene que pagar el Estado y de una manera equitativa: 12,5 puntos porcentuales para las pensiones de 25 salarios mínimos y 4,4 para las pensiones de un salario mínimo.
Además de ser efectiva, se justifica en que las personas cada vez viven más años y empiezan a trabajar y a ahorrar para pensión más tarde, porque en promedio estudian más.
En el caso de las mujeres, sus pensiones tienen un mayor porcentaje de subsidio en el RPM y son más bajitas (proporcionalmente) que las de los hombres en el Rais.
Dado que su inserción en el mercado laboral ha sido más lenta, pues antes muchas de ellas se dedicaban a labores domésticas, y lo han hecho en unas condiciones de desventaja (menores salarios) respecto a los hombres, usualmente tienen un menor ahorro. Farné propone que la medida de la edad se acompañe con créditos pensionales, que también deben aplicar para todo los que presten servicio sociales no remunerados, como los cuidadores. Podría empezarse con créditos pensionales por maternidad. “Se tiene que corregir el mercado laboral, no empeorar el sistema pensional” anota el investigador.
Las personas tienen que cotizar más semanas porque no dan las cuentas
Actualmente las personas sólo tienen que cotizar durante 25 años. Según Farné van a tener que hacerlo durante más años, por ejemplo cinco, más para poder aspirar a pensiones más acordes con las condiciones de vida que tenían antes de pensionarse.
De las varias alternativas en los regímenes de ahorro individual, la renta vitalicia es la que da mayor protección económica a sus asociados, pero sólo representa entre un cinco a diez por ciento de las nuevas pensiones reconocidas en un año, según cálculos de Farné.
En cambio, la mayoría pide el llamado retiro programado, que consiste en pagos mensuales sujetos a cuánto vivan y al rendimiento que tengan sus ahorros. Lo que ha pasado en países como Chile, según la Fiap, es que después de 10 años el monto de la pensión ya se ha reducido en un 90 por ciento respecto al primero que recibió el pensionado, y continúa con esa tendencia porque no le dan los ahorros. “En Colombia ni siquiera sabemos cuál es el comportamiento de este tipo de pensiones” anota Farné.
La cotización tiene que ser más alta, pero el Gobierno puede esperar un poco para subirla
“Hacer una reforma pensional donde todo sube es muy difícil y hay que elegir qué medidas tomar primero, pero es inevitable aumentar la cotización pronto”.
Actualmente se cotiza un 16 por ciento del salario. Farné dice que aunque es una medida que afecta la formalización y el sustento de las personas en su día a día, en el corto plazo se debe aumentar porque de lo contrario la plata no va a ser suficiente para financiar las pensiones.
“En la medida que el país se vuelva más productivo y los salarios aumenten también se pueden pagar unas cotizaciones más altas”, concluye Farné.
Para citar:
Farné, S. (2018). Subsidios pensionales: algunas conclusiones de política poco comunes. En La reforma pensional: Controversia analítica. Revista Economía Colombiana, 352, pp. 64-70
Farné, S. y A. Nieto (2019) Razones para reformar el Régimen de Ahorro Individual. Banco de la República