Esta semana Iván Duque se abstuvo de apoyar al acceso universal a las vacunas para covid y eximió de responsabilidad a las farmacéuticas; Tatiana Andia, profesora de la U. de Los Andes, analiza el por qué de la “arrodillada”.
Esta semana, el Gobierno Duque no sólo se abstuvo de votar a favor del acceso universal a la vacuna en la Organización Mundial del Comercio o lo que es igual, de suspender los derechos de propiedad intelectual de quienes la produzcan, sino que también defendió, como “el corazón” del proyecto de ley sobre la vacuna, un artículo que exime a las farmacéuticas de responsabilidad.
Así lo denunció la representante Juanita Goebertus, pese a lo cual el Congreso lo aprobó pues según el Ministro de Salud es una condición básica para que llegue la vacuna.
Ante la indignación que tanto lo primero como lo segundo han generado en algunos sectores, La Silla Académica entrevistó a Tatiana Andia, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de los Andes, quien reflexiona sobre lo que ella llama “la mala herencia del modelo de innovación científica global”, que es el marco en el cual todos los países están regateando a las farmacéuticas la anhelada vacuna.
Andia es autora, entre otros, de “Intellectual Property, Pharmaceuticals and Public Health”, “The Inverse Boomerang Pattern: the Global Kaletra Campaign and Access to Antiretroviral Drugs in Colombia and Ecuador” y “El efecto portafolio de la regulación de precios de medicamentos”, y coautora de “Higher pharmaceutical public expenditure after direct price control” y “Is the judicialization of health care bad for equity”, con base en los cuales hicimos esta entrevista.
Las farmacéuticas no están priorizando a quienes más lo necesitan
La Silla Académica: En principio las únicas vacunas que tiene aseguradas el gobierno irían para personal de salud y para adultos mayores y personas con comorbilidades. Usted ha criticado el modelo de innovación por el tipo de enfermedades y personas que priorizan las investigaciones ¿le parece que este es un caso similar?
Tatiana Andia: En términos biológicos, en efecto las personas que tienen mayor riesgo frente al covid son los mayores de 65 años y quienes tienen enfermedades de base.
Dado que los países que primero van a tener acceso a las vacunas son los mismos que innovan y esos están en el norte global – lo que es apenas natural porque sus industrias las están produciendo- va ha haber un doble efecto de abarcar una porción grande de su población, pues en los países desarrollados, sobre todo en los europeos, la pirámide poblacional está invertida, cada vez tiene más viejos.
Por esta vía, los países ricos se van a ver automáticamente beneficiados. Es obvio que Pfizer va a priorizar el mercado estadounidense y AstraZeneca el europeo.
Este criterio está dejando a un lado el de vulnerabilidad social en esos países pero sobre todo en los del sur global, donde es aún más prioritario.
Quienes están más expuestos a la enfermedad como lo hemos visto son quienes no han podido trabajar remotamente y sus trabajos implican tener un mayor contacto con personas: los trabajadores de la construcción (que fue el primer sector en reactivarse en Colombia), los conductores de transporte público, los que limpian, es la gente más pobre y esos no van a verse priorizados.
Según un informe del Dane, 2 de cada 3 personas que han fallecido por covid son de estratos 1 y 2.
L.S.A.: ¿Cómo se relaciona eso con el modelo de innovación científica?
T.A.: El modelo de innovación está basado en la idea de que quienes producen conocimiento tienen que recuperar su inversión y por eso se creó el régimen de propiedad intelectual, y en particular el de patentes, que les concede un monopolio sobre las invenciones. En otras palabras, se creó legalmente “una falla del mercado”, la peor, para garantizar ese retorno.
Esto terminó generando un efecto no deseado: las farmacéuticas sólo quieren invertir en negocios rentables y atender lo que parece apremiante. Si quienes padecen mayoritariamente una enfermedad son personas pobres, no les interesa.
Y si es algo que ocurre en un futuro hipotético como la pandemia que estamos viviendo, tampoco. Por eso, aunque la ciencia ha avanzado, habríamos estado mejor preparados para enfrentar el covid si se hubiera invertido más en el estudio de enfermedades infecciosas causadas por virus, bacterias, parásitos, hongos.
Es lo que llamo el abismo entre la innovación básica y la que se lleva al mercado: no muchas farmacéuticas quieren financiar los ensayos clínicos, por ejemplo, de la tuberculosis que ha matado más gente en la India que la que ha matado el cáncer en todo el mundo.
Pero se invierte en investigación en cáncer (aunque no lo suficiente en estudiar sus determinantes sociales o incluso biológicos para prevenirla) o en enfermedades cardiovasculares o circulatorias porque son más rentables en la medida que afectan más a personas de estratos altos.
¿Por qué? porque esas enfermedades se dan con mayor frecuencia en edades avanzadas y las personas ricas son quienes tienen mayor esperanza de vida.
En países como Colombia y otros en Latinoamérica, entonces, tenemos lo peor de los dos mundos: las enfermedades propias de los países ricos: crónicas, colesterol, enfermedades de alto costo como las huérfanas, y las enfermedades propias de los países de ingreso medio-bajo: las infecciosas estilo malaria, dengue, chagas, leishmaniasis.
El modelo no innovación crea tecnologías muy costosas para lo crónico y muy poco o nada para lo tropical.
Nos toca reconciliar entonces ambas necesidades sin tener los recursos necesarios para ninguna.
Los Estados están acostumbrados a ‘arrodillarse’ frente a las farmacéuticas
L.S.A: Sobre la propiedad intelectual ¿cómo entender que el Gobierno Duque se haya abstenido de votar a favor de la suspensión de los derechos sobre la patente de quienes produzcan la vacuna, es decir, de su acceso universal?
T.A.: La propuesta la hizo Sudáfrica e India.
Hay un contexto histórico que me parece que explica el hecho. A comienzos de los 90 se firma un gran acuerdo por el modelo de integración comercial global (el mismo que crea la Organización Mundial del Comercio) y de la mano surge el modelo de propiedad intelectual en respuesta a la preocupación de los países ricos industrializados, que innovan un montón, de que “otros” que son talentosos piratas: India, China, Surcorea, pudieran copiarles y producir más barato.
De ahí en adelante Colombia ha venido firmando acuerdos bilaterales de comercio con cláusulas de propiedad intelectual cada vez más duras. A pesar de las repetidas solicitudes de la sociedad civil, el país se ha negado a romper patentes en casos de claro interés para la salud pública como el de los de los medicamentos para el VIH-Sida y la Hepatitis-C. Otros países como Sudáfrica, Brasil, Ecuador, y Tailandia, por el contrario, si lo hicieron. En esa lógica cabe la arrodillada. Colombia está en una tercera categoría muy mediocre que ni copia ni innova. Paga caro y además suele alinearse con los intereses de EE.UU. o de Europa.
L.S.A.: Usted dice que la posición del Gobierno colombiano a favor de eximir a las farmacéuticas de toda responsabilidad por las vacunas es parte de una herencia que no reconoce el aporte público en la investigación ¿a qué se refiere?
T.A.: Los Estados pagan doble a las farmacéuticas por la tecnología.
Todos están teniendo una sobrecarga en las negociaciones para adquirir las vacunas porque no se reconoce la financiación de la investigación básica que hacen generalmente las universidades con recursos públicos de los países porque es la más riesgosa, la más abstracta, que no se sabe si va a generar algún rédito.
Después de haber encontrado las cosas más prometedoras, las Universidades, financiadas por el Estado, hacen “relevo” con la industria privada para que las pruebe en humanos en lo que se conoce como ensayos clínicos. Después las saca al mercado y se las cobra al Estado desde cero.
Hace parte de un imaginario: cuando se entra a la página web de una farmacéutica, por ejemplo, suele haber una foto de una persona con bata blanca y con probeta y pipeta en mano, pero lo cierto es que esa fase no la adelanta la industria.
Ahora bien, en la práctica, ningún Estado está en capacidad de reemplazar el rol que cumple la industria farmacéutica de testear los experimentos científicos en humanos (que abarca cuatro fases) y de producir después las dosis a gran escala.
Los Estados se han desentendido de eso.
L.S.A.: El Ministro de Salud, Fernando Ruiz, dijo que ceder a las condiciones de las farmacéuticas era requisito para poder acceder a la vacuna ¿No hay de otra?
T.A.: Se requiere tener mucha firmeza para resistir el embate. Cuando logramos reducir los precios de algunos medicamentos y aumentar la competencia en otros siendo Alejandro Gaviria el ministro de Salud, recibimos muchas cartas de rechazo, una hasta de Joe Biden cuando era vicepresidente de EE.UU.
Pero lo cierto es que no muchas farmacéuticas están dispuestas a asumir el costo reputacional que tiene negarle o demorarle el acceso a un país, en el caso de Colombia, de 50 millones de habitantes, a un medicamento o a una vacuna vital, porque no se ajustó a sus condiciones.
Tenemos una visión muy vieja de que si no tenemos capacidad para innovar tenemos que pagar cualquier precio, ¡es la cosa más arrodillada que he oído en mi vida!.
Brasil se ha opuesto a eximirlas de responsabilidad; si bien ayuda que tiene cierta capacidad de producción de vacunas a escala local, eso muestra también la importancia de que los países inviertan en desarrollar al menos ciertas capacidades para la innovación científica y la producción.
EE.UU., por su parte, puede aceptar eximir de responsabilidad a su propia industria, es otra forma de subsidiar el sector empresarial y quizá tiene más sentido porque van a ser una especie de primera línea en la aplicación de las vacunas.
En el caso de Colombia, primero, no es nuestra industria y segundo, ¿para que anticiparnos?
Estamos negociando una vacuna que no conocemos, que no sabemos cuándo va a estar, a un precio muy alto.
L.S.A.: ¿La responsabilidad por los efectos adversos de las vacunas debería ser compartida o exclusiva de las farmacéuticas?
T.A.: ¡Debe ser compartida!
Dado que estamos desarrollando la vacuna en tiempo récord y que no estamos tan avanzados en el mundo en investigación contra enfermedades infecciosas, porque no ha sido la prioridad, hay un mayor riesgo de que las vacunas que se desarrollen contra el coronavirus tengan efectos adversos.
No quiero ser parte ahora del grupo de los antivacunas o anticiencia, que niegan los beneficios de experimentos que tomaron décadas, en este caso es una cuestión de lógica.
Estamos en una carrera armamentista por desarrollar la vacuna y en las carreras de este tipo, las cosas van perdiendo sentido, el fin va justificando los medios y al final, la gente tiene comportamientos de alguna manera irracionales, que implican sacrificios muy importantes en términos de una mayor cautela para prevenir efectos adversos y garantizar la estabilidad de la vacuna, es decir, que no se altere frente a cambios de ambientes.
Estas pruebas requieren más tiempo, entonces los pasos que se están abreviando cuestan.
Me parece absurdo que la responsabilidad recaiga exclusivamente en los Estados porque pusieron un mensaje de urgencia y la de las farmacéuticas se limite a los daños causados con dolo, o sea a ¡ninguno!
Las cláusulas que las eximen de responsabilidad responden, de nuevo, a la idea de que las farmacéuticas le están haciendo un favor a la sociedad, más aún en el marco de la pandemia.
Es una especie de extorsión que ejercen también cuando venden medicamentos. Si los Estados no aceptan sus condiciones, los amenazan con desabastecer cierto mercado o con quitarles el acceso a las novedades en salud.
La cultura del secreto le da todas las de ganar a las farmacéuticas
L.S.A: Como contamos en esta historia casi todas las preguntas sobre las negociaciones que está adelantando el Gobierno Duque para adquirir una o varias de las vacunas que se están desarrollando en el mundo, no tienen respuesta porque según el MinSalud hay cláusulas de confidencialidad de por medio.
Esta tendencia a la opacidad en la información viene según una investigación suya por lo menos desde unos cambios que se dieron en la política de precios de medicamentos en 2006 ¿Es una cuestión solo de Colombia?
T.A.: Hay un mito de que las farmacéuticas incurren en costos muy elevados para poder sacar los productos al mercado, pero la realidad es que nadie sabe a ciencia cierta cuál es su estructura de costos. ¡Es peor que la receta de la CocaCola!
La lógica de la propiedad intelectual, de las patentes, además, es la de proteger un secreto, una fórmula, y eso ha dado pie para que la industria farmacéutica haya puesto un velo en la información sobre el negocio. La cultura de la falta de transparencia es transversal a todo lo que hace.
Una organización, la Drugs for Neglected Diseases Iniciative -Dndi-, que ha hecho estudios de costos de medicamentos de interés en salud pública, muestra que en algunos casos son mucho menores a la expectativa que se ha generado y que los mayores rubros podrían estar asociados a intermediación financiera, publicidad y mercadeo.
Ahora está pasando lo mismo. ¡No sabemos nada de nada! Ha habido una opacidad grande en la negociación de la vacuna.
Poco a poco se ha ido revelando de los ensayos clínicos que en las muestras de voluntarios a los que les están aplicando la dosis hay muy pocos mayores de 65 años, pese a que son las personas a quienes se les va a aplicar primero. Y es que ninguno quiere decir nada por temor a que lo copien, pero es muy grave en términos de salud pública.
A los gobiernos, por otro lado, les hacen firmar además cláusulas de confidencialidad bajo el pretexto de darles un mejor precio que al final no tienen contra qué comprobar, porque no saben tampoco en qué condiciones negociaron sus vecinos. Eso mismo pasa en la negociación de los medicamentos de alto costo.
L.S.A: Usted dice que esta cultura del secreto tiene como objetivo poder inflar los precios en determinado momento ¿cuál es el negocio de las farmacéuticas?
T.A.: Lo realmente importante para las farmacéuticas no es recuperar los costos que tienen los productos que sacan al mercado. Esa era la realidad en los 70.
En la actualidad, la industria no vive de lo que produce, sino que las utilidades se generan a partir del valor hipotético de la acción de una empresa que eventualmente en el futuro va a producir unos réditos, eso es lo que se transa en el mercado financiero, no es solo el mercado real de compra y venta de un producto.
Cada vez que Moderna o Pfizer anuncian avances en sus vacunas, un 95 por ciento de efectividad, realmente le están enviando señales a las bolsas de valores, más que dando un mensaje alentador en materia de salud pública.
Si uno no entiende eso, no entiende en qué consiste el negocio. No se trata de pedirles a los privados que hagan las cosas por amor al arte, si no de dejar de pensar que la cuestión son los costos.
De hecho, no necesariamente la vacuna es la única, ni siquiera la mejor solución existente. La imposibilidad de encontrar una vacuna contra el VIH desde la década de los 70 muestra las enormes limitaciones que hay.
Pero el hecho de que los ojos no estén puestos en otras alternativas como tratamientos, da cuenta de dónde está la plata.
Los antropólogos llaman a eso la “farmaceuticalización” y es el afán que tienen las sociedades actuales de encontrar soluciones rápidas a problemas que son mucho más complejos.
La vacuna sería como una solución mágica. Mientras esperamos cuándo podemos volver a la normalidad, las farmacéuticas están haciendo su agosto.
Para citar:
Andia, T. (2018). El “efecto portafolio” de la regulación de precios de medicamentos: La respuesta de la industria farmacéutica a la regulación de precios de medicamentos en Colombia. BID, IDB-TN-1507.
Andia, T. S., & Lamprea, E. (2019). Is the judicialization of health care bad for equity? A scoping review. International Journal for Equity in Health, 18(1), 61. https://doi.org/10.1186/s12939-019-0961-y.
Prada, S. I., Soto, V. E., Andia, T. S., Vaca, C. P., Morales, Á. A., Márquez, S. R., & Gaviria, A. (2018). Higher pharmaceutical public expenditure after direct price control: improved access or induced demand? The Colombian case. Cost Effectiveness and Resource Allocation, 16(1), 8. https://doi.org/10.1186/s12962-018-0092-0.
Andia, T. (2011). “The Invisible Threat: Trade, Intellectual Property, and Pharmaceutical Regulations in Colombia”. In Intellectual Property, Pharmaceuticals and Public Health: Access to Drugs in Developing Countries. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing. doi: https://doi.org/10.4337/9780857938619.00009.
Andia, T. (2015). The Inverse Boomerang Pattern: the Global Kaletra Campaign and Access to Antiretroviral Drugs in Colombia and Ecuador. Studies in Comparative International Development, 50(2), 203–227. https://doi.org/10.1007/s12116-015-9185-3.