Han sido semanas buenas para los defensores de la despenalización de la marihuana. Mientras que en Estados Unidos, el presidente Biden tomó la decisión de liberar a miles de personas condenadas por posesión de marihuana bajo la ley federal, en Colombia la propuesta para regular el uso recreativo del cannabis pasó por primera vez a tercer debate en el Congreso, luego de que se cayera por muchos años en ese escenario.
Son decisiones que van en la línea de un cambio de la política de drogas que se aleja del fracaso del enfoque prohibicionista que ha predominado por años frente a esta droga. Para entender precisamente por qué ha cambiado este enfoque y cuáles serían los caminos que siguen a su regulación, la Silla Académica entrevistó a Lina Britto, profesora de la Universidad Northwestern y autora del libro “El boom de la marihuana: Auge y caída del primer paraíso de las drogas en Colombia” (2022).
LSA:
es La Silla Académica
LB:
es Lina Britto
LSA:
Estamos en un panorama político muy diferente frente a la marihuana. La legalización gana más apoyos en países como Colombia y Estados Unidos. ¿Cuál es su balance de estos nuevos avances políticos respecto a esa droga?
LB:
Colombia ha ido avanzando sobre la despenalización de la marihuana reaccionando a una conversación internacional, pero llega a ella muy tarde. Esto en gran medida porque hemos sido uno de los grandes teatros de la guerra contra las drogas en el mundo, y hemos estado metidos de cabeza en el paradigma de militarizar y criminalizar en vez de despenalizar y legalizar.
Una de las decisiones recientes que manda un mensaje en favor de la despenalización fue el indulto que anunció el Presidente Joe Biden a los presos culpables de posesión de marihuana a nivel federal. En Estados Unidos, ya había sido legalizada la marihuana total o parcialmente en veintiséis estados y en el Distrito de Columbia, pero no a nivel federal.
Me parece que es una buena señal, pero sigue siendo una medida tímida porque no toca una de las raíces del problema y es cómo se ha definido la marihuana en los tratados internacionales, que aún es clasificada como una droga tipo 1, es decir, que no tiene usos médicos de ninguna clase y por tanto debe ser completamente prohibida, igual que la heroína. Y es una decisión limitada porque, en la práctica, los delitos simples por posesión de marihuana generalmente suceden a nivel estatal, no a nivel federal. Entonces, 6.500 personas que se beneficiarían por ese perdón realmente no estaban en la cárcel.
Hay alternativas ejemplares en otras partes. Por ejemplo, el caso de Bolivia, cuando Evo Morales llegó a la presidencia. ¿Qué fue lo que hizo en su primera administración? Convertir el cuerpo diplomático boliviano en Estados Unidos y en Naciones Unidas en un comité de defensa de la hoja de la coca, peleando diplomáticamente a ese alto nivel de relaciones interestatales para que la hoja fuera clasificada de otra manera en las convenciones internacionales.
Tal vez algo parecido necesita Colombia. Un trabajo diplomático a nivel internacional para poder seguir avanzando en una dirección de regulación e incluso de legalización.
LSA:
En su libro se habla de un momento de auge y de una caída de la marihuana en Colombia. ¿En qué consistió el auge y por qué se dio?
LB:
En el libro yo traté de entender cómo esta región del llamado Magdalena Grande (que corresponde a los actuales departamentos del Magdalena, Cesar y La Guajira) termina produciendo marihuana, luego de haber sido una región que durante décadas produjo un montón de otras mercancías agrícolas para exportación.
La marihuana se había producido en la región en la Sierra Nevada de Santa Marta, principalmente desde los años 30s. Durante muchas décadas se produjo para un mercado local muy pequeño que estaba concentrado en los puertos principales de la costa, que eran Barranquilla y Santa Marta, y a esos lugares se reducía ese pequeño mercado local de consumo.
La pregunta es cómo esa mercancía que se cultivaba en la Sierra Nevada desde los años 30s, se convierte en la principal mercancía de la economía regional en los 70s. A lo que llamo el ascenso es a esa larga historia regional de producción de mercancías agrícolas que se da en la primera mitad del siglo XX, y que a través de distintas bonanzas (bananera, cafetera, algodonera) crea grandes excedentes para la exportación y va armando una región más compacta.
La marihuana es un capítulo más de esa larga historia de desarrollo agrícola, y es un puente que conecta a la Colombia cafetera y con la de los narcóticos, la Colombia de la cocaína. Hay muchos vasos comunicantes entre el contrabando de otras mercancías, como el café, y el negocio de la hierba. Por ejemplo, Magdalena ya era una de las regiones más activas en el contrabando de café antes de dar paso a la marihuana. Estadísticas oficiales de 1956 estiman que los contrabandistas sacaron del país durante ese año cerca de cien millones de sacos de café.
El “boom” de la marihuana es el periodo que termina este proceso de auge, y ocurre entre 1972 y 1978, con un pico de producción en 1976. Es el momento en el que la marihuana pasa de ser uno más de los productos agrícolas dirigidos a un mercado pequeño, a ser la principal mercancía de exportación del Gran Magdalena.
LSA:
¿En qué consiste lo que llama la caída de la marihuana en Colombia?
LB:
Esa caída la ubico tras el año de 1978 y a mediados de los años ochentas, cuando los productores intermediarios y exportadores adquieren el rango de criminales y los valles interiores de la Sierra Nevada se convierten en teatros de la guerra, y eso ayuda a que el negocio de la exportación de la marihuana colapse. En parte dando lugar a la nueva y emergente economía de la cocaína, que se desarrolla en otras regiones del país y con nuevos actores.
La marihuana les sirvió de laboratorio a los Gobiernos de Colombia y de Estados Unidos para experimentar con una nueva modalidad de control estatal y de cooperación internacional, una concepción que asumía que la producción y el tráfico de drogas constituían un peligro para la seguridad nacional de Colombia de ambos países.
LSA:
¿Pero en qué se diferencia esta criminalización de la economía de la marihuana del 78 y en adelante, a las restricciones que había antes en el país contra esa droga?
LB:
La historia de la criminalización de la marihuana es mucho más larga de lo que se cree. Por ejemplo, un decreto de 1947, en la época de Mariano Ospina Pérez, penalizaba el cultivo, la distribución y la venta de coca y marihuana, y ordenaba a las autoridades a destruir los cultivos de ambas plantas, pero incluso desde la década de los 30s había ya legislación regulando su uso.
Antes de 1978, el tipo de control estatal hacia la yerba y la hoja de coca respondía mucho a legislaciones internacionales que surgían de convenciones como la Liga de las Naciones, y luego de las Naciones Unidas, donde Colombia, como un país firmante de estos convenios internacionales, estaba obligado a producir sus propia legislación para la regulación estatal de estas sustancias psicoactivas.
Pero no había una criminalización atada a militarización, que es lo nuevo que pasa en 1978, producto del nuevo paradigma de la “guerra contra las drogas”. Los dos grandes pilares de la guerra contra las drogas, como la declaró Richard Nixon en Estados Unidos, estaba basada en dos pilares: criminalización, no sólo de la sustancia psicoactiva, sino también de los productores, comerciantes y consumidores involucrados con ella, y militarización de la respuesta y control estatal. Hasta 1978 no se había visto una militarización respecto a las drogas en Colombia. El enfoque era regularla a través de legislación y de decretos presidenciales.
Entonces, se endurece el discurso contra las drogas. Las Fuerzas Militares son llamadas a hacer esta actividad, que hasta ese momento era un asunto de aduanas, por un lado, y de Policía, por el otro. Y eso es un cambio radical, porque nunca habíamos visto el aparato militar involucrándose en este tipo de actividades, y todo eso es producto de la manera en la que nosotros adaptamos y adoptamos la guerra contra las drogas inventada en Estados Unidos.
LSA:
Una de las tesis centrales del libro es que no es cierto que el “boom” de la marihuana en los 70s se diera por una ausencia del Estado en esas regiones del Caribe. ¿Por qué lo dice?
LB:
Una explicación muy influyente para explicar todas las bonanzas de productos ilegales, como la coca, la amapola, la minería ilegal y la marihuana es interpretarlas como el resultado de una ausencia o debilidad del Estado. En el lenguaje popular se dicen tierras “sin Dios ni ley” porque allí surgen economías donde hay espacios abiertos que les sirven a organizaciones criminales para tomarse la región y hacer sus actividades criminales.
Pero al investigar sobre estas economías lo que descubrí es que cada una de esas bonanzas sucedieron en diálogo permanente con las instituciones y con el aparataje del Estado, concentrado en la región andina y en Bogotá como el centro político.
Y a la vez, que esas mismas bonanzas fueron generando procesos de formación estatal. Es decir, obligaron a las personas de la región a integrarse a la red de los partidos políticos, a las redes de clientela, a integrarse a inversionistas norteamericanos o de distintas regiones del país, y a generar nuevas tecnologías de producción y modernización agrícola.
Fue a través de las bonanzas que se empezaron a entrelazar territorios que estaban muy fragmentados y muy desconectados el uno del otro. Las bonanzas mismas son una forma en la que se ha ido formando el Estado en Colombia.
Y no solo el Estado, también la nación, entendida como ese marco cultural en el que nos entendemos como colombianos. Todas estas regiones van apareciendo en nuestro horizonte de imaginación precisamente gracias a estas bonanzas. No importa que la llamemos la otra Colombia, igual lo reconocemos como parte nuestra también. Por ejemplo, la bonanza marimbera fue una fase crucial de la “colombianización” de La Guajira, es decir, de la integración de la región al país, luego de estar muy vinculada culturalmente a Venezuela, a Curazao o a Aruba.
Me parece muy importante mostrar esto porque parte del discurso oficial de gobiernos y medios de comunicación ha sido mostrar el negocio de las drogas casi como una especie de invasión bárbara, que llega de afuera de la civilización a tomarse la civilización colombiana. Y me parecía fundamental decir esto es un mito, porque en realidad lo que nosotros consideramos como Colombia, es precisamente un producto y un resultado de estas muchas bonanzas, incluyendo la de la marihuana.
LSA:
A la hora de legalizar y regular la marihuana, en su libro menciona que la legalización puede abrir la puerta a un monopolio sobre este negocio. ¿Cómo evitar esa situación?
LB:
Nuestra situación respecto a este negocio viene de la ley Galán, del 2016, que permite la marihuana medicinal. Pero esa ley nos ha enseñado que, tal como está pensada, beneficia a grandes inversionistas y a multinacionales, pero a los pequeños y medianos productores les queda muy difícil cumplir con los requisitos de ley.
El proyecto de ley que está cursando en el Congreso intenta corregir esto con la idea de que el 35% de la producción y las licencias debe ir a comunidades campesinas y minorías étnicas, eso me parece más interesante que lo que hay.
Pero esta legislación se va a aplicar en una economía ilegal que ya está muy consolidada en el país. Open Democracy, en 2019, realizó una investigación sobre el mercado de marihuana creepy en Colombia, y revelaron que está en manos de pequeños y medianos productores, especialmente en el Cauca, pero las redes de distribución y exportación están en manos de actores criminales y armados.
Entonces, esta legislación y lo que puede llegar a hacer va absolutamente de la mano con la idea de “paz total” de Petro y de conversar con las organizaciones criminales y no solo con las insurgencias. De lo contrario, cómo más va a funcionar la legalización de la marihuana si no hay de por medio un proceso de negociación y de reinserción con los grupos que muerden todavía una parte del negocio de la marihuana.
No es un tema que se pueda resolver simplemente a punta de decisiones legislativas, pues está implicado profundamente en las dinámicas del conflicto colombiano. Incluso en Illinois, donde la marihuana ya es completamente legal, sigue existiendo un mercado negro de la cannabis precisamente porque la legal sigue siendo muy costosa para muchos usuarios.
LSA:
Otra cuestión son los patrones de consumo de drogas. Hoy han tomado más peso las drogas sintéticas, el fentanilo, las anfetaminas y demás. ¿Cuál es su lectura de estos “ciclos” de consumo de droga, y la idea de que la marihuana es una “droga del pasado”?
LB:
Depende de cuál es la población que estamos utilizando para esa afirmación. Si estamos hablando de una droga para la fiesta y para la rumba, entonces es posible que el éxtasis, las anfetaminas y demás estén llevando la delantera. Si estamos hablando de una población joven, estudiantes universitarios o la juventud adolescente, la gente en sus veintes, treintas, puede que el consumo de marihuana sea mayor.
Pero en Estados Unidos ha ocurrido (y yo creo que es algo que vamos a ver en Colombia en caso de que pase esta ley de uso adulto) es que el consumo de la cannabis se ha incrementado en ciertas edades, precisamente porque se vuelve legal. Mucha gente que estaba manejando asuntos médicos de dolores con medicamentos, con opioides, ahora han venido lentamente lidiando con sus problemas de abuso de estos opioides con cannabis.
Y muchos de ellos se han convertido en pacientes cannábicos precisamente porque así es cómo está manejando un montón de condiciones: ansiedad, inflamaciones, dolor crónico, Parkinson, etcétera. Por el lado recreativo o no estrictamente medicinal, en Estados Unidos, también hay aumentos de consumo, lo que pasa es que no hemos visto incrementos en los consumos problemáticos, es decir, los consumos que se pueden considerar abuso o incluso adicción.
LSA:
¿Por qué las estructuras productivas de la coca fueron mucho más violentas que las marimberas?
LB:
La economía de la cocaína vio épocas y momentos en los que el negocio funcionó en paz y donde no había necesidad de ejercer la violencia como un instrumento intrínseco al funcionamiento mismo del negocio. Y parecido sucedió con la marihuana por mucho tiempo, especialmente esos años de auge, los años de la prosperidad, donde todavía el Estado no había entrado a ejercer su violencia.
Era una actividad estrictamente masculina y fue a partir de esos pactos entre hombres y de masculinidad que funcionó por un buen tiempo el negocio. Con el monopolio de la violencia del Estado colombiano en asocio con Estados Unidos, es que vemos cómo los participantes de esta economía reaccionan y responden también con violencia para poder sobrevivir en el negocio.
Aunque el conflicto entre el cartel de Medellín y el cartel de Cali no pasa necesariamente por la violencia estatal. Es un conflicto entre entre empresarios, entre hombres de negocios, peleándose el mercado en Estados Unidos. Entonces siento que por ese lado el Estado también fue un factor fundamental en hacer de la violencia un mecanismo para el funcionamiento del negocio.