Los precios de las tarifas de la luz están altos en todo el país: en promedio, un 25 por ciento más altos en los últimos 12 meses, pero en algunas regiones el problema es mayor: hay aumentos del 40 por ciento en ciudades como Santa Marta o Riohacha.
El presidente, Gustavo Petro, ha dicho que buscará bajar las tarifas, pero, de paso, afirmó que intervendría a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), diciendo que podía hacerlo gracias a un artículo del Plan Nacional de Desarrollo de Duque que se lo permitía.
Gobierno se prepara para asumir las funciones de la GREG.
“Las comisiones reguladoras son para regular los mercados en función del derecho universal, no para firmar los procesos de especulación financiera”: @petrogustavo pic.twitter.com/A5i8ljYxW8— Humberto Ortiz (@graffitiborrao) September 9, 2022
Aunque esa decisión quedó en amenaza, su anuncio desató una discusión sobre el mercado eléctrico en el país, que actualmente tiene un cubrimiento del 97 por ciento de la población.
La Silla Académica entrevistó a Luis Ferney Moreno Castillo, profesor del Departamento en Derecho Minero Energético de la Universidad Externado para entender qué puede hacer el Gobierno frente a esta crisis y cómo funciona el complejo mercado del cual salen los precios de la energía eléctrica.
Luis Ferney Moreno es autor de numerosos artículos sobre el derecho del mercado eléctrico en el país, entre los cuales está: “Novedades del derecho de la competencia y de los usuarios del servicio público de energía eléctrica como consecuencia de la incorporación de las tecnologías disruptivas en Colombia”, que informa esta entrevista.
LSV:
LSV es La Silla Vacía
LFM:
LFM es Luis Ferney Moreno
LSV:
Según las normas que regulan el servicio de electricidad del país, y que usted describe en un artículo, ¿puede Gustavo Petro intervenir la Creg?
LFM:
Desde la Constitución de 1991 se estableció que las tarifas de la electricidad deben responder a los costos reales de prestación, una fórmula que hoy parece obvia, pero que no siempre lo fue. A mediados del siglo pasado, y hasta 1991, las empresas prestadoras de energía le entregaron al Estado el control de las tarifas, por lo que el modelo de los precios de la electricidad era en ese entonces estatal.
En el régimen actual de libre competencia, es con la ley 142 de 1994 que se definieron las tareas sobre qué le corresponde hacer a la Creg y qué al presidente. En esa ley se dice que es la Creg la que debe definir las tarifas a través de unas fórmulas tarifarias complejas; mientras que el presidente tiene también su propia competencia, que es dictar políticas públicas tarifarias.
Por esta razón, no es correcto decir que Petro va a intervenir la Creg, pues, de hecho, ya todos los presidentes en Colombia pueden dictar políticas públicas tarifarias que les den instrucciones al Ministerio de Minas y Energía o a la Creg sobre las motivaciones para ajustar tarifas, sin quitarle a la Creg su rol como autoridad tarifaria.
Lo que dice el artículo que mencionó Petro sobre el Plan Nacional de Desarrollo de Duque es que el presidente debe desarrollar leyes o decretos en caso de que entren nuevos agentes, actividades o tecnologías al mercado eléctrico o de gas; algo que ya ha pasado, como con la entrada de tecnologías para el almacenamiento de energía o con las subastas de energías renovables, que cambiaron la tarifa de la energía.
Nunca sugiere un cheque en blanco para que el presidente intervenga directamente en los costos de la tarifa de la electricidad, algo que podría hacer sólo si entran nuevos agentes, actividades o tecnologías al mercado eléctrico, que no es lo que pasa en este caso.
Por eso Petro no necesita intervenir la Creg para que se den ajustes en la tarifa, pues hoy puede expedir un decreto donde fije la política del Gobierno en materia tarifaria, y eso mandaría la señal a la Creg para que haga los ajustes necesarios.
LSV:
¿Cómo se definen entonces las tarifas de la electricidad, según explica usted en su artículo?
LFM:
La tarifa se basa en unos componentes identificados que se cobran. Si usted va a la tienda a comprar el pan, no sabe qué compone el precio que está pagando, pero en energía los componentes sí están muy discriminados.
Esos componentes son: generación, trasmisión, distribución, las pérdidas, la comercialización y las restricciones. El peso de estos seis componentes en la tarifa los define la Creg, y es lo que determina cuánto le cuesta la energía a las personas.
LSV:
¿Quiénes específicamente conforman la Creg?
LFM:
Una comisión de ocho expertos técnicos, que elige el presidente por un periodo de 4 años fijos. Normalmente sus perfiles son ingenieros, a veces economistas, y sólo desde hace poco puede estar un abogado entre ese grupo.
Pero, más allá de su formación técnica, tienen que tener un sentido social muy importante por la tarea que asumen: están regulando un mercado que les llega a 15 millones de usuarios, y que apenas ofrecen alrededor de 34 empresas prestadoras de energía.
Finalmente, a las juntas donde se toman estas decisiones también va, por que tienen voz y voto, el ministro de Minas y Energía (generalmente delega esa tarea al Viceministro de Energía) y el director de Planeación.
LSV:
Bueno, volvamos a cómo define esta entidad los costos de las tarifas
LFM:
Comencemos por un ejemplo. Actualmente hay empresas comercializadores (las que cobran y prestan el servicio) que están cobrando al usuario 694 pesos el kilovatio hora/mes, como Enel (la empresa colombo italiana que presta su servicio especialmente en Bogotá y Cundinamarca).
Pero en otras regiones esa suma de los componentes da una cifra más alta, como pasa con Celsia (empresa del GEA que opera en Valle del Cauca) y cobra 1034 pesos el kilovatio hora/mes, como muesta un gráfico:
Esas diferencias se explican por los costos que implica ejecutar cada componente en distintas regiones, pero en todas es común que existan tres que son más decisivos para definir la tarifa.
La generación (que cobra lo que les cuesta a los comercializadores comprar la energía a generadores como Epm o Isagen). Esa energía la compran por medio de la bolsa o por contratos. A ese valor se suma el cargo por confiabilidad, que es una energía que se les compra a generadoras particulares para asegurar que toda la demanda del país esté respaldada. Ese valor lo pagan los usuarios en todo el país.
Otro componente de la tarifa es la trasmisión, que se les paga a las empresas de transmisión por tener a disposición de los usuarios la red funcionando, independientemente de fluctuaciones en la demanda.
El tercer componente, y el que más pesa en el cálculo de la tarifa final, es la distribución, que cobra lo que les cuesta a las empresas llevar las redes dispersas de energía a distintos rincones del país, y el mantenimiento de esas redes. Esos cobros también son fijos, y dependen del número de redes que tiene cada empresa.
LSV:
¿Qué explica entonces los altos costos en las tarifas?
LFM:
Una anécdota antes de abordar esa pregunta tiene que ver con que hace unos años unos profesores europeos nos invitaron a hablar sobre pobreza energética en Colombia, que entendían como la incapacidad de las personas para pagar la tarifa de energía, lo que nos resultaba difícil de medir en el país, pues acá usualmente la gente puede pagar el costo de la energía.
Esto lo digo para señalar que, en general, la gente no ha criticado en Colombia el precio de la energía. Se ha quejado de la calidad de la energía (porque se va la luz, etc), pero no necesariamente por el costo.
Por eso es que es una anomalía el alza de los costos de la energía eléctrica. Y aún en este caso, no ha despertado indignación en todo el país, sino especialmente en la Costa Atlántica. Pero en departamentos como Boyacá o en Cundinamarca, nadie se queja de la tarifa.
En la Costa el cobro es mayor, entre otras, porque debido a las altas temperaturas, usan más energía (aires acondicionados, ventiladores, etc), y a eso se suma que el cálculo de la tarifa es mayor allá por costos de distribución y generación, por lo que tiene más sentido que allá se estén quejando.
LSV:
¿Cuáles son entonces las razones principales de esas alzas, especialmente en la costa?
LFM:
Una razón de estas alzas tiene que ver con que algunos componentes del cálculo de las tarifas, como la trasmisión, están atados al IPP (Índice de Precios del Productor), por lo que si ese indicador sube, como ha sido el caso en el contexto de una alta inflación, suben también los precios de la trasmisión, y de la tarifa en general.
Y, concretamente, en la costa atlántica, el problema es que los comercializadores están cobrando mucho, lo cual se puede deber a problemas de eficiencia en la distribución por distintos motivos, como robos en la infraestructura. Algunos sugieren que son abusos de esas empresas, pero habría que dar pruebas para decir eso.
LSV:
¿Pero no es este un problema global que también está pasando en otras partes del mundo, como en la Unión Europea, donde la energía es más cara?
LFM:
En principio son crisis diferentes, pero tienen cosas en las que coinciden. Una cosa en la que coinciden es en la inflación internacional. Pues todas estas empresas tienen que comprar materia prima (cables, contadores, por ejemplo) que ahora están más caros por la inflación motivada en parte por la Guerra en Ucrania, y eso le sube los costos a todos los comercializadores de energía eléctrica en el mundo.
Y otro punto en el que coinciden es en los costos que genera la transición energética. Por ejemplo, montar paneles solares, medidores inteligentes o almacenadores de energía (que cuentan como componentes de la transición) son cosas que valen, y ese valor alguien tiene que pagarlo. Así lo paguen inicialmente las empresas, en últimas es un costo que las empresas transfieren a los usuarios.
LSV:
¿Cómo ve las posibilidades de que el Gobierno baje esos altos costos en el corto plazo?
LFM:
La actitud adecuada es la de concertar soluciones con el sector eléctrico, que es lo que ha sugerido justamente la ministra Irene Vélez. Esas soluciones sirven, pues ahí las empresas empiezan a ajustarse un poco y a cortarle a posibles abusos tarifarios.
No se trata de congelar las tarifas por la vía de una norma, sino por la vía de un plazo concertado con las empresas para mantener las tarifas fijas o bajas por un tiempo acordado.
Es decir, no debería pasar lo que ocurrió en Argentina, que en la época de Néstor Kirchner, a finales de los 90s, congeló por una ley las tarifas de la energía eléctrica por 10 años, lo que dejó por el piso la calidad y las inversiones en ese sector.
Esa opción concertada es mejor que poner más subsidios a la energía (ya hay contribuciones que pagan los estratos de 5 y 6 y los comerciales para subsidiar la energía a estratos 1 y 2), algo que en todo caso no creo que vaya a hacer este Gobierno, que está más preocupado, por ahora, en quitarle subsidios a la gasolina, por lo que no creo que se vaya a ocupar de sumar nuevos subsidios.