“Se justifica abrir macrocaso de policías vistos como víctimas ante la JEP”

LSA:

es La Silla Académica

Ruíz:

es Juan Carlos Ruíz

LSA:

La Silla Académica: ¿Cuáles son las conclusiones principales del informe que la Policía le entregó a la JEP?

Ruíz:

No es el primer trabajo en el que la Fuerzas Armadas ofrecen datos sobre lo que sufrieron durante el conflicto. Ya le habían entregado a la Comisión de la Verdad documentos como “Aporte a la verdad, contexto de la Fuerza Pública para la memoria histórica”, el cual cobija un periodo de tiempo más largo que va desde 1964 hasta el 2018.

Según el informe que le entregaron a la JEP, en total fueron casi 71 mil policías víctimas de violaciones de derechos humanos entre 1985 y 2016 por parte de las Farc. El 93 por ciento de los cuales sufrieron alguno de estos cuatro delitos: desplazamiento forzado (62.901 uniformados), homicidio (13.248), actos terroristas (2.699) y desaparición forzada (477). Otros 2.818 Policías quedaron con alguna condición de discapacidad y 911 fueron víctimas de secuestro.

Casi la mitad de esos casos ocurrieron en cuatro departamentos: Antioquia (15.350 víctimas), Valle del Cauca (6.439), Nariño (5.361) y Cauca (5.173). 

LSA:

¿Esas cifras tan duras justifican las peticiones del ministro de Defensa para que se abra un macrocaso en la JEP?

Ruíz:

Siempre hay unos sectores que van a decir que los policías o el Ejército no pueden ser considerados como víctimas porque hacían parte del conflicto armado que había en el país. Eso es un error, entre otras cosas, porque ellos sufrieron vejámenes de todo tipo usando el uniforme, pero también en horas de descanso, y muchos de estos delitos se salían de las reglas de la guerra, como los secuestros o las torturas que sufrieron.

Todavía se recuerda la Toma de Mitú en noviembre de 1998, por parte de las FARC, en la cual secuestraron a 61 policías, y asesinaron a otros 46. Por este y los muchos otros casos que se documentan, creo que sí se justifica la apertura de un macrocaso de las fuerzas armadas como víctimas.

Pero también está la otra cara, y es que al tiempo que han sido víctimas, han sido victimarios, y eso complica la apertura de un caso. 

LSA:

¿Por qué?

Ruíz:

 Abrir un macrocaso también implicaría abrir la indagación de los policías que se aliaron con paramilitares, con esmeralderos y con narcotraficantes. Y eso significa abrir una página en la que tocaría citar a todos los generales y directores de la Policía, los directores de departamento y a todos los comandantes de divisiones de las últimas décadas, y no sé si la Policía esté hoy dispuesta a hacer eso.

Al márgen de esto, no cabe dudas de que la Policía cargó con gran parte del peso de la violencia en el país, y no solamente por parte de las Farc. Durante la década de los 90s, por ejemplo, los policías colombianos fueron los más asesinados en todo el mundo, en una violencia que venía de las Farc y el Eln, pero también desde el narcotráfico.

Esa violencia no fue sólo directamente contra los policías, sino contra sus familias. Los policías, en general, no viven en casernas o cuarteles, sino que viven entre la gente, y en muchas ocasiones las milicias urbanas de las Farc obligaban a que se fueran de los barrios o les prohibían a las personas interactuar con ellos. 

LSA:

Pero muchas de estas víctimas, por el delito de homicidio, por ejemplo, se dieron mientras los policías cumplían sus funciones. ¿Aún así podrían ser considerados como víctimas?

Ruíz:

Así estuvieran en horas de servicio, la manera como mataban a los Policías se salía de las reglas del conflicto. No cualquier cosa vale dentro de una guerra. Como cuando eran asesinados por la espalda, en total indefensión, cuando iban a atender falsamente un caso de robo o un delito menor.

Cuando un Policía era asesinado por fuera del combate, así estuviera en horas de servicio y con uniforme, se puede decir que es legítimo que se podría constituir como víctima.

LSA:

¿Esta violencia que sufrió la Policía desde varios frentes se puede entender como el producto de una falta de legitimidad de esa institución en la población?

Ruíz:

No se puede hablar de una sola policía en toda Colombia. Por ejemplo, en los ataques de la guerrilla a los pueblos, en el año 97 o 98, cuando atacaban a los policías y ellos salían todos tiznados de una estación completamente derruida, la gente los aplaudía y apoyaba. Por eso no se puede decir que tenían una mala imagen en todos los pueblos.

De hecho, la imagen de la Policía, en general, es bastante buena al menos hasta hace dos años por el tema de las protestas. En los índices del Iberobarómetro y Latinobarómetro, donde se preguntan por la confianza en las instituciones, la Policía de Colombia sale bien punteada en relación con otros cuerpos totalmente desprestigiados, como en México, Perú o incluso Brasil. Colombia estaba cercana a Chile y a Uruguay, con policías con mejor confianza del público. Pero yo creo que esto no se puede generalizar porque hay regiones donde sí detestan a la Policía por razones históricas complejas. 

LSA:

Usted dice que Medellín es un caso de eso

Ruíz:

En Medellín había todo un paraestado que sí deslegitimó el rol de la Policía como institución. En los años 60s y 70s, al llegar las primeras grandes migraciones del campo a la ciudad que se asentaron en barrios ilegales y en las laderas, las autoridades y propietarios de los terrenos llevaron a cabo desalojos muchas veces violentos utilizando la Policía.

Mientras tanto, los narcotraficantes construían y regalaban casas para estos mismos sectores. Los migrantes del campo asentados en las laderas de la ciudad comenzaron a conformar grupos para la vigilancia de sus barrios frente a una Policía indolente que no prestaba su apoyo a estos barrios ilegales; y que en muchas ocasiones, en horas de descanso, se dedicaba a asesinar habitantes de la calle.

Ya en los 80s, con la aparición de bandas criminales y grupos ilegales armados que se disputaban los territorios de la ciudad, la Policía fue identificada como aliada de uno u otro grupo. Algunas veces al servicio del Cártel de Medellín, otras en connivencia con paramilitares y otras en asociación con bandas criminales, por lo que no era una autoridad que mediara entre los actores del conflicto, sino que tomaba partido en él.

LSA:

¿Qué tanto de esa violencia se debió a una falta de equipamiento técnico y a una debilidad de recursos de la Policía?

Ruíz:

La Policía fue siempre un blanco obvio para el Eln y las Farc, porque es una fuerza estacionaria que tiene un punto definido donde se ubica, que es público y todos lo conocen. También está lo amplio de su presencia en el territorio, y es que está en todos los municipios, incluso en los más recónditos, por lo que una guerrilla alzada en armas contra el Estado, pues tenía a la Policía como su objetivo preferido.

Un punto que se dice mucho es que había muy pocos policías y estaban solos ante los ataques de la insurgencia. Algo que refuerza el discurso de los alcaldes que, en general, siempre están solicitando un mayor pie de fuerza para sus ciudades.

Pero eso de que hay pocos policías toca matizarlo al menos en las ciudades. Por ejemplo, Medellín ha tenido, al menos desde el 2009, en promedio una tasa más alta de policías por 100 mil habitantes (358), frente a 221 de Bogotá, 298 de Cali y 293 para todo el país, con datos de 2018.

Según algunos estándares internacionales, se considera que un cuerpo de policía tiene un número adecuado de uniformados para hacer una buena prestación de servicio si uno de ellos puede cubrir en promedio 420 habitantes. David Bayley, un académico reputado en el tema, dijo: “El ratio de un oficial por 400 habitantes es considerado bueno, mientras que un policía por cada 600 es considerado malo”.

El problema es que los que hay están mal repartidos. Acá hacen de todo más allá de la vigilancia: deshierban en erradicación, cuidan personalidades, salen en programas de televisión como MasterChef y están metidos en tareas de investigación. Se piensa que la Policía es la pomada que todo lo cura.

En cuanto a armamento, al menos hasta mediados de los 90s, la Policía sí tenía un poder de fuego muy débil. Con el aumento del presupuesto en defensa y la plata que entró del Plan Colombia, logró modernizarse mucho más y equiparse con obuses (proyectiles de gran calibre) o helicópteros artillados, que son armamento extrañísimo para otras policías en el mundo. Eso se ha reflejado en la disminución en los ataques a las estaciones, y les sirve en un contexto en el que la violencia urbana se ha sofisticado. 

LSA:

Según el informe entregado a la JEP, el departamento donde más sufrieron los policías fue Antioquia. ¿Qué factores explican esto?

Ruíz:

Sí, Antioquia ha sido un epicentro de violencia al menos desde los años 70s y eso le pegó a la Policía. Fue epicentro de la violencia entre carteles de la droga y jefes paramilitares, lo que llevó a que Medellín, en 1991, fuera la ciudad más violenta del mundo de lejos en la historia reciente, cuando tuvo alrededor de 377 homicidios por 100 mil habitantes.

En el artículo muestro que sólo entre 1986 (que es cuando se tienen reportes estadísticos confiables para la ciudad) y 2012, se registró en promedio el homicidio de un policía por mes en la ciudad de Medellín. Hasta el 2012, fueron asesinados en cumplimiento del deber 344 policías.

En el mismo periodo, Bogotá registró 377 homicidios dolosos de policías en horas de servicio. Pero la tasa de homicidios de policías por millón de habitantes en Medellín es una de las más altas del país para centros urbanos: hubo un promedio anual de 7 policías asesinados por millón de habitantes entre 1986 y 2012, superior a 5 de Cali y 3 de Bogotá. Es decir, ciertamente Medellín fue uno de los epicentros de la violencia contra la Policía.

Sin embargo, Medellín representó sólo el 5.7% del total de policías asesinados en todo el país para este periodo, de un total de 5,998 en Colombia. De hecho, la curva de policías asesinados sigue la misma tendencia que la de muertes violentas de los medellinenses y colombianos como se puede ver en la gráfica: 

LSA:

¿Y esa tendencia no se rompió con el famoso “plan pistola” de Pablo Escobar, del que usted habla en su artículo?

Ruíz:

Los recuentos periodísticos y de los lugartenientes del Cártel de Medellín han señalado varias veces que Pablo Escobar ordenó matar la mayor cantidad de policías de la ciudad entre 1990 y 1993 prometiendo una recompensa de dos millones de pesos a quien lo hiciera, como una respuesta a la militarización de Envigado, y se dice que eso dejó 500 policías muertos.

Pero en la memoria publicada de los 31 años de existencia de la policía del Valle de Aburrá (1983-2014), se hace un homenaje a todos los caídos en cumplimiento de su deber, y la cifra no tiene las proporciones antes descritas. Según esa publicación, entre 1990 y 1993, murieron 84 policías. Si se incluye el año 1989, el total es de 106 uniformados muertos. Según la revista Criminalidad de la Policía, fueron 140.

Las cifras no se corresponden con esa idea de que Escobar diezmó a la Policía en Medellín, pero no por ello deja de ser cierto que Medellín y Antioquia fueron lugares terriblemente peligrosos para ser policía en esa época.

A diferencia del cártel de Cali, que supo sobornar parte de la Policía y hacerla su guardia pretoriana en su ciudad, Escobar tenía un odio acentuado hacia esta institución desde los años 1970 cuando fue extorsionado por dos agentes que lo habían descubierto traficando droga.

LSA:

En el informe, los datos que se recogen son de policías víctimas de las Farc, pero usted dice que el narcotráfico y otros actores también han amenazado sus vidas. ¿Qué tanto pesaron esos otros factores?

Ruíz:

En el sector rural fue sobre todo la guerrilla de las Farc y el Eln las causantes de los ataques, mientras que en las grandes ciudades ha sido una mezcla de grupos narcotraficantes y otro tipo de grupos ilegales armados. La dimensión de todos esos datos no se conoce con la misma precisión que los delitos de las Farc, pero sabemos que el Clan del Golfo ha establecido de tiempo en tiempo “planes pistola” para matar policías, entonces la violencia viene de muchas partes, y abrir un proceso para dar cuenta de todas ellas sería muy complejo.

LSA:

Con el acuerdo de Paz, ¿ha mejorado el panorama de riesgo para la Policía?

Ruíz:

Hoy mueren menos policías que, por ejemplo, en el pico acentuado de los años 90s. La violencia contra la Policía ha bajado, pero creería que va a comenzar a subir por obra de la criminalidad urbana. Ya en el año 2021 se registró la tasa de homicidios más alta en el país de los últimos siete años.

El director de antisecuestro y antiextorsión de la Policía dijo que en el 2021 fueron asesinados 88 policías, de los cuales 64 se encontraban en servicio. De estos, 22 fueron asesinados por el Clan del Golfo, 16 por el ELN y 14 por terroristas del GAOR.

Y en lo que va corrido del año han sido asesinados 19 policías y 254 han sido lesionados durante el servicio. Así que aún sigue siendo un trabajo muy riesgoso aún después de la firma del Acuerdo de Paz. 

LSA:

la derecha en general se ha opuesto a la JEP porque se opone a la simetría con la guerrilla. ¿La solicitud de este macrocaso es ya una aceptación y legimitacion de la JEP por parte del presidente y de ese sector?

Ruíz:

Hay al menos dos posturas contrastadas en las fuerzas militares. Por una parte, efectivamente muchos miembros de las fuerzas armadas se han opuesto a la JEP porque temen que salgan verdades que comprometan el honor y el buen nombre de altos mandos.

Pero esa es una posición que no representa a todos, y Ya el hecho de que el ministro de Defensa salga a presentar este informe a la JEP, muestra que hay otra narrativa, que le tiene menos miedo a la justicia transicional, y en ella se quiere también posicionar la imagen de una Policía que también fue violentada y que puede ser sujeto de reparación.