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El estatus de protección para migrantes es una buena noticia. Pero es incompatible con el apoyo a sanciones contra Venezuela que castigan a los más vulnerables y ahondan la crisis humanitaria.

De todos los rincones del mundo y sectores llegaron justificados apoyos a la decisión histórica del gobierno colombiano de aprobar un estatuto de protección para migrantes que les reconoce derechos, al tiempo que constituye un avance significativo para una ciudadanía que se ejerza al margen de los límites de los Estados. Se trata, en últimas, de un gesto en sintonía con la forma como han evolucionado en los últimos años los derechos humanos.  

De otro lado, la situación interna en Venezuela empeora y constituye el origen de una migración en condiciones cada vez más críticas. La relatora especial para Naciones Unidas, Alena Douhan, acaba de hacer pública una serie de conclusiones sobre el impacto de las sanciones a las que endilga la agravación de la crisis humanitaria. El castigo impulsado especialmente por Estados Unidos, le impide a la administración venezolana invertir recursos y ha obligado a un recorte brutal en el gasto social. Según la funcionaria, Venezuela invertía el 76 por ciento de sus ingresos provenientes del petróleo en programas sociales, y en la actualidad, ese porcentaje no llega ni al 1 por ciento. La confiscación de activos en la banca británica, decidida recientemente por la justicia de ese país, le impediría la compra de vacunas en momentos en los que urge su acceso, así como a medicamentos para paliar la severa crisis humanitaria. Reconocer esta problemática no implica negar un problema de enormes dimensiones de corrupción dentro del oficialismo venezolano, quien no escapa a la responsabilidad.

Durante décadas Estados Unidos politizó el tema migratorio para hacer presión sobre Cuba, con efectos diametralmente opuestos a los supuestamente planteados: garantizar los derechos humanos y estimular una democratización en la isla. Para ello, protegió a cientos de miles de cubanos que huían de las precarias condiciones, en especial, en los años noventa, cuando colapsó la Unión Soviética. Al compás de la recepción de esos migrantes, mantenía sanciones implacables que, en esa década, se fortalecieron con las leyes Torricelli y Helms Burton. Cuba ha calculado el costo de dicho embargo en 822 mil millones de dólares con efectos sobre la población cubana en general. En medio siglo de aislar y sancionar a Cuba, se vieron pocas señales de cambio que fuesen producto de esa hostilidad liderada por EE.UU. e inicialmente seguida con entusiasmo por otros países de América Latina. Esto  llevó a su suspensión de la OEA desde 1962, mientras en el organismo tenían asiento privilegiado representantes de las peores dictaduras de la región, todas legitimadas en el combate al comunismo. Así ocurría recientemente cuando se le impedía a Maduro su participación en el Consejo Permanente, mientras a la delegación de Bolivia que representaba los intereses del gobierno autoritario de Jeanine Áñez preservaba todos sus derechos. 

¿Por qué el gesto de Duque que debe ser aplaudido, no obstante, resulta inconsistente? La medida hace historia, pero tiene poco sentido proteger los derechos humanos de migrantes venezolanos asediados, al tiempo que se apoya categóricamente un embargo a los mecanismos de los que dispone Venezuela para conseguir financiación en el exterior o sobre productos cuya exportación es vital para el acceso a medicinas y alimentos. Esa escasez de divisas y recursos afecta menos a los líderes del establecimiento que, de todos modos, hallarán la forma de evitar el peso de las sanciones. En realidad, la ciudadanía del común resulta ser la más golpeada como ocurre en países con largas trayectorias de sanciones como Irán, Irak, Libia, Siria y Cuba. De todos los casos reseñados, en ninguno se obtuvo un cambio político sustancial. La punición solo radicaliza el discurso nacionalista y favorece la retórica del enemigo externo a quien se responsabiliza de todos los problemas. No se trata de eximir al actual gobierno venezolano de su responsabilidad en la pauperización de la situación económica, ni de justificar lo que a todas luces supone un giro autoritario. Se trata de entender que es urgente un abordaje integral de la crisis venezolana y proteger cuanto antes, a todo el conjunto de víctimas de la peor crisis humanitaria del hemisferio. 

@mauricio181212