El año comenzó con noticias preocupantes en materia de seguridad. Las Bacrim impulsaron un paro armado que impactó decenas de municipios y que paralizó a Santa Marta en el pico alto de la temporada turística y nuevamente dejó a Medellín y varios municipios del Urabá sin transporte público.
El año comenzó con noticias preocupantes en materia de seguridad. Las Bacrim impulsaron un paro armado que impactó decenas de municipios y que paralizó a Santa Marta en el pico alto de la temporada turística y nuevamente dejó a Medellín y varios municipios del Urabá sin transporte público.
Las Farc realizaron acciones violentas en Norte de Santander, donde se concentrará buena parte del conflicto por la presencia de Timochenko, mataron soldados y policías en Cauca y Tolima, realizaron atentados en el Caquetá y se les atribuye el asesinato de dos civiles en el área rural de Tulúa.
Un número alto de menores resultaron víctimas de hechos de violencia. Varios murieron por balas perdidas, otros fueron víctimas de acciones inimaginables como el asesinato de un bebé de 18 meses, A esta altura ya debemos haber superado la increíble cifra de 500 homicidios en el país, casi todos los que hay en Canadá en un año. En solo Palmira, una población que no llega a los 300.000 habitantes ya han asesinado una veintena.
Las noticias son para alarmarse. Sin embargo, Colombia continúa mejorando en materia de seguridad, en particular la disminución de la violencia homicida se mantiene en la última década, con un incremento en el 2009, que fue el del verdadero coletazo de las Bacrim. La tasa de homicidio bordea los 30 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio latinoamericano, la más baja en los últimos 30 años.
Después de 7 años de descenso constante, en el 2009 se produjo un incremento que hizo presagiar a muchos el rompimiento de la tendencia. Las cifras de los dos últimos años no indican eso, por el contrario, el número de homicidios ha caído en 2010 y en 2011 en promedio al 10% anual, en una época en la que se ha superado la distorsión que se habría presentado por el apaciguamiento durante la negociación con los paramilitares.
Las cifras de los dos últimos años tienen un valor adicional y es que contradicen la idea, cierta antes, de que la violencia había disminuido en pequeños municipios y zonas rurales y que crecía en las ciudades. Con excepción de Cali, las diez capitales más importantes de Colombia cerraron el 2011 con disminuciones, leves pero disminuciones, de sus tasas de homicidio por segundo año consecutivo.
La estadística de otros delitos distintos del homicidio no es fiable. Hay un subregistro muy alto, por la baja disposición de los ciudadanos a denunciar. La denuncia no está centralizada y en ocasiones los encargados prefieren “maquillar” la información para presentar mejores resultados. Por eso no es fácil saber qué está pasando. No hay encuesta rigurosa de víctimas, ni de percepción, pero en este último punto lo que hay muestra que no mejora o que mejora poco.
Sin embargo, en las grandes ciudades se ha creado una capacidad institucional cada vez más fuerte para atender los temas de seguridad ciudadana. Cali, que ha tenido un déficit histórico, tiene la esperanza de que alcalde, Rodrigo Guerrero, es el pionero en políticas locales de seguridad. Hace ya 20 años, cuando fue alcalde, creo Desepaz, el primer programa integral de prevención y atención de la violencia diseñado y ejecutado localmente.
La información que hay es buena, aunque en Bogotá Samuel Moreno y los comandantes de policía abandonaran las cifras de medicina legal, mal ejemplo que se ha seguido en otras partes de Colombia. Las instalaciones y los equipos de transporte y comunicación de la policía son cada vez mejores. Se han instalado cámaras de vigilancia –públicas y privadas- por todas partes, que sirven para reaccionar y para tener evidencias judiciales.
A nivel nacional, en cambio, la política de seguridad ciudadana es casi inexistente. El Consejero de Seguridad, Francisco Lloreda, produjo un documento, que es una especie de índice que habrá que ir llenando.
Aunque tener un Consejero pensando 24 horas en eso es una ganancia, lo cierto es que todavía sigue habiendo muchas voces que generan confusión. La reacción a la propuesta de prohibición del porte de armas que hizo el alcalde Petro evidenció el despelote. La Policía celebró, el Ministro de Defensa dijo que había que concentrarse en combatir las armas ilegales, el Consejero dijo que tenía un proyecto de ley, el Ejercito que había que ir mirando y el que debía haber hablado, el Ministro del Interior, permaneció en silencio.
Lloreda ha hecho un trabajo silencioso pero muy útil. Ha identificado la enorme cantidad de recursos que desde distintas instituciones se invierten para incidir en factores asociados a la violencia, como las drogas, el alcohol, la desescolarización, el maltrato, etc, ahora tiene que dar el siguiente paso que es ponerlos donde deben estar y sincronizarlos con las acciones municipales y de las ONGs que avanzan en el mismo sentido.
Que Petro haya asumido la vieja idea del desarme logró que los medios se dieran cuenta del tema, que calladamente habían adoptado en Antioquia, por ejemplo, antes. Petro asegura que el tema va a permanecer en la agenda pública y permitirá que se avance en algún sentido. No será mucho, pero habrá avance y eso incidirá, así sea marginalmente en la reducción de los homicidios.
Quedan varias tareas pendientes. La primera es focalizar los programas de “prevención” (esa es una distinción superada en la literatura del tema) en los jóvenes que se encuentran en verdadera situación de riesgo e intervenir en sus ambientes familiares. De nada sirve el campeonato de fútbol si no se trabaja en el sistema familiar.
La segunda es garantizar el orden y el cumplimiento de las normas en los espacios públicos. Es patético el cuadro de los alcaldes tratando de hacer algo y la Policía mirando como un tema ajeno, cuando es su obligación. En espacios públicos y privados las ciudades se desarrollan ilegalmente y la Policía permanece pasiva con el pretexto injustificado de que los alcaldes locales, donde los hay, o los inspectores de policía deben dar órdenes previas. Mientras no haya orden en el espacio público y en los sistemas de transporte no disminuirá la percepción de inseguridad, así la tasa de homicidio sea la más baja de la historia.
La tercera es tomarse en serio la enseñanza de Mockus sobre la importancia de incidir en las actitudes culturalmente aceptadas. Lástima que Antanas gaste su energía e inteligencia dejándose meter en ajenas y mezquinas controversias para destruir sobre lo destruido.
