¿A quién le importa que investiguen a Andrés Felipe Arias?

La Procuraduría General anunció ayer la apertura de una investigación disciplinaria contra Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. ¿Afectará esto su campaña?

Con el hundimiento de la moción de censura contra el ministro de Agricultura Andrés Fernández, se creyó que el escándalo de Agro Ingreso Seguro agonizaría. La pregunta es si la investigación del Procurador Ordoñez lo revive o es la estocada final.

La Procuraduría General anunció ayer la apertura de una investigación disciplinaria contra Andrés Felipe Arias por el escándalo de Agro Ingreso Seguro. ¿Afectará esto su campaña?

Tener una investigación en contra nunca ayuda a un candidato, pero en este caso, el proceso en la Procuraduría lo afectará más en la opinión pública que en las consultas internas del Partido Conservador en marzo.

Además de la investigación contra Arias, la Procuraduría llamó a versión libre al ministro de Agricultura Andrés Fernández, a los viceministros de esa cartera, Fernando Arbeláez y Juan Camilo Salazar, y a otros 14 funcionarios que tuvieron alguna incidencia en la entrega de los subsidios agrícolas. Lo que quiere decir que la investigación tomará varios meses. Según fuentes consultadas en la Procuraduría, en promedio esta entidad se toma entre tres y cuatro años para terminar una investigación y por lo tanto, es altamente improbable que haya una decisión de fondo antes de la consulta conservadora.

El procurador Alejandro Ordoñez tenía mucha presión para abrir una investigación sobre el único escándalo que ha hecho mella en la opinión pública en los últimos cuatro años. Y lo hizo de la forma en que causa el menor daño posible. Ordoñez tenía la posibilidad de suspender a algunos de los funcionarios de sus cargos mientras adelantaba la investigación y optó por no hacerlo, lo cual envía el mensaje de que la cosa no es tan grave. Y tomó la decisión en vísperas de Navidad, cuando la atención mediática es menor y tiene la ventaja de que con el nuevo año, lo que ocurre en el anterior suele caer en el olvido. Además, Arias, de todos los candidatos, es el más conservador e ideológicamente afín al Procurador, por lo cual es plausible pensar que Ordoñez no tendrá un interés personal en perseguirlo.

Si la Corte hunde el referendo o si lo salva pero demasiado tarde para que el Presidente Uribe se postule de nuevo y se lleva a cabo la consulta conservadora, la decisión final sobre el candidato presidencial, estará en manos de la maquinaria del partido. Y la maquinaria de los conservadores hoy está repartida más o menos de manera equitativa entre Arias y Noemí Sanín. Arias cuenta con las bases más rurales del partido y con los representantes a la Cámara, algunos de los cuáles están aspirando a saltar al Senado. Sanín tiene el respaldo del ex presidente Pastrana y de los viejos caciques y senadores que temen endosarle el partido a Uribe a través de Arias. La pregunta es si Noemí Sanín será capaz de capitalizar esta investigación de la Procuraduría para inclinar la balanza a su favor en la consulta.

Los representantes conservadores respaldaron a Arias y Fernández en el proceso de la moción de censura y es posible que la investigación en contra del precandidato galvanice el apoyo a su candidato. Sin embargo, si es cierto, como dijeron fuentes a la Procuraduría, que el 9 de enero abrirán pliego de cargos por este asunto, la situación, aunque dure meses o años en resolverse, se le sumará a la imagen desfavorable con la que ya cuenta Arias. Esto puede desincentivar a aquellas figuras dentro del Partido que están indecisos todavía de a quién apostarle su futuro electoral y que sopesen la ‘deslealtad hacia el Presidente’ de Sanín versus las posibilidades de ‘Uribito’ de salir elegido.

En la última encuesta Ipsos-Napoleón Franco, Arias registró una desfavorabilidad del 33 por ciento versus una favorabilidad del 28 por ciento. “Cuando la imagen negativa supera la positiva es gravísimo”, dice el analista Álvaro Forero Tascón. “El escándalo de la AIS lo inhabilitó para ser el candidato del uribismo”.

En la opinión

Aunque existe la posibilidad de que Ordoñez en cambio de acusarlo, termine absolviéndolo y quitándole de encima ese fardo, lo cierto es que el daño causado en la opinión pública por la apertura de la investigación ya está hecho.

“Cuando esto ya no es solo el ataque de otro candidato sino una investigación realizada por una entidad neutra, el ciudadano del común le da credibilidad al escándalo y eso golpea la imagen del candidato”, dice el asesor de campaña Germán Medina, que actualmente está con Sergio Fajardo. “La gente asume que fue verdad y así salga una decisión favorable posteriormente, desgasta al candidato”.

Como hasta ahora arranca la campaña (¿ahora sí?) muchas cosas pueden alterar en los próximos cinco meses los escenarios de la contienda electoral. Pero ya es inédito que antes de que inicie en forma la carrera tres de los precandidatos tengan investigaciones en contra que en cualquier momento los pueda sacar el ring.

Juan Manuel Santos Junto con la absolución del contraalmirante Gabriel Arango Bacci, la sala penal de la Corte Suprema de Justicia pidió que se abriera investigación contra el ex ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, por el delito de omisión de denuncia. Según el concepto de la Corte, la prueba reina que se utilizó para incriminar a Bacci, un recibo por 115,000 dólares que portaría su firma, no siguió la cadena de custodia sino que circuló por el Ministerio de Defensa y las oficinas del DAS cinco meses antes de que estallara el escándalo en agosto de 2007. Así mismo, el caso no fue denunciado inmediatamente ante la Fiscalía (ver historia).

Marta Lucía Ramírez El 7 de octubre de 2009, la Procuraduría General de la Nación pidió la muerte política de la pre candidata presidencial por el Partido Conservador Marta Lucía Ramírez, por un contrato celebrado seis meses antes de ser elegida senadora por el Partido de la U. El contrato, firmado en septiembre de 2005 con Bancoldex, por diez millones de pesos, tenía como propósito la promoción del Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos. La Procuraduría consideró que dicho contrato violó el régimen de inhabilidades. Actualmente, la precandidata espera el fallo del Consejo de Estado, que de encontrarla culpable la inhabilitaría para ocupar cargos públicos de por vida.