En el inicio de la campaña presidencial solo una cosa une a bases petristas, uribistas y fajardistas: una petición para que renuncie a su cargo el Registrador Nacional, Alexander Vega.
Esas voces de rechazo desde todas las orillas políticas marcan un contraste con la carrera de Vega, quien fue elegido en ese cargo en octubre de 2019 por los entonces presidentes de las tres Altas Cortes cuando venía de ser magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) por La U pero sobre todo había cosechado amigos en la clase política de todas las vertientes políticas.
Los orígenes
Vega nació en el Guaviare y, siendo niño, llegó a Chía, municipio vecino a Bogotá y donde se crió. Hijo de llaneros de clase media, estudió derecho en la Universidad Libre de Bogotá, conocida por su tendencia liberal y su fortaleza en formar futuros funcionarios de la Rama Judicial y abogados litigantes, especialmente de derecho penal.
En 2004, recién graduado de la Universidad y sin trayectoria política ni experiencia laboral, presentó su hoja de vida para ser personero de Chía.
Según recuerda una persona que conoce la política de ese municipio, en su hoja de vida básicamente solo aparecía su título de abogado y el haber sido personero del colegio y director del cineclub de la Universidad. Igual el concejo lo eligió.
Eso porque ayudó el recién posesionado alcalde, Fernando Sánchez Gutiérrez, en ese entonces conservador (luego candidato por el Centro Democrático a la Cámara por Cundinamarca en 2018 en tercer renglón de la lista que logró dos curules). Esa era apenas su primera relación con la clase política.
Como personero, entre marzo de 2004 y marzo de 2008, fue muy cercano a Sánchez, y empezó a acercarse a algunos magistrados del CNE. Luego lo contrató Clara López, hoy senadora electa por el Pacto Histórico y en ese entonces secretaria de Gobierno de Samuel Moreno en Bogotá, como contratista para asesorar del Distrito en asuntos electorales.
Estuvo en ese cargo pocos meses, de mayo a noviembre de 2008, y hacia ese tiempo terminó una especialización en derecho electoral, área en la que desde entonces se concentró y en la que naturalmente el trabajo lleva a los abogados a tener contacto permanente con políticos.
Salió a ejercer como litigante y asesor, en lo que trabajó entre en 2009 y 2014 en la oficina de Rodrigo Escobar Gil, exmagistrado de la Corte Constitucional de extracción conservadora, condenado en 2018 por el escándalo de Fidupetrol.
En esos años se fue acercando a otros políticos, particularmente de La U. Por ejemplo, fue el apoderado del candidato de ese partido a la Alcaldía de Puerto Gaitán (Meta), Edgar Humberto Silva, para tratar de tumbar una resolución del CNE que sancionaba a ese partido por violación de topes electorales.
A la vez, según la fuente conocedora de la política local, ayudó a que el alcalde de Chía elegido en 2011, Guillermo Varela, nombrara a su hermano Campo Elías como secretario de salud.
Para las elecciones de 2010 ocurrió un hecho que en esta breve campaña a la Registraduría revivió, y puede ser un dolor de cabeza para Vega como Registrador, con más reflectores encima.
Según el hoy electo senador uribista, Andrés Guerra Hoyos, Vega fue el mensajero del entonces magistrado del CNE, Marco Emilio Hincapié, para pedirle 1.200 millones de pesos a cambio de revisar unos escrutinios que Guerra estaba denunciando habían llevado a que perdiera una curul en el Senado por La U. Es decir, lo acusó de un delito, algo que ha mantenido hasta hoy.
Vega niega haber pedido ese dinero, pero ha dicho que el padre de Guerra, el antiguo cacique liberal de Antioquia, Bernardo Guerra Serna, lo buscó para que lo ayudara con la pelea por la curul, porque ya era conocido en el derecho electoral. Hincapié lo ha respaldado e incluso ha dicho que denunció penalmente a Guerra Hoyos por las acusaciones.
Más allá de la gravedad de la denuncia, ese hecho muestra hasta dónde Vega ya se movía con políticos. De hecho, Hincapié dijo más adelante que en ese entonces Vega era “abogado en el tema electoral, con los candidatos de La U”, una relación que cultivó y dio frutos más adelante.
Salto a las grandes ligas
La cercanía con políticos le permitió candidatizarse como posible magistrado de La U para el CNE que, como está formado por representantes de los partidos que eligen los congresistas, es cada cuatro años una de las primeras pujas políticas de los Congresos nuevos.
La U, que era fuerte en 2014, tenía la posibilidad de elegir dos magistrados, y Vega entró a una puja interna que no era fácil.
Por un lado, algunos de sus ocho competidores dentro del partido tenían peso, como la actual representante chocoana Astrid Sánchez Montes de Oca, quien venía de ser senadora y de quemarse buscando la reelección; Ciro Muñoz Oñate, exmagistrado del CNE por el difunto partido Alas Equipo Colombia; o el exrepresentante atlanticense Tarquino Pacheco.
Por otro lado, tenía una dificultad legal: el Consejo Disciplinario y el Veedor del partido rechazaron su candidatura, pues encontraron que no certificó los diez años de experiencia como abogado que se necesitan para el cargo. Además, que había sido sancionado disciplinariamente con cuatro meses de suspensión de su antiguo cargo de personero, en 2012.
Vega dio la pelea. Reclamó internamente y perdió, por lo que no quedó en la postulación oficial de candidatos de La U. Sin embargo, con una tutela logró que el partido tuviera que incluirlo, con lo cual pudo dar una pelea política.
La ganó gracias al apoyo de varios senadores, especialmente los llamados ‘Ñoños’, los entonces muy poderosos senadores cordobeses Musa Besaile y Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, que venían de sacar las dos mayores votaciones a Senado y por eso pesaban mucho en la bancada.
Finalmente él y Luis Bernardo Franco se convirtieron en los candidatos de La U, y luego en parte de una gran plancha de toda la alianza legislativa de Juan Manuel Santos, la Unidad Nacional. Y así fue elegido.
No tenía 40 años y ya era magistrado del CNE. Como cuando recién graduado logró ser personero, para eso fue clave su reconocida habilidad para hacer buenas relaciones.
El magistrado
En el CNE Vega se alineó rápidamente con los magistrados que apoyaban el Acuerdo y que venían de la plancha que impulsaron la Unidad Nacional y la oposición de izquierda, que tenía una mayoría justa de seis de los nueve magistrados (en el CNE se requieren seis y no cinco votos para decidir).
Pero no empezó fácil: el veedor Pablo Bustos demandó su elección argumentando, entre otras, que la denuncia de Guerra Hoyos y la vieja sanción disciplinaria mostraban que no había ejercido la profesión por diez años “con buen crédito”, lo que era un requisito.
La consejera de Estado Lucy Jeannette Bermúdez estudió su caso, y tras un año largo, desestimó la demanda porque encontró que la denuncia de Guerra no había prosperado (citó a Guerra como testigo a una dirección vieja, él no fue, y no lo volvieron a llamar) y la sanción porque el entonces Procurador General, Alejandro Ordóñez, la había revocado pocos días después de que el Congreso eligió a Vega como magistrado. Sus colegas apoyaron a Bermúdez y Vega se salvó.
Sin esa sombra, el magistrado empezó a tomar más vuelo; por ejemplo, a inicios de 2015 solo él y el conservador Carlos Camargo votaron a favor de mantener la personería del partido de Yahir Acuña (aliado de los políticos cordobeses que impulsaron a ambos), Cien por Ciento por Colombia, una muestra de que no necesariamente estaba alineado con sus aliados de la Unidad Nacional.
Ese mismo año su hermano Campo Elías obtuvo el aval liberal para la alcaldía de Chía, algo que en el municipio dijeron que se logró gracias al hoy Registrador. Y luego renunció a él para adherir a la candidatura de Fernando Sánchez, el antiguo aliado de Vega.
Mientras tanto, en el CNE Vega mostró su capacidad de relacionarse y ser componedor: en una nueva división intestina el Consejo duró nueve meses sin presidente. Solo se superó cuando Vega logró sumar suficientes apoyos para ser elegido presidente en julio de 2016.
Faltaban menos de tres meses para el plebiscito de octubre de ese año y el CNE tenía el gran reto de reglamentar su campaña, para lo que no había antecedentes porque era el primero bajo la Constitución de 1991. Debía definir cosas para definir cómo se iba a poder hacer campaña en redes sociales, exactamente hasta dónde y cómo podrían participar los funcionarios públicos y dónde se trazaría la raya para cumplir con la prohibición de usar logos de partidos. Vega lideró ese trabajo.
Luego le tocó otro chicharrón: el entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo públicamente que tenía certeza de que había entrado plata de la corrupta multinacional Odebrecht a la campaña reeleccionista de Santos de 2014, pero que solo el CNE podía investigarlo.
Vega recibió esa carta, y antes otras del exsenador y lobista de Odebrecht, Otto Bula, cercano y paisano de los Ñoños, y quien aceptaba haber recibido plata de la corrupta multinacional.
Meses después, justamente en ese tema, surgió la segunda nube que acompaña a Vega: su relación con Bula. Cuando la magistrada ordoñista Ángela Hernández iba a presentar su ponencia para investigar a Santos, dijo que al investigar para ella encontró llamadas de 2016 por más de cuatro horas entre Vega y Bula, basada en un informe de la Corte Suprema.
En la sesión del CNE en la que CNE lo reveló se armó una pelea en la que los dos se amenazaron con denuncias. Vega aceptó las llamadas, pero alegó que el número era del senador Elías, quien aún estaba libre y sin denuncias por Odebrecht.
El CNE finalmente archivó el proceso contra Santos, igual que el del uribista Óscar Iván Zuluaga. Así, evitó chocar con los políticos en general, a la vez que decidió endurecer las reglas para las revocatorias de los alcaldes, lo que lo acercó a ellos.
Mientras tanto, Vega iba entrando a las altas ligas de la política: estuvo en la parranda del clan Gnecco en el Festival Vallenato de 2017 y en una polémica reunión con la bancada de La U y Santos, que puede convertirse en su tercera nube.
Una persona que lo conoció de cerca en ese entonces recuerda que Vega hacía fiestas generosas en su casa, con mariachis y whisky, que era muy bueno haciendo amigos y que no escatimaba en gastos.
Al año siguiente, mientras preparaba su salida del CNE, tomó más decisiones que lo congraciaron con políticos, como salvar la candidatura del conservador Quinto Guerra a la alcaldía de Cartagena.
Esa preparación para salir incluía la búsqueda de dejar un reemplazo por La U, el entonces procurador delegado Virgilio Almanza, como reveló La Silla Vacía. Pero el plan se dañó por pujas de poder entre Germán Vargas y los Char en Cambio Radical, que rompieron la alianza con La U que habría asegurado la elección de Almanza.
A pesar de esa derrota, Vega no salió sin un plan: ser Registrador. Para eso tenía su amplia red de conexiones, incluyendo a su hermano campo Elías, quien tenía un cargo directivo en la Auditoría general y a inicios de 2019 pasó a ser subdirector de la Agencia Nacional del territorio, en el Gobierno del uribista Iván Duque.
El camino a la Registraduría
Desde su salida del CNE, Vega trabajó como consultor internacional y director en Colombia de Transparencia Electoral, mientras los presidentes de las tres Altas Cortes, que este año son Gloria Stella Ortiz en la Constitucional, Lucy Jeannete Bermúdez (la ponente del fallo que salvó la magistratura de Vega en 2015) en el Consejo de Estado, y Álvaro García en la Suprema, armaban el proceso para definir Registrador.
En junio de 2019 lo arrancaron con un nuevo reglamento para el concurso de méritos, con el que la experiencia pesaría menos y los exámenes de conocimiento y competencias más, lo que de entrada despertó algunas críticas. Los presidentes hicieron algunos ajustes pero rápidamente abrieron el proceso, pues el período del actual registrador, Juan Carlos Galindo, vence a inicios de diciembre.
Se inscribieron 54 abogados, los presidentes anunciaron el 29 de julio que admitían a 31 y allí arrancó en forma la carrera, con dos grandes favoritos: Vega y su antiguo colega en el CNE y director de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo.
Los días siguientes hubo una lluvia de críticas a Camargo por presuntamente haber usado la contratación de la Federación para hacer campaña entre los magistrados, y terminó renunciando el 9 de agosto. Con eso, el camino parecía despejado para Vega, quien también enfrentó la resurrección de los escándalos de Guerra Hoyos y Otto Bula.
En las pruebas de conocimientos y de competencia, que se hicieron el 24 de agosto y daban el 50 por ciento del puntaje total le fue bien, pues fue el mejor en la de conocimientos y sumó 412 puntos de 500 posibles.
Pero en la hoja de vida mal: sacó apenas 40 de 200 puntos y el puesto 15 entre 16 por su poca experiencia profesional, lo que muestra que de no haber cambiado el reglamento no habría sido elegido.
En todo caso, quedó entre los diez más altos y pasó a la entrevista de ayer, que con 300 puntos en juego era definitiva. Vega sumaba 453 puntos, pero había cuatro aspirantes con mejor puntaje.
En la entrevista tuvo el segundo mejor puntaje, 285, y con eso quedó de primero.
Uno de los presidentes le explicó a La Silla que les gustó sus propuestas tecnológicas para ahorrar papel y recursos (la Registraduría invierte mucho en papel para el registro civil, la cedulación y las elecciones), modernizar el registro civil o que la Registraduría sea dueña del software de las bases de datos de identificación, que hoy son de los contratistas de Thomas Greg.
Con eso, logró su meta. Aunque no era el único candidato amigo de políticos, y estaba cantado que quien llegara tendría esas conexiones, ninguno tenía tantas, tan fuertes y variadas como Vega. Y quizás tampoco había ninguno que llegara con cuestionamientos como él.
Un registrador cuestionado
Vega se posesionó en diciembre de 2019, poco antes de que la pandemia del covid cambiara la cotidianidad de todos. Llegó con un plan ambicioso, que refleja su eslógan y nombre del plan estratégico “Registraduría del Siglo XXI”: la intención de modernizar la registraduría y sus servicios.
Tenía dos años y medio para preparar lo que suele ser la mayor prueba de un registrador: las elecciones. Y es que en las de marzo de 2018 se acabaron los tarjetones para la consulta de la derecha en varios puestos y por eso voces de ese sector pidieron la renuncia de Juan Carlos Galindo, y algo similar ocurrió en 2010 con Carlos Ariel Sánchez porque se cayó la página que mostraba los resultados del preconteo.
Cuando apenas llevaba un mes en el cargo mostró una victoria temprana en su eslógan, al anunciar cédula digital, pero a la vez hizo una promesa que mostraba que tenía en la mente las elecciones: empezar a implementar el voto electrónico en las presidenciales de este año, en un 30 por ciento de las mesas.
Para eso era clave hacer una suerte de piloto en la elección de Consejos de Juventudes, que estaba programada para fines de 2020. Por la pandemia Vega la aplazó, y luego tuvo otro traspiés: el fiscal Francisco Barbosa, el Contralor Carlos Felipe Córdoba y el Procurador Fernando Carrillo prendieron alertas sobre el contrato de la Registraduría para esas elecciones, y Vega lo frenó.
Con su piloto postergado, se metió en otro frente, en el que las relaciones con los políticos le favorecieron: sacar un nuevo Código Electoral.
No era fácil, porque cambiar la forma en la que se hacen las elecciones puede tocar muchos callos en el Congreso. Lo logró sacar adelante sumando diferentes bancadas que le dieron una aplanadora y evitaron mucho debate, quitándole lo más transformador (como aumentar la cuota femenina del 30 al 40 por ciento de las listas), dándole un empujón a los alcaldes y gobernadores al hacer más difíciles sus revocatorias, y con avances para sus metas de la Registraduría del Siglo XXI, como determinar que el software para los escrutinios deba ser del Estado y no de contratistas.
Encima, tenía un gran regalo para él: más de mil cargos nuevos en la registraduría para llenar. Y un cambio que esta semana entró al debate público: los jurados ya no serían los maestros de la educación pública, sino otras personas.
Eso pasó relativamente fuera del radar, al igual que durante la mayoría de 2021, cuando la atención del país estuvo en el paro y el covid.
Pero a fines de año, con el panorama electoral empezando a calentarse y las elecciones de los consejos de Juventud finalmente programadas para diciembre, empezó a recibir críticas.
Primero por el contrato para aumentar la biometría en las elecciones (parte del mega contrato para la logística electoral que ganó un consorcio similar al de todas las elecciones, encabezado por Thomas Greg).
Luego al decir “Cómo explican que en el Dane somos 50 millones de colombianos y en la Registraduría y en el registro civil somos 55, ¿dónde están los otros 5 millones de colombianos?”, y alimentar los temores de la izquierda de un posible fraude para este año.
Poco después, al decir sorbe las elecciones “el que no sienta garantías, no debería presentarse”, que produjo rechazo no solo en sus críticos de la izquierda sino en otros sectores políticos y de opinión, y que dieron lugar a una primera solicitud de renuncia.
Es decir, pasados dos de los cuatro años de su período y sin haberse enfrentado al gran reto que son las elecciones para cualquier registrador, Vega ya tenía voces fuertes en contra.
El rechazo no bajó con el piloto electoral que fueron las primeras elecciones en la historia para los Consejos de Juventud, de muy alta abstención (votó solo 1,3 millones de los 12,3 millones de jóvenes habilitados) y que se hicieron de afán porque el gobierno de Iván Duque decidió en pleno paro usarlas como prueba de que le preocupaban los jóvenes.
El afán fue tal que que la Registraduría aplazó la fecha de votación y luego los plazos de inscripción de las listas; y que a menos de 24 horas de votar, Vega cambió las reglas al permitir votar en cualquier puesto y no en el que estaban inscritos, lo que le valió críticas por la posibilidad de irregularidades.
Al final, en todo caso, pasaron bastante de agache. Peor las dificultades ya estaban ahí, y solo se acumularon después: problemas en la plataforma para la inscripción de cédulas, desinformación por una reunión con Gustavo Petro, video de un funcionario diciendo a los supernumerarios (funcionarios temporales para elecciones, como los que hacen el preconteo) que necesitaban tener un padrino político, denuncia de pedida de renuncias a los funcionarios que manejan las elecciones, caída de la página web en la mañana del día de las elecciones que Vega explica como ciberataque pero el Fiscal lo desmiente, videos de confesiones de supuestos fraudes de jurados jóvenes contra el Pacto Histórico…
Incluso los aciertos, como entregar a los partidos grandes bases de datos de los resultados o publicar los E14 para la revisión ciudadana (cosas que Vega heredó de sus antecesores), alimentaron las críticas contra el Registrador.
Con esos antecedentes y con la cercanía de Vega a una clase política desprestigiada, los gritos de fraude de la izquierda tuvieron cómo retumbar con tanto eco que los retomaron sectores de centro. E incluso, el jueves en la noche, fue la derecha la que empezó a hablar de fraude, en una versión en la que Vega es aliado de la izquierda. Es decir, el Registrador amigo de los políticos se quedó sin el apoyo de muchos de ellos y con poca legitimidad para muchos ciudadanos a dos meses de administrar las elecciones presidenciales en las que hay más probabilidades de que gane un outsider desde 1970.
Nota: publicamos una versión anterior de ese perfil, cuando fue elegido Registrador en octubre de 2019. Se puede leer aquí.
