Fue el departamento en el que más plata invirtió, pero le deja una pelea por Belén de Bajirá, la pregunta por la financiación del Tranvía y el Ferrocarril, y la segunda cifra más alta de líderes asesinados en el país.
Varias veces lo presumió el Presidente en estos ocho años: “Nunca un gobierno ha estado tan comprometido con Antioquia”.
“Dicen que las obras son amores”, dijo cuando entregó la ampliación del Aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, por 350 mil millones de pesos para ampliar su capacidad de 7 a 11 millones de pasajeros al año, y después de haberle metido la ficha con más de 60 mil millones a los aeropuertos de Carepa y Medellín.
Es cierto. Antioquia fue el departamento con más plata de la cartera nacional invertida en estos ocho años, con 58 billones, solo el diez por ciento menos que el Distrito de Bogotá (que tiene 1,2 veces más habitantes), 32 por ciento más que Valle y 45 más que Cundinamarca.
Además, el 7,4 por ciento de proyectos de regalías entre 2012 y 2018 fueron para Antioquia, con 1,8 billones de pesos, casi el doble de la inversión en Cundinamarca y Valle del Cauca, y 900 mil millones más de lo que le aporta el departamento al PIB nacional.
Santos desembolsó un tercio de la plata para el Túnel del Toyo, que conecta Medellín con el Occidente y agiliza el trayecto al mar de Urabá; le inyectó tres cuartas partes del presupuesto a la construcción de la cárcel agrícola de Yarumal, con capacidad para 1.500 presos; y dejó listas buena parte de las 4G como Pacífico 2 y 3, y la ruta Mar 1.
Para diciembre había entregado 13 mil de las 21 mil casas gratis que prometió durante su gobierno (según él, las demás están en construcción), desarmó cuatro frentes de las Farc que operaban en la zona Norte del departamento y armó más de tres mil hombres para que capturaran a los duros del Clan del Golfo y la Oficina en Medellín y Urabá, y en los últimos años lo están logrando.
A pesar de esos esfuerzos de Santos por darle a los antioqueños lo que esperan, deja cinco ‘chicharrones’ claves en la región que no necesitan solo plata y que a partir del 7 de agosto le toca asumir a Iván Duque.
La pelea por Belén de Bajirá
Cuatro de los cinco políticos antioqueños que consultamos para esta historia coincidieron en que Santos le entregó un pedazo de su territorio al Chocó (en el Chocó argumentan que nunca fue territorio antioqueño) como condición para levantar un paro, y que eso es lo peor que pudo haberle hecho al saliente presidente al departamento.
“El Director de Instituto Geográfico Agustín Codazzi (un funcionario que nombra el presidente) debió esperar el pronunciamiento de la justicia y no precipitarse a tomar las decisiones que dejaron a Antioquia en una tensión innecesaria con Chocó”, le dijo a La Silla el senador liberal Iván Agudelo.
Lo que hizo el director del Igac, el liberal Juan Antonio Nieto Escalante, fue adelantar un estudio técnico que definía que Belén de Bajirá y otros tres corregimientos de Turbo, en el Urabá antioqueño pertenecían a Chocó, y presentárselo al Congreso.
Un año después, el Congreso dijo que no tenía nada qué ver con esa decisión, aún a pesar de que Luis Pérez le llevara a este y al Gobierno Nacional 1.3 millones de firmas para pedirle que les dejara a los antioqueños el corregimiento.
Con las firmas, Pérez logró que el Ministerio del Interior dijera que acataría la decisión del Consejo de Estado, al que le cayó la pelota: hace una semana admitió una demanda del Gobernador para anular de el acto administrativo del Igac, pero ya el este empezó a delimitar la zona por su lado.
El conflicto por territorio ha desatado resentimientos de sectores políticos en Antioquia, mientras que activistas del lado del Chocó le piden al departamento que deje de tener jurisdicción sobre la zona, y ante este, Duque ha dicho que esperará el fallo del Consejo de Estado.
Calmar los ánimos de ambas partes y acatar como jefe de la cabeza del Igac lo que defina el Consejo de Estado será una misión del Presidente que entra.
La ansiedad por el Tranvía de La 80 y el Ferrocarril de Antioquia
Una de las quejas con que se despide Medellín de la era Santos es la negativa del Presidente a invertir 1,8 billones en su proyecto de movilidad más importante: el Tranvía de la 80, que atraviesa el occidente de la ciudad , vale 3 billones de pesos y para la que el municipio le pidió ayuda.
El Presidente saliente alegó que no tenía plata, mientras que Duque le dijo a El Colombiano en campaña que le iba a meter la plata que necesitaba.
En este momento el proyecto, que el alcalde Federico Gutiérrez quiere dejar al menos en construcción antes de terminar su periodo el 31 de diciembre de 2019, está en fase de diseño.
Como el Tranvía, el proyecto estrella de la Gobernación es el Ferrocarril de Antioquia, anhelado por los dirigentes del departamento hace más cincuenta años, que conectaría el Norte con el Sur del Valle de Aburrá y la salida hacia el centro del país.
Este necesita un apoyo adicional para lograr su cierre financiero, pues la emergencia y los retrasos de Hidroituango dejaron al departamento sin recibir el 41 por ciento de los recursos que le iba a dar la hidroeléctrica cuando empezara a funcionar -se suponía que sería en diciembre de este año- a través de utilidades futuras.
Ahora ese billón de pesos lo pondría el Gobierno Nacional, según le dijo a La Silla el gerente del Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea), Mauricio Tobón. Para eso, radicó una nueva propuesta de financiación que está en manos del Ministerio de Hacienda y del DNP.
Frente al Ferrocarril, y después de que Luis Pérez le pidiera tenerlo en su agenda, Duque puso buena cara y dijo que ese sistema de transporte “lo necesitamos para continuar el fortalecimiento para nuestra economía”.
La segunda cifra más alta de líderes sociales asesinados en el país
Los líderes muertos en Antioquia desde enero de 2016, según cifras de la Defensoría, ya son más de 40, y en el último mes el Bajo Cauca y el Norte de Antioquia es donde más sangre ha corrido este año en el departamento.
Allí se asientan disidencias de las Farc, Clan del Golfo y los Caparrapos, el viejo ejército del jefe paramilitar ‘Macaco’, además de que está activa la operación de las fuerzas armadas.
Con casi todos sus municipios priorizados para el posconflicto, es materia de discusión cuál fue el detonante de la violencia disparada en zonas cocaleras y con rutas de droga, pero hay consenso de que es un ‘chicharrón’ de muchas patas que tiene el próximo Gobierno para parar los asesinatos donde están presentes, aparentemente sin éxito, la Fuerza Pública, y las instituciones que implementan el posconflicto en el terreno.
La quiebra de Savia Salud
A la EPS más grande del departamento, que atiende 1,7 millones de usuarios de régimen contributivo y subsidiado en casi todos los municipios, Duque la recibe hecha agua.
La empresa está dando pérdidas de 1,5 millones de pesos y le debe a hospitales públicos y privados alrededor de 650 mil millones de pesos, le dijo a La Silla Luis Alberto Martínez, director de la Asociación de Empresas Sociales del Estado, Aesa.
Aunque Savia no es de la Nación, tanto la Alcadía de Medellín como la Gobernación de Antioquia, accionistas mayoritarias de la EPS, le han pedido auxilio al Gobierno Nacional para evitar que la empresa colapse.
En un principio, Santos decidió emitir bonos convertibles en acciones por 200 mil millones para salvarla, pero el Gobierno suspendió el plan porque no no cumplía con los requisitos para recibirlos.
La Gobernación le ha insistido al Ministerio de Salud que transfiera los recursos para pagar medicamentos por fuera del Plan Obligatorio de Salud del régimen subsidiado, que le han dejado un hueco a Savia por 200 mil millones de pesos, además de regular tarifas, según le dijo a La Silla Carlos Mario Montoya, secretario de Salud de Antioquia.Esa ayuda, según nos dijo, “todavía es incierta”.
El Ministerio de Salud y Savia firmaron en marzo un contrato con una banca de inversión para reorganizar la empresa y buscar nuevos socios, como hospitales públicos y privados, mientras que estos bajan sus tarifas para que esa EPS no se siga ahogando.
Duque ha dicho que quiere sanear la deuda de Savia, que va llegando al billón de pesos. El reto es cumplirlo con plata del bolsillo nacional.
El sometimiento del Clan del Golfo y de la Oficina de Envigado
Santos le deja a Iván Duque una Ley de sometimiento colectivo diseñada para que el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc se puedan acoger a la justicia ordinaria con beneficios, como resultado de lo pactado en La Habana con la exguerrilla.
Que esos dos grupos se acojan a la Ley podría ayudar a reducir la violencia en el Norte, el Bajo Cauca y Urabá, donde operan esas estructuras; pero queda por fuera la banda criminal más poderosa de Medellín, la Oficina de Envigado, a la cual se deben gran parte de los combos que operan en los barrios del Valle de Aburrá.
Según Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa, la Oficina no cabe en la norma porque el Consejo de Seguridad Nacional -es decir, el Presidente, cinco de sus ministros y la Fuerza Pública- no lo considera un Grupo Armado Organizado (GAO) porque no es jerárquico, no realiza operaciones militares frecuentes y no domina un solo territorio.
Pero con el cambio de Gobierno se renueva también el Consejo de Seguridad Nacional y con él puede hacerlo la norma, lo cual podría propiciar el sometimiento de la Oficina – que según la Alcaldía de Medellín, integran cinco mil jóvenes de las comunas.
