La gran duda que queda de todo el escándalo judicial en Medellín es si el Alcalde conocía de los alcances de lo que se estaba redactando a unos pasos de su despacho.
Una de las 13 pruebas en contra de Gustavo Villegas, el exsecretario de seguridad de Medellín en la cárcel desde la semana pasada por presuntos contactos con la Oficina de Envigado, es un proyecto de ley de sometimiento de las bandas criminales. A pesar de la captura de Villegas, La Silla supo que este proyecto seguramente será presentado al Congreso este 20 de julio por el Centro Democrático para que arranque su trámite, tal y como había sido planeado antes del arresto del funcionario paisa.
Así lo confirmó a La Silla Vacía la senadora uribista Paola Holguín, quien, como reveló el portal Verdad Abierta y retomó el fin de semana El Colombiano, estuvo involucrada en la redacción de la iniciativa, junto con otros funcionarios también afines al uribismo.
“Si me lo permiten, lo presento el 20 de julio. Es un proyecto positivo porque las bandas criminales son un problema no solo en Medellín sino en todas las ciudades del país”, nos dijo.
Dentro de las 13 pruebas que presentó la Fiscalía contra Villegas por presunto concierto para delinquir están la redacción de este proyecto, además de la filtración de información clasificada a los miembros de bandas criminales, la presunta negociación clandestina para la captura de unos fleteros (evento que fue transmitido en redes en vivo por el alcalde Federico Gutiérrez) y otras grabaciones e interceptaciones entre Villegas y los miembros de la Oficina como alias ‘Pichi’ y ‘El Viejo’.
La existencia del proyecto fue revelada por la Fiscalía en la audiencia de imputación de cargos contra Gustavo Villegas y Mariano Humberto Zea, secretario de Seguridad y funcionario de la Secretaría respectivamente. En él, según contó El Colombiano, “se promueve el sometimiento a la justicia de los miembros de las bandas criminales”, a través de rebajas de penas a cambio de la colaboración con la justicia, reparación a las víctimas y resocialización.
”Si me lo permiten, lo presento el 20 de julio”
Las bandas tendrían un año y medio para su sometimiento y los miembros que acepten el delito de concierto para delinquir tendrían hasta 48 meses de cárcel. Los que hayan cometido violaciones, torturas y asesinatos (delitos de lesa humanidad), tendrían cárcel hasta por 12 años.
De que el proyecto siga vivo depende, según la senadora Holguín, que la Secretaría de Seguridad de Medellín (ya sin Villegas) le dé vía libre. “Si la Secretaría me dice que proceda, yo lo presento”, reiteró.
Tanto la senadora como otras dos fuentes involucradas en el proyecto insistieron en que en el Gobierno, a través de la Agencia de Reintegración, y la Fiscalía sabían qué se estaba redactando este proyecto en las oficinas de la Secretaría de Villegas en Medellín.
“No hicimos absolutamente nada malo. No hubo ningún concierto para delinquir”, nos dijo Holguín y así mismo le hablaron a La Silla otros dos abogados involucrados en la redacción del proyecto.
Los que lo redactaron
En la redacción del proyecto participaron funcionarios y políticos cercanos al uribismo.
Por un lado, están funcionarios de la Secretaría de Seguridad de Villegas como Jorge Gaviria, contratista de la entidad, ex director del programa de Paz y Reconciliación (oficina que depende de la Alcaldía de Federico Gutiérrez en convenio con la Agencia Nacional de Reintegración, ACR) en el periodo de Alonso Salazar y conocedor de temas de reincorporación. Además, hermano del senador uribista y ex asesor presidencial, José Obdulio Gaviria.
En 2010 como contamos, hizo parte, como miembro de una comisión de notables de la sociedad civil llamada ‘Comisión por la Vida’ y liderada por Jaime Jaramillo Panesso que buscó y consiguió una tregua entre facciones de la Oficina de Envigado para disminuir la violencia en Medellín, un episodio que generó mucha polémica sobre si era una segunda versión de la ‘donbernabilidad’, entendido como el período durante el cual el capo del narcotráfico y jefe paramilitar Don Berna, de la Oficina de Envigado, controló el hampa de la ciudad con un beneplácito tácito o explícito del gobierno nacional y local durante la Alcaldía de Sergio Fajardo.
También estuvieron involucrados en la redacción del proyecto que se podría presentar al Congreso la próxima semana Diego Alejandro Gaviria y Juan Alejandro Gaviria. Diego Alejandro es hermano de José Obdulio y contratista de la Defensoría del Pueblo en Medellín. Aspiró al Concejo del municipio del Retiro en 2015 por la lista del Centro Democrático.
Juan Alejandro es sobrino del senador, abogado penalista y actualmente asesor del concejal Simón Molina, del uribismo, que es mayoría en el Concejo de Medellín y lidera la coalición de gobierno de Federico Gutiérrez.
”El afán era que el Fast Track tenía unos plazos perentorios”
El concejal Molina es también conocido en Medellín como miembro de los ‘paolos’, una facción dentro del uribismo que lidera Paola Holguín y que está compuesto por los miembros de la lista de Uribe que son puro de opinión en contraposición con los políticos que tienen maquinaria.
El hermano y sobrino de José Obdulio fueron abogados de Mariano Humberto Zea, el otro capturado en la operación en la que la Fiscalía envió a Villegas a la cárcel. Ambos dijeron en la audiencia de imputación el miércoles que se apartaban de ser abogados de Zea porque estuvieron involucrados en la redacción del proyecto y podrían ser testigos y hasta imputados por los hechos.
Pese a que había miembros del uribismo trabajando en el proyecto, la senadora nos dijo que no era una iniciativa del partido, y que lo hacían a título personal.
Juan Alejandro nos dijo que invitaron a la redacción del proyecto a Paola Holguín porque conoce la ciudad y es experta en temas de seguridad, y no por afinidades ideológicas.
Jorge Gaviria fue el que le pasó el proyecto a Paola Holguín. A ella previamente le había hablado de esa iniciativa el concejal Molina.
La cocinada
Todas las fuentes consultadas para esta historia en Medellín nos dijeron que el proyecto tenía como finalidad reglamentar el punto 3.4.13 del acuerdo renegociado entre el Gobierno y las Farc refirmado en noviembre en Bogotá.
En él hay un mandato al Gobierno para que con la Rama Judicial presente “un proyecto de ley para promover el sometimiento o acogimiento a la justicia” de los grupos criminales herederos del paramilitarismo “mediante el procedimiento legislativo especial para la paz”.
Es decir que este proyecto tendría que ser presentado bajo el Fast Track, el procedimiento expedito para la reglamentación del texto entre el Gobierno y las Farc. Y ese procedimiento exige que el Gobierno radique en el Congreso los proyectos, tras pasar por la Comisión de Seguimiento y Verificación del Acuerdo (Csivi), que componen miembros del gobierno y la guerrilla.
“El afán era que el Fast Track tenía unos plazos perentorios y el gobierno no lo ha presentado. No queríamos que nos lo impusieran”, nos dijo el abogado Juan Alejandro Gaviria, en referencia a que la iniciativa fuera obra exclusiva del Gobierno sin contar con Medellín, donde operan la mayoría de bandas criminales.
Lo paradójico es que el uribismo no participa en las votaciones del Fast Track y desconoce lo acordado entre el Gobierno y las Farc y renegociado entre el ejecutivo y los representantes del No, encabezados por Álvaro Uribe.
“Yo les dije (a los que estaban tramitando el proyecto) que si lo pasaban por Fast Track no lo acompañaríamos (con los otros senadores uribistas). Pero que si iba (por trámite) ordinario lo apoyábamos”, nos dijo la senadora Holguín.
”Nunca nos dieron respuesta (de la Fiscalía)”
De todos modos, el proyecto fue hecho a motu propio por los abogados, sin apoyo del Gobierno. Y, según lo que ha dicho el alcalde Gutiérrez, también sin su conocimiento.
Juan Alejandro Gaviria nos dijo que la idea “surgió porque en Medellín hubo una experiencia exitosa de resocialización. Desde el programa de paz se pensó que ese proyecto podía articular las experiencias para ese fin. Nos reunimos en la Secretaría de Seguridad”.
A su turno, Jorge Gaviria nos dijo que el proyecto nació de la iniciativa de varias “organizaciones civiles de Antioquia” (no dijo cuáles) que asistieron a dos foros el año pasado, en el Concejo y la Asamblea sobre paz urbana.
En uno de esos foros asistió el viceministro Carlos Medina, como reportó Telemedellín.
Según Jorge Gaviria, ahí salió a flote la idea de que “las ciudades tengan velas en ese asunto”, en referencia al sometimiento de las bandas criminales. “Comenzamos a trabajarle en la oficina de paz y reconciliación, hablamos con expertos, abogados, exmagistrados”, nos dijo.
Entre los nombres que nos dieron los Gaviria (Juan Alejandro y Jorge) de los expertos que estaban en las reuniones mencionaron, por aparte, a Mario Gómez, asesor del despacho del fiscal General, Néstor Humberto Martínez y el exmagistrado y excandidato a Defensor del Pueblo, Juan Carlos Arias.
Si bien Juan Alejandro Gaviria no tiene claras cuántas reuniones hubo, El Colombiano da cuenta de al menos tres, en las que asistieron dos funcionarios locales de la agencia nacional de reintegración (ANR), y el asesor del fiscal Martínez.
Sobre los dos primeros, el director de la Agencia, Joshua Mitroti, nos dijo que ambos fueron llamados a dos de las reuniones (de enero y febrero), para que explicaran el marco actual de justicia transicional. Según Mitroti, los funcionarios reiteraron que no había cabida para los delincuentes comunes, es decir, los miembros de las bacrim, bajo las leyes actuales de orden público y justicia y paz.
Sobre el asesor de Néstor Humberto, los Gaviria nos dijeron, por aparte, que estuvo ayudando en el enfoque para los menores de edad miembros de bandas criminales y que era el enlace con el Fiscal.
El freno en seco
La redacción del proyecto arrancó a inicios de este año, desde la oficina de Paz y Reconciliación y la Secretaría de Seguridad de la Alcaldía de Medellín, que estaba al mando de Villegas y que queda a unos pasos del despacho del Alcalde y terminó de ser diseñado a mediados del semestre pasado. Ya para ese momento se lo habían mostrado a la senadora Holguín.
El paso a seguir era presentarlo al Gobierno Nacional, a través de un foro, que Jorge Gaviria llamó “Sometimiento y Acogimiento de Entregas Voluntarias”, que se realizaría en Medellín a mediados del mes de junio y que contaría con la asistencia de la Fiscalía.
“Nunca nos dieron respuesta de hacer el foro. (Gustavo) Villegas nos dijo que lo hacía si la Fiscalía iba”, dijo Gaviria.
Tres semanas después, en operación de la Fiscalía, Gustavo Villegas fue capturado, en operación liderada por la fiscal Claudia Carrasquilla, quien según Jorge Gaviria, sabía del evento para presentar el proyecto.
¿Cuánto sabía Fico?
La gran duda que queda es si el Alcalde conocía los alcances de lo que se estaba redactando a tan solo unos pasos de su oficina. Al respecto, habló en las últimas horas. Dijo que no estuvo en la redacción del proyecto, sino que ofreció “un espacio de discusión donde muchos sectores pudieron participar, inclusive sectores de la institucionalidad, de la Fiscalía, la Agencia Colombiana para la Reintegración”.
Juan Alejandro Gaviria nos dijo que Federico seguramente sabía del proyecto, pero no participó en las reuniones porque es “como un general, que manda a sus soldados teniendo clara la estrategia”.
De todos modos, dos fuentes del alto gobierno consultadas por La Silla negaron que el Alcalde les hubiera hablado del tema, o que el proyecto fuera conocido por el alto Gobierno, por la oficina del Alto Comisionado de Paz, la Presidencia de la República o el Ministerio de Justicia.
De hecho, una alta fuente del Ministerio de Justicia nos dijo que el proyecto nunca les fue mencionado y que de hecho había tenido una reunión con Federico Gutiérrez y el secretario Villegas una semana antes de la captura, en donde no fue mencionada dicha iniciativa.
Ahora el proyecto, que ya es conocido gracias a que la Fiscalía lo tiene como prueba, podría revivir el 20 de julio, a instancias del uribismo. “Si tengo que buscar apoyo de otros partidos lo hago”, nos dijo la senadora Holguín. Falta que el Gobierno diga si le camina o no a esta iniciativa y si lo hace, cómo impacta ésto en el proceso contra Villegas.
