En algunos de los aleros de las casas de Jericó todavía hay banderines con una señal de prohibido en la que aparece el nombre de “Anglo Gold Ashanti”. Desde que hace más de 15 años, la empresa sudafricana inició sus exploraciones para extraer 4,9 millones de toneladas de cobre, oro y plata, desató una disputa por el futuro productivo de este municipio antioqueño y también por su historia, sus costumbres y sus valores.
Jericó está a tres horas y media de Medellín en la región del Cauca Medio y es un pueblo particularmente significativo para la idiosincrasia antioqueña, dada su riqueza natural y cultural. Buena parte de la clase política tradicional del departamento, incluyendo sectores vinculados al Grupo Empresarial Antioqueño y políticos como Álvaro Uribe, han respaldado la causa antiminera en la “Atenas del Suroeste”.
Sin embargo, el rechazo generalizado en contra de una resolución que prepara el Ministerio de Medio Ambiente, que prohíbe nuevas actividades de “alto impacto ambiental” en buena parte de la subregión, ha puesto en evidencia los límites de esa postura.
Ten cuidado de lo que sueñas
Gustavo Petro puso los ojos en Jericó desde sus tiempos de campaña y organizó allí uno de sus actos públicos, pese a que en 2018 sólo 174 personas votaron por él en primera vuelta y 627 en segunda. Más que votos en el pueblo, buscaba apersonarse del discurso antiminero que en esa región había sido tradicionalmente defendido por sectores conservadores.
Ahora la movilización antiminera en Jericó también es liderada por jóvenes, que han vivido buena parte de su vida en medio de la discusión alrededor del proyecto minero Quebradona y que justamente el pasado fin de semana organizaron un “acto de desagravio” a Noel Londoño, obispo de la Diócesis de Jericó, quien ha sido un duro crítico de Anglo Gold.
En Jericó, suroeste Antioqueño, marchan hoy por el agua y en respaldo a Monseñor Noel, quien fue amenazado y hostigado por decirle no a la minería. pic.twitter.com/Jw5S8kWDzr— Periferia Prensa (@periferiaprensa) March 4, 2023
Muchos de ellos han tenido la posibilidad de estudiar, formarse y luego volver al territorio con nuevos argumentos e ideas. Por eso, cuando Petro prometió que de ser presidente convertiría al municipio en “un distrito agrícola” y no en un “distrito minero”, la promesa caló.
En la primera vuelta de las elecciones de 2022 alcanzó 934 votos, un 14,5 por ciento del total. Quedó por debajo de Rodolfo Hernandez y Federico Gutiérrez, pero cuadruplicó su votación de 2018 y superó de lejos al exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo. En segunda vuelta alcanzó 1407 votos, frente a 4851 de Rodolfo Hernández.
Una vez electo, Petro volvió en enero a ratificar sus intenciones: “Es una tierra con mucha agua en las entrañas y lo que hemos encontrado es que la titulación minera se localizó donde están los acuíferos”, afirmó el presidente desde el atril del teatro Santamaría.
Sin embargo, ahora que se supo que el Ministerio del Medio Ambiente prepara una resolución para volver realidad el sueño por el que ha luchado durante años el pueblo, en las calles se respiran más dudas que alegría pues la medida parece demasiado radical. Las agrupaciones promineras han aprovechado la coyuntura para defender el proyecto de Quebradona, que ya había sido archivado.
La resolución y la protesta
El borrador de la resolución que se publicó el 1 de febrero cubre 14 municipios: 11 del suroeste antioqueño, dos de Caldas y uno de Risaralda. En total representan un área de más de 90 mil hectáreas.
Con ella, el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por Susana Muhammad, busca responder a un fallo emitido por el Consejo de Estado en agosto del año pasado, en el que se le ordena al gobierno evitar la afectación de ecosistemas sensibles con asignación de títulos mineros.
En concreto, la resolución busca proteger durante dos años los recursos naturales de dichos municipios y las aguas subterráneas indispensables para sus habitantes, hasta que se defina una medida de protección definitiva en esa región, conocida como “Cartama”.
Sin embargo, sus posibles alcances sembraron dudas, ya que si queda tal y como se propuso, los municipios del área protegida no podrán otorgar autorizaciones o licencias para el desarrollo de actividades de “alto impacto ambiental”, que podrían abarcar muchas actividades además de la minería.
“Son vagos en el lenguaje y la redacción, porque abrieron la limitación a actividades de alto impacto. Ahí es dónde cabe la pregunta, ¿qué es “alto impacto” en la visión del Ministerio de Ambiente?”, se pregunta Hernán Cadavid, representante a la Cámara del Centro Democrático, que en otras oportunidades se ha mostrado a favor de la minería. Según Cadavid, el documento también deja en duda otras actividades como las agrícolas, de producción o incluso la realización de obras públicas.
Actualmente Jericó es una despensa de aguacate, cítricos y café, además de cultivos maderables. La resolución podría afectar ese tipo de proyectos productivos, sobre todo los que son a gran escala.
No solo desde el sector uribista se han manifestado en contra del proyecto. Además de líderes económicos y sociales del municipio, congresistas de la bancada antioqueña, entre los que hay miembros de diferentes partidos como la U, el Liberal y el Conservador, redactaron una carta contra el proyecto de resolución. Manifiestan que viola la autonomía de las comunidades, desconoce el desarrollo sostenible y violenta el enfoque territorial.
Esta resolución tiene tan preocupados a todos en la región, que 21 Congresistas incluidas las Senadoras petristas Piedad Córdoba y Berenice Bedoya, le solicitaron a la Ministra Susana Muhamad una reunión de urgencia para hablar sobre los graves efectos de esta decisión. pic.twitter.com/3im8ZXMRv5— Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 27, 2023
Uno de sus firmantes es Juan Felipe Lemos, del partido de la U, quien fue el senador más votado del Suroeste Antioqueño. Lemos ha sido contradictor del proyecto minero pero no dudó en rechazar la propuesta del ministerio.
El borrador de la resolución se basa en un estudio presentado en 2022 por la Corporación Autónoma Regional de Antioquia (Corantioquia) y la Universidad de Antioquia, que demostró el “potencial hidrológico” de la región. Según los resultados, hay alrededor de 850 puntos de agua subterránea que representan 0,9 millones de metros cúbicos al año.
“En los municipios que tienen representatividad en la zona de estudio, se puede evidenciar que para todos ellos el agua subterránea está constituyendo un recurso que, quizá de forma no tangible, está supliendo las necesidades vitales de muchas comunidades rurales”, afirma el estudio en sus conclusiones.
La investigación fue citada por el mismo presidente durante su discurso en el teatro Santamaría, donde recalcó que más de 10 mil personas dependen de esas aguas subterráneas.
Aunque es con base en ese estudio que MinAmbiente busca emitir la resolución, Ana Ligia Mora, directora de Corantioquia, la entidad que contrató el estudio, dice que es “una información secundaria en su mayoría que no podría ser el elemento para una toma de decisión tan relevante”. La funcionaria, exdiputada del Centro Democrático, agregó que debería ser la autoridad ambiental la que realice la delimitación porque “es la que conoce realmente el territorio” .
Estas y otras inconformidades, como la falta de consulta a la comunidad y a las autoridades locales fueron remitidas al Ministerio, que recibió comentarios hasta el 28 de febrero.
“Si dejamos esto sin protección en este momento puede pasar que se avance en la solicitud de permisos y licencias por parte de actores que tienen títulos, y ahí ya sería más difícil tomar una decisión concertada”, declaró la ministra ante la polémica. Sin embargo, la resolución respetaría las actividades mineras que cuenten con licencias ambientales vigentes.
Desde MinAmbiente le dijeron a La Silla que van a escuchar a la comunidad y que está pendiente una audiencia en la zona durante los próximos días. Pero la publicación del borrador ya puso a muchos en contra de la resolución. Y le abrió un nuevo espacio a los promineros del pueblo.
La mina que no es, pero no quiere dejar de ser
En 2021, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) decidió archivar la solicitud de Quebradona por falta de soporte ambiental, lo que significó un triunfo para el movimiento ambientalista del Suroeste.
Sin embargo, en lugar de desistir, Anglo Gold Ashanti afianzó sus bases en el territorio y comenzó a preparar una nueva solicitud en la que deberá demostrar que sus extracciones no contaminarán las aguas subterráneas.
La empresa minera llegó a Colombia hace casi 20 años y pese a que tiene tres proyectos en etapa avanzada en exploración, aún no está explotando los recursos. Según su sitio web han invertido mil millones de dólares, con un alto porcentaje destinado a programas sociales.
En el suroeste antioqueño crearon la fundación “Projericó” que apoya a los habitantes en salud, educación e infraestructura. Con ese tipo de ayudas la minera ha ganado adeptos y ha logrado influir la percepción de la comunidad.
“Lo que yo le diría al presidente Petro es que este proyecto no va a afectar el agua y se lo podemos demostrar”, dijo Alberto Calderón, presidente mundial de Anglo Gold, en una entrevista reciente con la revista Semana. “Quebradona se va a hacer, en un año, en cinco, en diez o en 20, ya veremos cuándo”, agregó.
El 11 de febrero cientos de personas salieron a una “marcha carnaval” alrededor del pueblo en favor de la minera y en protesta a la resolución del gobierno. “Surgieron esas ganas y ese apoyo de decir: nosotros creemos en ustedes. Nosotros fuimos los que los invitamos y les dijimos (A Quebradona) queremos que estén con nosotros, queremos que estén de la mano, porque sabemos que hacen las cosas bien”, afirmó Carolina Cardona, madre de familia y directora del club de gimnasia Jericó.
#Marcha I Comenzó en Jericó la marcha de las personas que están apoyando el proyecto minero Quebradona. Solicitan al gobierno nacional que permita que la multinacional minera seguir adelante con la exploración.
????️Jaime Andrés Henao. pic.twitter.com/QJsdcRal0q— Caracol Radio Medellín (@CaracolMedellin) February 11, 2023
La minera Quebradona es quien paga el salario del entrenador de gimnasia, así como el de otros instructores que imparten clases de música, inglés y deportes. Además, varios de los habitantes ya trabajan en la empresa o han sido contratados como proveedores.
“Desde que yo soy proveedor del proyecto pude generar empleos nuevos y hacer crecer mi empresa”, afirmó Andrés Henao, comerciante y dueño de un supermercado y del restaurante “El Solar”. Henao se vinculó hace tres meses a “Jericoanos con Visión”, un grupo que respalda el proyecto minero. Ahora buscan ir a Bogotá a finales de marzo para exponer sus argumentos al presidente, capitalizando el rechazo que ha suscitado la resolución.
“La discusión evidencia que en ciertos sectores hay un rechazo frente a la minería, pero no tanta voluntad para que otros proyectos se hagan bien ambientalmente”, afirmó Sebastián Restrepo, líder del vecino municipio de Támesis y del colectivo ambientalista Visión Suroeste. Sin embargo, Restrepo reconoce que el borrador de la resolución es problemático y “flojo” desde el punto de vista jurídico porque puede ser vulnerable a demandas.
Los ambientalistas como Restrepo organizaron una movilización antiminera el sábado para mantener viva la discusión contra Quebradona. Y ahora esperan que el Ministerio de Medio Ambiente escuche e incorpore las quejas que hay frente a la resolución para que esto no fragmente el apoyo que tanto tiempo les ha costado conseguir.
“A raíz de la discusión que se ha dado lo que debe hacer el ministerio es ajustar y decir cuáles son las actividades de alto impacto ambiental. Tal vez le falta allí la palabra minería”, afirmó Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó.
