La dificultad para dar con los que están detrás de ellas está comenzando a afectar la credibilidad hasta del mismo mandatario.
En dos años de gobierno, Federico Gutiérrez ha sido noticia cinco veces por amenazas contra su vida desde que lo denunció en público la primera vez en febrero de 2016. La dificultad para dar con los que están detrás de ellas está afectando no solo la credibilidad de la Fiscalía y de los aparatos de inteligencia sino del mismo mandatario.
El primer intento de ataque contra Gutiérrez fue detallado por un informante en la Procuraduría el primero de febrero de 2016, cuando el mandatario apenas llevaba un mes de gobierno. Las otras cuatro partieron de informaciones que recibió la misma Fiscalía.
Según la primera denuncia, ‘Pedro Pistolas’, el patrón de las bandas del centro de Medellín, se había reunido con sicarios de la banda La Terraza en un hotel de esa zona para planear el ataque. Supuestamente, la idea era hacer explotar un carrobomba durante un operativo que Gutiérrez había programado con la Policía y la Fiscalía en un consejo de seguridad.
Esa información permaneció diez días en la Procuraduría y luego fue a dar a la Fiscalía, donde reposó una semana más, hasta que por fin llegó a oídos del alcalde. La demora en enterarse de aquel plan para acabar con su vida y el hecho de que en la reunión de sicarios se hubiera hablado de un operativo que las autoridades mantenían en reserva llevó a Gutiérrez a hacer público su malestar en una rueda de prensa el 17 de febrero, cuando dijo: “No entendemos cómo una denuncia tan grave, donde hay advertencias, nombres, sitios, y que apenas nos estemos enterando como autoridades”.
Una semana más tarde, el director seccional de Fiscalías de Medellín, Germán Giraldo, allanó el hotel donde se habían reunido los sicarios. En el operativo participaron 200 agentes del CTI y de la Policía, que además tuvieron el apoyo de un helicóptero del Ejército.
Para ese entonces, casi un mes después del encuentro en el que se planeó atacar a Gutiérrez, ya no había evidencias en aquel lugar. El fiscal Giraldo envió un mensaje a funcionarios de la alcaldía diciendo que el riesgo para el mandatario había desaparecido.
Pasaron seis meses y el 25 de agosto, durante un consejo de seguridad, el alcalde le preguntó al fiscal por los avances en las investigaciones contra ‘Pedro Pistolas’. Giraldo le respondió que no tenía información sobre esa persona y el mandatario le dijo: “estamos en la olla”.
Dos semanas después, trascendió en los medios que el propio Giraldo había trasladado de puesto a una fiscal que mantenía acercamientos con integrantes de la Oficina de Envigado que habían ofrecido información sobre ‘Pedro Pistolas’.
Los miembros de esa organización se abstuvieron de dar la información a la Fiscalía argumentando que con el traslado de su interlocutora habían perdido la confianza.
Para ese entonces, no existía ninguna orden de captura contra ‘Pedro Pistolas’, a pesar de que tenía abierto un expediente desde 2006.
Ante el escándalo, el fiscal Néstor Humberto Martínez le aceptó la renuncia a Giraldo el 6 de septiembre y encargó la investigación del caso a un fiscal de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado. Y la Fiscalía no volvió a anunciar nada al respecto.
Tras la salida de Giraldo, la fiscal Claudia Carrasquilla asumió la dirección seccional de Fiscalías de Medellín, después de haber trabajado en operaciones contra la Oficina de Envigado y los Urabeños.
En enero de 2017 llegó a la Fiscalía un audio de una persona que denunciaba al jefe de una organización criminal que había dicho que “no se iba a aguantar más al alcalde”. Gutiérrez dijo públicamente que se trataba de una alianza para ‘tumbarlo’ a él, pero la fiscal Carrasquilla lo desmintió.
Según explicó ella, aquel audio no hablaba de amenazas directas contra el mandatario. La denuncia se refería realmente a un plan para incrementar los hurtos. El objetivo, según aclaró la fiscal en su momento, era generar miedo y la sensación de que había más inseguridad en Medellín, con el fin de crearle mala imagen a la Alcaldía y la Policía.
En julio de 2017, Carrasquilla fue ascendida a la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales en Bogotá. De su paso por Medellín quedó la captura de 800 integrantes de bandas, pero no se hizo ningún anuncio sobre los enemigos específicos del Alcalde.
Sin embargo, esta vez, contrario a lo que ocurrió con el fiscal Giraldo, las relaciones entre ella y el mandatario quedaron en buenos términos. Al enterarse de que Carrasquilla iba para Bogotá, Gutiérrez dijo: “Eso es una buena garantía, vamos avanzando y esa es una muy buena aliada que tiene Medellín ya a nivel nacional, o sea que el trabajo continúa, felicitaciones a ella y al fiscal por la asignación”.
En su remplazo, llegó la fiscal Adriana Villegas, que ocupaba el cargo de directora del Área Metropolitana de la seccional de fiscalías de Medellín.
Cuando recién asumía su cargo, se conoció en agosto una nueva amenaza contra Gutiérrez. En una carta que envió la Fiscalía al Alcalde, le advierte: “se tiene conocimiento que en los próximos días se llevará a cabo un presunto atentado que tendrá ocurrencia en el barrio Altavista, teniendo como señuelo a un agente de la Policía Nacional, a quien se planea dar muerte para así llamar su atención, presumiéndose que usted acudirá al lugar y de esta forma se atentará contra su integridad”.
La cuarta amenaza contra el alcalde vino tres meses después cuando en noviembre Gutiérrez criticó públicamente la decisión del Tribunal Superior de Medellín de absolver de un homicidio a ‘Carlos Pesebre’, uno de los hombres fuertes de la Oficina de Envigado, que se encontraba preso desde 2013 y ahora podía recobrar su libertad, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar una nueva orden de captura que finalmente impidió su salida de la cárcel.
El propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, viajó desde Bogotá para advertir sobre un pacto entre sicarios de la banda La Terraza, para matar a Federico Gutiérrez.
“Este tema fue tratado por Freyner Alfonso Ramírez García, alias ‘Carlos Pesebre’, desde la cárcel Picaleña de la ciudad de Ibagué (Tolima), debido a las manifestaciones públicas que hizo el mandatario, contra su posible libertad”, dijo Martínez.
En su intervención, el Fiscal dijo que la Policía Nacional y la Fiscalía seguirían monitoreando a las organizaciones del crimen para prevenir actos contra los gobernantes y la ciudadanía en su conjunto.
Sin embargo, no hizo alusión directa a investigaciones sobre quienes querían acabar con la vida de Gutiérrez.
Y la quinta amenaza contra el alcalde se conoció en los primeros días de este año. A comienzos de enero, la Policía encontró dos fusiles AK-47 con 28 cartuchos escondidos en un sofá que viajaba en un camión desde Caucasia hasta Medellín.
El general Óscar Gómez, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, dijo que un informante denunció que esas armas se usarían para hacerle un atentado al mandatario como retaliación por la captura de alias ‘Tom’, una de las cabezas de la Oficina de Envigado.
Después de conocerse este nuevo plan, la Fiscalía creó un grupo conformado por fiscales e investigadores para indagar específicamente “los actos relacionados con el envío de las armas”.
Este hecho coincidió con la propuesta del gobernador Luis Pérez de militarizar los parques en los municipios, lo que restaría autoridad a la Policía, que fue la que presentó este positivo.
Un fiscal que nos habló off the récord y un académico que consultamos dijeron que era extraño que trajeran las armas de Caucasia, pues en los combos de Medellín cuentan con armas modernas.
“Esperemos que por fin se establezca si esas amenazas son reales y quiénes están detrás de ellas, porque con la negligencia de la Fiscalía, Federico Gutiérrez está quedando como el ‘pastorcito mentiroso’”, dijo Fernando Quijano, un activista de los derechos humanos que suele criticar la falta de seguridad en Medellín.
Sobre todo porque durante el presente gobierno distrital no se han dado más golpes a las bandas criminales que en períodos anteriores.
Luis Pérez fue quien le propuso al presidente Uribe que hiciera la polémica operación Orión en la Comuna 13, la más grande contra las milicias guerrilleras.
Años más tarde, el gobierno de Alonso Salazar se enfrentó directamente contra capos de la Oficina de Envigado. Gracias a sus denuncias fueron capturados el Cebollero y el cura Óscar Ortiz, condenado por tener relación directa con bandas criminales.
En su momento no se denunciaron amenazas contra Salazar, pero las personas que él denunció sí quisieron enredarlo señalándolo de haber recibido apoyo político de los paramilitares. El propio alcalde denunció en aquel entonces un plan en el que supuestamente estaban funcionarios de la Fiscalía y la Policía para dañar su imagen.
Luego vinieron las capturas de ‘Sebastián’ y ‘Valenciano y tampoco se conocieron amenazas contra el mandatario de turno.
Según Quijano, “es posible que otros alcaldes hayan recibido amenazas, pero en su momento no se hicieron públicas para proteger la imagen de la ciudad. Lo que están haciendo con Federico Gutiérrez al publicar cuanto riesgo se le presenta es dar la impresión de que Medellín está tan inseguro, que ni siquiera hay garantías para el alcalde”.
Para el sociólogo Max Yuri Gil, coautor del libro Ciudades en la encrucijada, si más allá de los anuncios mediáticos no hay capturas o investigaciones contundentes que aclaren estos planes contra el Alcalde, se generará desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades.
El problema es que, según dos expertos en investigación judicial, es muy difícil encontrar los responsables de las amenazas, en Colombia y en muchas partes del mundo. Sobre todo porque en este caso, las amenazas conocidas hasta ahora contra Gutiérrez provienen de informantes que se acercan a denunciar, pero no de interceptaciones o como producto de investigaciones de la propia Fiscalía.
En La Silla Paisa intentamos obtener una versión oficial de la Fiscalía y del alcalde Federico Gutiérrez sobre el estado de estas investigaciones, pero no fue posible lograr que nos atendieran.
